El Hospital Enfermera Isabel Zendal, medida estrella de Isabel Díaz Ayuso para hacer frente al Covid-19, fue inaugurado ayer sin contratar a un solo sanitario, situado en un edificio a medio construir y ubicado en el entorno empresarial de Valdebebas, casualmente en la Avenida Manuel Fraga y cerca de la inoperativa Ciudad de la Justicia de Aguirre, con más de un mes de retraso, con un enorme sobrecoste de presupuesto y con carencias de infraestructuras sanitarias como quirófanos.
En un acto en el que era inevitable establecer comparaciones con el aeropuerto de Castellón y con restricciones para la prensa (sólo un cámara de Telemadrid ha retransmitido en directo el recorrido mientras el resto esperaba tras un cordón de seguridad y sin poder hacer preguntas), la Presidenta de la Comunidad, Díaz Ayuso, realizaba la ceremonia de inauguración junto al alcalde de la capital, Martínez-Almeida, y el líder del Partido Popular, Pablo Casado. Acompañaron el acto representantes de Ciudadanos y Vox, pero no acudieron el Ministro de Sanidad ni miembros de PSOE o Unidas Podemos.
Precisamente fue Pablo Casado quien de manera involuntaria se convertiría en el mejor portavoz de la prensa vetada al hacer ante la cámara la inocente pregunta: «¿Hay quirófanos aquí?». Ayuso no supo qué responder y tuvo que ser un responsable del equipo de la Presidenta quien contestara que lo que había eran «salas de procedimiento, lo que llamamos salas de curas, donde se pueden hacer traqueotomías», de modo que quedaba en evidencia la falta de esas instalaciones.
«Un gran hospital público no puede ser una mala noticia para nadie a no ser que el sectarismo político lo vea así», afirmaba Ayuso en la comparecencia virtual ante la prensa y sin preguntas, demostrando una gran desenvoltura para burlarse de la maltrecha y expoliada Sanidad Pública. El nuevo hospital ha costado 50 millones más de lo presupuestado –se proyectó por 51 millones– pese a que los expertos sugerían que era mucho más rentable ampliar el número de camas en los hospitales ya existentes. En los últimos días el Gobierno de Madrid había recibido críticas por no abrir las plantas de otros hospitales de la comunidad que permanecen cerrados, como el Hospital Infanta Sofía, donde se mantienen cerradas 16 unidades de cuidados intensivos.
Con todo, no es éste el aspecto más disparatado del asunto. Los sindicatos del sector han advertido que no se han programado nuevas contrataciones. Los profesionales necesarios para su apertura saldrán del resto de la red de hospitales de la región. Unos 111 sanitarios se han presentado de manera voluntaria y han solicitado el traslado desde otros centros, apenas un centenar de los 669 necesarios que necesitaría el nuevo complejo para abrir sus puertas.
Miles de profesionales acudieron el pasado domingo a la manifestación convocada por la Marea Blanca en Madrid para reivindicar la defensa de la Sanidad Pública ante este nuevo atentado de la «política del ladrillazo» y un centenar de manifestantes asistieron a la polémica inauguración de ayer, evitados por los responsables políticos de la Comunidad, que entraron en el inacabado hospital por una puerta trasera.
El procedimiento de adjudicación ha sido también objeto de escándalo. Diez contratos fueron licitados por la Comunidad de Madrid, sin la suficiente publicidad ni tiempo para que la competencia presentara sus ofertas, en apenas 3 días, entre el 22 y el 25 de septiembre pasado. De esos diez contratos, seis se refieren a las obras del edificio, por valor de 44,7 millones de euros y que se encargó a empresas como Dragados (del grupo ACS), Sacyr o Ferrovial. Otros contratos por valor de 2,2 millones de euros fueron para Telefónica o IECISA (de El Corte Inglés).
La más reciente de las licitaciones ha sido la del servicio de seguridad para el hospital, concedida por más de 800.000 euros hace unos días a la firma Ariete Seguridad, empresa familiar de una exconcejala del PP en el Ayuntamiento de Alcorcón.
