El 18 de Noviembre la PAP, Plataforma de Organizaciones de Mujeres por la Abolición de la Prostitución, presentó ante la opinión pública la Propuesta de Ley Orgánica Abolicionista del Sistema Prostitucional. El Front Abolicionista-PV con sus 52 Colectivos integrantes es una de las muchas organizaciones que conforman la PAP, y un claro ejemplo de que el Movimiento Abolicionista español es cada vez más potente. Por eso era precisa una reunión entre representantes de la PAP y la Ministra de Igualdad, reunión que se produjo el 4 de Diciembre, y a la que seguirá, al menos, una segunda reunión.
En esta primera reunión se presentó a la Ministra la Propuesta de Ley Orgánica Abolicionista del Sistema Prostitucional, y entre los argumentos clave que justifican la elaboración de esta Propuesta de Ley y que se expusieron ante la Ministra destaco dos:
-La sociedad española necesita esta Ley porque es imprescindible, en una sociedad que se define como progresista e igualitaria, erradicar esta forma extrema de Violencia Patriarcal, que es la prostitución y todas las demás formas de mercantilización del cuerpo de las mujeres.
-Desmantelar el proxenetismo y desalentar la demanda son elementos esenciales para transformar nuestra sociedad, lanzando un mensaje claro: las mujeres no somos mercancías.
He destacado estos dos argumentos que aluden a la sociedad y apelan al juicio moral y a la ideología política, porque si sólo nos centramos en el Ministerio de Igualdad cometeremos un error estratégico. He escrito muchas veces que el hecho de que España ocupe el lamentable primer puesto en consumo de prostitución en Europa, se debe a lo hecho o dejado de hacer por parte de los dos únicos partidos que han estado gobernando alternativamente en España desde 1982, PSOE y PP.
Conociendo el historial del fundador del PP, antes AP, y sabiendo que el alimento que ha nutrido a las/os cavernarios de VOX lo ha proporcionado el PP, no puede sorprender a nadie que elaboraran una Ley Orgánica que permite la externalización de la atención a necesidades básicas a través de la concesión de subvenciones (en vez de hacerlo a través de instancias públicas), a entidades y asociaciones sin ánimo de lucro, en algunas de las cuales, si alguien quisiera pensar mal, podría encontrarse cierta afinidad ideológica, pero esto sólo lo apreciamos si somos muy mal pensadas/os; o la concesión de Utilidad Pública a asociaciones y colectivos con un discurso y un activismo claramente regulacionista, que difundieran y normalizaran con más rapidez la sustitución del término prostitución por el de “trabajo sexual”; o que una de la nietas de Franco, su marido y sus dos hijos fueran los dueños de dos inmuebles en el centro de Madrid donde se desmantelaran dos redes de Trata con fines de Explotación Sexual, noticia, por cierto, que permaneció muy poco tiempo publicada en prensa durante el gobierno de M. Rajoy. Bueno, la mala semilla no da buenos frutos, y PP y VOX lo acreditan con creces.
Pero, ¿y el PSOE? Aquí hago un alto para concretar a qué sector del PSOE estoy señalando, porque no cuestiono a las/los militantes socialistas comprometidos con una sociedad igualitaria y socialmente justa, y cuya trayectoria vital es un ejemplo; estoy pensando en parásitos descamisados, y en depredadores mercantilistas que no dudaron en iniciar el desmantelamiento del sistema de protección social que representaba el Ministerio de Asuntos Sociales, que no estaba claro si eran gatos blancos o negros pero que quedó comprobado que cazaban a los ratones más vulnerables, y que abrieron la puerta que conducía a un infierno que propiciaron que fuera socialmente aceptado, tras despenalizar la Tercería Locativa, y se encargaron de que esa aceptación se mantuviera manteniendo en el “limbo del consentimiento” a la opinión pública, porque ni hubo información sanitaria y policial que desvelara lo que de verdad se esconde detrás del negocio de la explotación sexual, ni se cumplió el compromiso de desarrollar un modelo co-educativo ni se consideró una prioridad la educación afectivo- sexual. Ni siquiera Jose Luis Rodríguez Zapatero y su equipo de Gobierno feminista, que elaboraron y consiguieron que se aprobaran tres leyes encaminadas a cimentar las bases de una sociedad igualitaria, consiguieron romper el cerco mercantilista: el “trabajo sexual” mueve mucho dinero, por tanto interesó e interesa que España deje de ser un país de tránsito y pase a ser un país de consumo de prostitución, y eso se consigue presentando la prostitución como ocio y entretenimiento sexual e invisibilizando los “daños colaterales”.
Así que anualmente, desde 2004, el Ministerio de Sanidad ha estado destinando fondos por un importe de 2 millones de euros para la atención de la salud integral de las mujeres en situación de prostitución, y ha concedido subvenciones a asociaciones que atienden sanitariamente a mujeres en situación de prostitución, y a este mecanismo se ha sumado desde 2015 el Ministerio del Interior, a través del Plan Nacional sobre Drogas, porque consentir la imposición de contactos sexuales no deseados, ni elegidos ni controlados de forma continuada y recurrente produce graves deterioros en la salud psíquica y física de las mujeres prostituidas, los “daños colaterales” a los que me he referido, pero como esa atención sanitaria se externalizaba, la realidad de la que no se tiene conocimiento directo es facilmente eludible. Por tanto, sin informes oficiales que muestren las secuelas que el “trabajo sexual” genera en la salud de las mujeres prostituidas, los partidos que han estado gobernando hasta ahora tuvieron fácil mirar hacia otro lado y dirigir la mirada de la opinión pública también hacia ese otro lado. Y en ese otro lado, por ejemplo, recibía la medalla de Sant Jordi en 2010, el más alto galardón de la Generalitat Catalana, una de las principales defensoras desde la alta academia de la regulación de la prostitución, Dolores Juliano, concedida por el gobierno tripartito formado por PSC, ERC y ICV-EUiA, porque “Su producción es muy amplia y ha estado siempre acompañada de un compromiso social y feminista relevante”; en ese otro lado estaba también el estreno en 2005 de la película “Princesas”, del progresista, excepto en lo tocante a explotación sexual, Fernando León de Aranoa, que fué asesorado en la confección del guión por Mamen Briz, activista del desaparecido Colectivo regulacionista Hetaira; y por supuesto se encuentra la publicación en 2008 del hasta ahora único “Estudio sobre la prostitución femenina en la Comunidad Valenciana”, coordinado por Inmaculada Serra Yoldi, Doctora en Ciencias Políticas y Sociología en la Universidad de València, y en el citado estudio aparece citada Dolores Juliano 29 veces, con lo que queda claro el sesgo regulacionista del informe, y aparecen argumentos como el siguiente:
-”El peso de las denuncias presentadas por mujeres víctimas de Trata de seres humanos con fines de explotación sexual, según aparece en informes de la Guardia Civil, es bajo en relación con el número de mujeres que ejercen la prostitución. (…) Este dato puede darnos información de la diferencia entre Trata de mujeres con fines de explotación sexual, y el Tráfico de mujeres, que en muchos casos está relacionado con la actividad de la prostitución. (…) Los datos reflejan que la situación de Trata es necesariamente excepcional, de lo contrario la ineficacia de los cuerpos de seguridad y de los mecanismos de protección a la libertad de las personas sería un hecho. (…) Mayoritariamente las mujeres que ejercen la prostitución son migrantes, y muchas de ellas han venido a nuestro país sabiendo que iban a ejercer la prostitución…”.
-”El consumo de alguna clase de drogas está presente en la vida de muchas personas al salir del mundo laboral: hay infinidad de trabajadores que cada día al salir de las fábricas pasan por un bar; miles de hombres que antes o en cuanto llegan a sus casas realizan ingesta de alcohol en distintas cantidades; numerosos ejecutivos de empresas y multinacionales que se acostumbran a consumir cocaína, es decir, la relación entre trabajo y drogas es muy variada, y este dato no puede utilizarse como dato exclusivo de una actividad, y menos considerarlo una situación exclusiva de las mujeres en prostitución y que refuerce su presentación como víctimas, al enfatizar que, en algunos casos, para poder trabajar necesitan drogarse”. Estas son palabras de Ignasi Pons, profesor titular de Sociología en la UAB, que recibió en 2009 la medalla de esta Universidad como reconocimiento a su trabajo y trayectoria, que incluye la publicación de un artículo “Enmascaramiento pseudocientífico del moralismo en el debate actual sobre la prostitución” (2006), y la colaboración en el libro “Más allá de los moralismos: prostitución y Ciencias Sociales”.
Este informe es de 2008, y, repito, es la única información que alguien que busque datos sobre la situación de las mujeres en situación de prostitución en la Comunidad Valenciana va a encontrar. Fue publicado cuando en la Comunidad Valenciana gobernaba el PP, pero desde 2015 gobierna en coalición PSOE- COMPROMÍS – UP, y no hay un informe actualizado que rebata la información sesgada del anterior, al contener información sanitaria y policial rigurosa, aportada por ONGs que atienden sanitariamente a mujeres prostituidas y por integrantes de unidades de Policía y Guardia Civil especializados en redes de Trata con fines de explotación sexual. Esto también supone un ejemplo de la manera en que se ha conseguido conducir a la sociedad a mirar hacia otro lado.
Y precisamente es la ausencia de esa información la que hace posible que, a pesar de haber sido denunciada hace más de cinco meses por la Plataforma Front Abolicionista-PV, la Guía “Els Nostres Cossos, Els Nostres Drets”, que presenta, entre otras cosas, la pornografía y la prostitución siguiendo el discurso regulacionista que las normaliza como ocio y entretenimiento sexual, y la asistencia sexual como un derecho de las personas con diversidad funcional (el concepto de discapacidad funcional está interesadamente ausente en esta Guía), y una opción laboral más reivindicada por “trabajadoras sexuales”, esta Guía, que ha sido editada por la Conselleria de Educación de la Comunidad Valenciana y que está respaldada por la Consellera de Igualdad de la Comunidad Valenciana, se sigue ofreciendo a la comunidad educativa como un recurso educativo elaborado siguiendo directrices co-educativas y adecuado para la educación afectivo-sexual de nuestras/os adolescentes. ¡Cuantísimo empeño para conseguir que la sociedad española, incluidas/os las/os más jóvenes, sigamos mirando hacia otro lado!. Parece que es imperativo que el negocio de la explotación sexual se mantenga moviendo dinero, y sería bastante más complicado si se mostraran los “daños colaterales”.
