El Estado colombiano secuestró y asesinó a más de 6.000 jóvenes para hacerlos pasar por guerrilleros

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Así de escalofriante es la conclusión a la que ha llegado la investigación al respecto, llevada a cabo por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), un tribunal especial con 38 magistrados, creado a raíz de los acuerdos de paz, que forma parte del propio Estado colombiano.

Mediante el Auto 033 de 2021 da por demostrados 6.402 casos de personas inocentes, que fueros secuestradas y asesinadas por unidades del ejército colombiano para hacerlas pasar como «bajas en combate» de guerrilleros y mejorar así las estadísticas que presentaban a sus superiores y a los EEUU, que suministraba fondos y armamento para esa guerra. Incentivados además por un sistema de premios y recompensas.

Cerca de 1.500 militares presuntamente estuvieron involucrados en la práctica de los «falsos positivos», que la corte calificó como un «fenómeno macrocriminal».

Esta investigación se centra solo entre los años 2002 y 2008, y solo recoge los casos probados, por lo que se sospecha que la cifra puede ser mucho mayor. El 78% de estos crímenes se perpetraron bajo el gobierno del ultraderechista Álvaro Uribe, que niega cualquier responsabilidad y señala un complot contra su persona, negándose a declarar ante la JEP.

El general retirado Mario Montoya, comandante del Ejército esos años, por su parte, rechazó asumir responsabilidades y no mostró arrepentimiento. Dijo que no hay pruebas que lo vinculen y culpó a los soldados pobres: «Los muchachos que van al Ejército son de abajo, los de estrato uno, no van los estratos dos, tres y cuatro. Nos toca enseñarles cómo se utiliza el baño, cómo se utilizan los cubiertos».

https://twitter.com/elANTIMILI/status/1363836535636918274

Mientras, El Instituto de Medicina Legal de Colombia, también organismo público, cifra en 200.000 el número de desaparecidos en el país. “Nosotros, en los últimos años, tenemos una prospección en la que en todos los cementerios legales y en fosas clandestinas hay cerca de 200.000 cuerpos por identificar y donde debemos buscar a los desaparecidos del país”, señaló en Caracol Radio Claudia García, directora del Instituto hasta hace poco.

Colombia se empeña en demostrar que el terrorismo de estado y la corrupción son el fundamento de su política interior. Pero ni todos estos escándalos le impiden a su gobierno, aunque sea por vergüenza, cejar en su papel de inquisidor internacional contra Venezuela, a la que acusa de incumplir con los derechos humanos, que sistemáticamente niega a su propio pueblo, con la criminal complicidad de la comunidad internacional.

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