Prostitución y capital

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Aida Muel González

Los pilares reales que, desde la raíz, sustentan la explotación sexual de las mujeres son la falta de empleo -o la precariedad que se ceba especialmente en nosotras-, la falta de vivienda, el hecho recurrente de que las cargas familiares recaigan sobre nuestros hombros en vez de asumirse por el conjunto de la sociedad, etc. Toda esta problemática se agrava con las crisis cíclicas del capitalismo y ya hemos sido testigos de dos reformas laborales vinculadas a la anterior crisis. Insistimos en que el desempleo y la precariedad, las cargas familiares, la falta de vivienda, de servicios sociales y la insuficiente implicación del entorno social de las víctimas son pilares fundamentales clave que sustentan la violencia machista, tanto la del hogar como la explotación laboral. La descomposición del capitalismo se traduce también en el incremento de la violencia contra las mujeres y, a pie de calle capeando la tozuda realidad, somos las mujeres organizadas las que estamos dando respuesta a las emergencias sosteniendo redes de apoyo y asistenciales. Esto, desde los distintos ministerios no se quiere ver. Veamos cómo, en este contexto, se intentan hacer pasar por válidos los planteamientos a favor de la explotación sexual bajo excusas como la libertad de elección o el empoderamiento, entre otros, embarrando el debate con subjetividades para ocultar lo materialmente objetivo, que es la propia explotación sexual y sus consecuencias.

Sobre el tema de la regulación de la prostitución, es muy interesante incidir en tema de la legislación sobre seguridad e higiene en el trabajo. Resulta que de aplicarse la legislación laboral como se aplica a cualquier trabajo, desaparecería la prostitución. Démonos cuenta la hipocresía que supone defender la prostitución como trabajo mientras que al mismo tiempo se está excluyendo a las denominadas «trabajadoras sexuales» de los derechos que tiene cualquier trabajadora en materia de salud e higiene en el trabajo. Si tuvieran que ejercer la prostitución los Equipos de Seguridad Individual (EPIs) que se requiere obligatoriamente para contactos corporales, la prostitución desaparecería pero casualmente, ninguna asociación, ningún “sindicato de prostitución” exige que se cumplan para las trabajadoras sexuales los mismos derechos y normativas que rigen para el resto de trabajadores y trabajadoras. Este interesante texto al respecto está referido a normativa laboral en EEUU. Así que, asociaciones como OTRAS o Aprosex son, en la práctica, pseudosindicatos ya que no abogan porque, al igual que quienes cambian pañales se ponen guantes, quienes “masturben” a alguien tengan también que ponérselos, por poner un ejemplo. No solo no se está defendiendo los derechos de las mujeres, si no que desde el principio ya los están eliminando en materia laboral, de facto. En la imagen, los “consejos” que difundió la asociación AMMAR (Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina), al inicio de la pandemia de Covid-19.

Otra de las cuestiones a tener en cuenta es que el problema está en que el lucro derivado de las relaciones sexuales no puede provenir de actividades por cuenta ajena. El lucro de terceras personas proveniente de las relaciones sexuales de otras personas, es proxenetismo. Punto pelota. El proxenetismo es un delito que cada vez está más difuso en el Código Penal español. Resulta que en el año 95 el PSOE, bajo la consideración de que la prostitución es distinta que la del «alterne» (sic), despenalizó la tercería locativa. Esto conlleva que a aquellas personas que alquilen inmuebles a negocios en los que se ejerza prostitución, no se las considera culpables de un delito de proxenetismo, a pesar de estar lucrándose en tercera persona de la explotación sexual de otra, que es de donde proviene el dinero de su renta. En los locales «de alterne», teóricamente, no se intercambia dinero por sexo y, aunque sepamos que es así, es muy difícil acreditarlo en un Juzgado y esto es lo que quiere decir que «la prostitución en España se ampara en la alegalidad» y es la causa por la que, desde el año 95, nuestras carreteras se hayan llenado de hoteles-puticlubs nutridos de mujeres atrapadas en redes que las explotan sexualmente con total impunidad. Y este es otro quid, porque la prostitución no se puede separar de la trata de personas con fines de explotación sexual, puesto que la trata tiene que ver con la demanda de servicios sexuales. Las mujeres que quieran intercambiar sexo por dinero pueden perfectamente darse de alta en la Seguridad Social, como demostró la Jueza Gloria Poyatos que fue a darse de alta como prostituta en la Tesorería de la Seguridad Social, buscando que le dijeran que no para iniciar un proceso y conseguir que se permitiera, y cuál no fue su sorpresa cuando le dijeron que sí podía. Así que es rotundamente falso que aquellas mujeres que tienen altavoz en los grandes medios de comunicación para afirmar que ejercen la prostitución libremente, estén tan jurídicamente desamparadas como dicen: perfectamente pueden tramitar su alta en la Seguridad Social como autónomas, nadie se lo impide. Sin embargo, al reivindicar el ejercicio de la prostitución por cuenta ajena están exigiendo la despenalización del proxenetismo, lo que tendrá consecuencias directas sobre todo el conjunto de las mujeres que vengan detrás. Nos encontramos ante algo perverso y muy peligroso, ya que aún el proxenetismo es considerado delito y pese a ello como sociedad en demasiados casos no somos capaces de proteger a las víctimas, ¿qué probabilidades tendríamos de lograrlo si anulan las principales herramientas para defenderse?

Así que, en definitiva, todo este pulso por convencer a la opinión pública de que la prostitución es un trabajo no son más que embestidas, cuyo objetivo no es otro que considerar a los proxenetas como crueles delincuentes -que destrozan vidas- como honrados empresarios -que generan riqueza-, dicho así sin eufemismos. El capitalismo busca abrir nuevos mercados y en las últimas décadas los gobiernos españoles -cuya misión es defender los intereses empresariales y someterse al capital internacional asumiendo los dictámenes europeos y de la OTAN-, se ocuparon en desindustrializar el país, convirtiéndolo en una economía dependiente, de servicios, y pretenden retorcer las leyes para seguir arrebatándonos conquistas sociales y mercantilizar, de paso, la venta de nuestros cuerpos. Todo esto está desarrollándose ante nuestros ojos. Hasta el año 2016, España estuvo exportando excedentes de energía. Desde ese año, importamos gas de Marruecos y, por otro lado, seguimos quemando carbón, aunque se hayan cerrado las térmicas. Carbón de sangre traído desde países como Colombia, extraído por niños sin sindicalizar, y al mismo tiempo nos venden el cuento de que «contamina menos» transportar toneladas de carbón que extraerlo en el propio país. Capitalismo, se llama. Y las consecuencias de quitarnos la autonomía energética, cerrar térmicas (aunque se siga quemando carbón traído por toneladas con el consumo de gasolina que conlleva), la sumisión absoluta del gasto social al pago de la deuda europea mediante el artículo 135 de la Constitución, etc. tuvo como consecuencia la defenestración de una clase de trabajadores/as que habían pagado con sangre la lucha por sus derechos, trabajos con garantías sociales decentes y con unas condiciones laborales que hoy día parece que estamos olvidando que fueron conquistas y no prebendas gubernamentales. Y ante este escenario de precariedad y claudicación la salida que nos pretenden vender bajo una buena capa de purpurina y la bandera de una supuesta «libertad de elección», no es otra ruta que la de cruzar la última frontera, la de ofrecer nuestros cuerpos como mercancía, a una economía dependiente, de servicios, sin guantes ni traje para trabajar con fluidos corporales. Por tanto, para tratar ciertos temas con unas implicaciones tan complejas y profundas, es muy pertinente un mínimo de responsabilidad. A lo que nos oponemos las abolicionistas es a la despenalización del proxenetismo que sería ceder más al capitalismo. Ante esta embestida, nuestra responsabilidad histórica es organizarnos tanto desde nuestros barrios como desde nuestros centros de trabajo y estudio para exigir vivienda, sanidad, educación y medidas socialistas esto es, medidas cuyo fin último no sea el beneficio económico, si no cubrir las necesidades sociales universales. No sólo resistir, si no conquistar de nuevo todo aquello que nos siguen arrebatando. Porque ya hay que ser irresponsables para que en plena ofensiva neoliberal, sean personas que se consideran «de izquierda» quienes defienden estos discursos de la «libertad de elección» cuando lo que nos rodea es la precariedad. Nuestra respuesta no puede ser otra que la de organizarnos para derribar y darle la vuelta de una vez por todas a este planteamiento depredador y tramposo: son nuestras hijas quienes van a vivir en ese mundo.

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