Para quien no lo conozca, el BDS o Movimiento de Boicot, Desinversiones y Sanciones a Israel, es una campaña a nivel internacional que surgió como como propuesta de la sociedad palestina, en el año 2005, con el objetivo de luchar contra el sistema de Apartheid que el ente sionista aplica sistemáticamente contra la población palestina, dentro de toda la Palestina Histórica (Gaza, Cisjordania y los Territorios Ocupados que actualmente conforman Israel).
Son muchas las acciones llevadas a cabo durante estos años, y muchas de ellas con éxito. Hace pocos días hemos conocido uno de esos éxitos que nos dejan un muy agradable sabor de boca: la Audiencia de Valencia ha archivado la causa abierta contra 8 activistas pro-BDS.
Pero pongámonos en situación. En el año 2015, se celebró (como cada año) el festival de música Rototom Sunplash de Benicàssim, donde participaba el cantante de reggae Matisyahu, estadounidense y activista pro israelí. Un grupo de miembros del grupo BDS País Valencià pidieron a la organización del festival que cancelara su actuación. Al principio, el festival de reggae, que se anuncia a sí mismo como promotor de la “paz, la igualdad, los derechos humanos y la justicia social”, dejó caer del cartel a Matisyahu. Pero los grupos de presión de Israel y la de las embajadas israelí y estadounidense, hicieron que el festival volviera a incluirle en el cartel.
Sin embargo, los activistas fueron acusados de delitos de incitación al odio (contemplado en el artículo 510 del Código Penal) que podrían haber llevado a algunos de ellos a prisión. La denuncia fue presentada por el abogado pro israelí Abel Isaac de Bedoya, presidente del llamado Comité Legal contra la Discriminación. De Bedoya ha afirmado sin fundamento que el movimiento BDS fomenta el antisemitismo, alegando que el cantante fue atacado simplemente porque es judío. Nada más lejos de la realidad: los activistas pidieron su retirada debido a su bien documentado historial de actividad anti-palestina y el uso de su música para apoyar a Israel, incluso recaudando dinero para sus fuerzas armadas.
Finalmente, la Audiencia de Valencia ha estimado los recursos de apelación presentados por la defensa de los acusados, y pone punto final a un procedimiento donde por primera vez se pretendía condenar a defensores de los derechos humanos en aplicación de la legislación contra los delitos de odio. En un auto basado en la jurisprudencia tanto de los tribunales Supremo y Constitucional españoles como del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, los magistrados califican de «ajenos al contenido del artículo 510 del Código Penal aquellos actos que tiendan a que una determinada persona se manifieste en contra de una política concreta de un determinado país».
Con esta resolución, la justicia avala el BDS como herramienta solidaria con Palestina y ampara el boicot dentro del ejercicio del derecho a la libertad de expresión.
