En España el plan de vacunación ante la Covid-19 sigue su peculiar idiosincrasia y, por si fueran pocas las vicisitudes que los españoles estamos viviendo en esta pandemia, se ha sabido ahora que varios alcaldes de municipios se han vacunado en los primeros días de campaña «por no tirar dosis que sobraban a la basura». Se trata de los alcaldes de los municipios de Torrecampo (Córdoba), El Verger y Els Poblet (Alicante), Rafelbunyol (Valencia), todos ellos del PSOE, y concejales de Riudoms (Tarragona), de JxCat.
Hablamos de responsables de estos consistorios locales, que no pertenecen a grupos de riesgo, y que justificaron su decisión de inyectarse la vacuna porque «sobraban dosis». El Ministerio de Sanidad había planteado que fuesen los primeros en recibir la vacunación los residentes en centros de mayores y el personal sanitario. Al parecer en estos municipios no pudo inyectarse a varias personas que no se encontraban en situación de recibirlas y, dado que las vacunas tienen un tiempo de uso efectivo fuera de refrigeración, se les ofreció usarlas en ellos y aceptaron.
Aunque los responsables ya han manifestado sus disculpas y han declarado que no se trataba de un caso de mala fe, y aunque se entiende que en los municipios pequeños los alcaldes y concejales tienen un trato directo a diario con sus vecinos, no parece una decisión afortunada desde el punto de vista ético de la política.
Así pues en España el problema de la vacunación contra la Covid-19 no deja de plantear dilemas políticos: en primer lugar se toman decisiones contrarias a las recomendaciones de epidemiólogos y expertos y se conmina a «convivir» con el virus para mantener la economía en lugar de priorizar el confinamiento. En segundo lugar se prefieren las vacunas apalabradas por los fondos de la Unión Europea y ni se consideran las vacunas que se encuentren fuera del mercado europeo y que no tengan su reflejo en los índices bursátiles occidentales. Además, tenemos la peculiaridad de estar divididos en diecisiete gestiones diferentes, algunas de las cuales -caso de Madrid- se evidencia el fracaso que ha producido restar capacidad a la Sanidad Pública frente a los intereses privados. Ahora, por último, son responsables de ayuntamientos quienes hacen mal uso de las vacunas, como un reflejo valleinclanesco del uso político que sus máximos responsables han hecho desde el inicio de la pandemia.
Desde la modesta opinión de este redactor de este medio colaborativo, los responsables no deberían dimitir. Más bien, dado que ya están vacunados, deberían ponerse a disposición de los servicios sanitarios públicos para realizar tareas de apoyo en primera línea de atención médica y de alguna manera compensar el error.
