Hace unos días, Emiratos Árabes volvía a situarse en el centro del escándalo. Saltaba al mundo, a través de un vídeo, el testimonio de la Princesa Latifa, secuestrada por su propio padre.
Latifa forma parte de la prole más directa del Emir de Dubái, vicepresidente de EAU. En la actualidad tiene 35 años y así nos de talla su situación en la BBC: «No sé qué será de mi futuro, hay barrotes en todas las ventanas y las puertas de la villa con dos guardianas dentro y cinco fuera, un total de treinta se van turnando; estoy desesperada».
Ya en el 2018 intentó escapar vía India hacia EE. UU, pero su fuga se frustró. Esto, junto a la si victoriosa fuga de la sexta mujer del mismo Emir, la princesa Haya de Jordania, hacia Londres ha fructificado en una situación más que privativa en cuanto a la libertad de la Princesa.
Por supuesto, estamos hablando de mujeres de alta sociedad y esto es significativo de lo que pasan las mujeres de más baja clase social. Recordemos que por ejemplo, en el país, según ell artículo 53 del Código Penal se permite la imposición de «castigo por un marido a su esposa y el castigo de los hijos menores».
Desgraciadamente, el país no está siendo castigado por la comunidad internacional, sino que se favorecen las relaciones con él, poniendo el capital por encima de los derechos humanos, parece más una transacción de dinero a cambio de poder saltarse los derechos humanos. Aún no se ha visto ninguna operación de condena o sanciones como si han aprobado a otros países más pobre, como Venezuela.
Un ejemplo de esto último es la adopción por parte de Emiratos de Juan Carlos de Borbón. El personaje que mandó a callar al Comandante Hugo Chávez por denunciar los crímenes de Aznar en la guerra de Irak, vive a toca teja en el lujo con los sátrapas emiratíes o como el los llama sus «hermanos árabes».
