A falta de días para la celebración de elecciones en el país -próximo 11 de abril-, continúa en Perú el escándalo que la prensa ha denominado «vacunagate» y en el que al menos 487 personas, entre ellos el ex presidente Martín Vizcarra y actual candidato al Congreso por el partido Somos Perú, y altos funcionarios del actual gobierno de Francisco Sagasti, fueron vacunadas en secreto finales de 2020.
Los mandatarios y personalidades implicadas recibieron dosis de vacunas que llegaron al Perú en un cargamento que formaba parte de la tercera fase del ensayo clínico de la vacuna de Sinopharm. La farmacéutica estatal de China Sinopharm anunciaba a finales del 2020 el fin exitoso del plan de ensayos de su vacuna, que había realizado en distintos países del mundo, entre ellos el propio Perú, Argentina o Egipto, con resultados de alta eficacia. China, uno de los países que mejor ha gestionado la crisis sanitaria, mantiene el propósito anunciado por su presidente, Xi Jinping, de ofrecer su vacuna como «un bien público global» y dentro de esta intención realizaba parte de sus ensayos en el extranjero.
Sin embargo el pasado mes se destapó que un cargamento de aquellas vacunas fue utilizado para vacunar de manera irregular a diversas autoridades políticas del país. Se trata de personalidades de la élite social del Perú, altos funcionarios, familiares, políticos, el propio expresidente Vizcarra, los rectores de los dos centros que llevaron a cabo el ensayo, la Universidad Peruana Cayetano Heredia y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, las exministras de Salud y Exteriores, políticos como Alejandro Aguinaga, candidato fujimorista a diputado y médico del exdictador Alberto Fujimori, el dueño de un popular restaurante chino de Lima, y hasta el nuncio del Vaticano en Perú.
Este escándalo colma la desastrosa situación política de Perú, que cuenta como detenidos o prófugos de la justicia o a sus últimos presidentes, desde el dictador Fujimori a Alan García o Alejandro Toledo, todos implicados en diversos asuntos de malversación relacionados con la empresa constructora Odebrecht y otros delitos. El asunto deja en el aire la situación de las próximas elecciones y de sus candidatos, caso del mismo Vizcarra.
La inmoralidad del asunto se acrecienta al ser Perú unos de los países más castigados por la pandemia del covid19. El país alcanza el millón y medio de casos registrados y se acerca a los 60.000 fallecidos. Estas cifras le sitúan entre los primeros puestos de tasa de mortalidad, por delante de otros países también en cabeza de los más afectados como EEUU, Brasil o México.
La principal causa que explica el por qué Perú es uno de los países con más alta tasa de mortalidad es precisamente la desastrosa gestión sanitaria que vive incluso desde antes de la pandemia y la pésima gestión de sus gobernantes. Las deficiencias en el sistema sanitario, la escasez de camas hospitalarias y de UCI, la insuficiente inversión en gasto sanitario, la falta de medios para la prevención o de recursos, como por ejemplo el oxígeno. El sistema de mercado libre y de asistencia privada promovido en Perú llevo a que los proveedores especularan elevando su precio y creando puntos de venta clandestinos, lo que motivó que el gobierno tuviese que declarar el oxígeno como bien de interés nacional y aportar una fuerte suma para su compra a terceros países.
