Esta semana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, presentaban los nuevos Presupuestos Generales para el 2021, que serán aprobados en consejo de ministros. La coalición que conforma el Gobierno cerraba el lunes un acuerdo que recoge las principales cifras y medidas a acometer para afrontar la recuperación, un acuerdo considerado «progresista, de país» y -cómo no- «histórico».
El aspecto más llamativo de los presupuestos se centra en el incremento de la presión fiscal, con una subida masiva de impuestos con las que se pretende financiar las medidas sociales que tratarán de combatir las consecuencias de la pandemia. Estos nuevos presupuestos ponen fin a los prorrogados desde 2018 del Gobierno del PP.
El nuevo plan incluye una subida del 0,9% para pensiones públicas y salarios de los empleados públicos. Las herramientas públicas para fomentar el empleo recibirán 2.000 millones más que en el anterior presupuesto. No se ha logrado cerrar la regulación de los precios del alquiler, aunque PSOE y Unidas Podemos han asegurado que se realizará en unos meses.
Otras medidas de carácter social serán la equiparación a 16 semanas de los permisos de paternidad y maternidad, el aumento en 250 millones de euros de becas universitarias y la inyección de 200 millones en la contratación de “cuidadores profesionales” que solventen la conciliación de familias con menores de 14 años. Además se incrementará un 46% la aportación del Estado al Sistema de Dependencia, “para reducir las listas de espera y mejorar las prestaciones por dependencia”.
Las partidas dedicadas dedicadas a Educación y Sanidad se elevan considerablemente con respecto a los prorrogados presupuestos anteriores, con un incremento del 70 y del 150% respectivamente. A Sanidad se destinarán más de 3.000 millones, de los cuales 2.000 millones serán para financiar la compra de las esperadas vacunas y el resto para fortalecer la atención primaria.
Entre las decisiones económicas destaca ese incremento de la presión fiscal, con una subida de diversos impuestos, entre ellos el de IRPF . Este gravamen tendrá una subida de tres puntos para rentas del capital de más de 200.000 euros, e incremento de dos puntos para rentas del trabajo de más de 300 mil euros. Las Socimis (sociedades de anónimas de inversión inmobiliaria) tendrán una tributación mínima del 15% y los planes privados individuales de pensiones ven reducido su desgravación. Aun que estas reformas afectarán sólo al 0,17 % del total de contribuyentes, se pretende recaudar 491 millones de euros en el 2021 y en el 2022.
El Impuesto de Sociedades planea también un incremento para grandes grupos empresariales. Limitará las exenciones por dividendos y plusvalías que generen por su participación en sociedades filiales. Anteriormente las exenciones a grandes grupos empresariales por dividendos y plusvalías estaban bonificadas al 100 %. Con el nuevo plan se limitan al 95 %. Este cambio afectará principalmente a grandes compañías, puesto que las empresas con volumen de negocio menor a 40 millones de euros podrán seguir aplicando la totalidad de la deducción durante tres años. En resumen afectará al 0,12 % de empresas de las existentes en España. El Gobierno entiende que esta medida nos iguala fiscalmente a otros países europeos como Francia, Italia o Alemania.
En cuanto al Patrimonio, se plantea una subida de un punto para contribuyentes con fortunas de más de 10 millones de euros. La intención que persigue el Gobierno es «garantizar que los que más tienen, más aporten». Este gravamen fue recuperado durante el periodo de Zapatero en el 2011 con carácter temporal y este Gobierno lo propone ahora de manera indefinida. Por otra parte el Gobierno quiere armonizarlo entre las comunidades autónomas para evitar el dumping fiscal (prácticas desleales con las que se trata de eliminar la competencia vendiendo bajo el precio medio, en este caso aprovechando las diferentes normativas autonómicas).
En lo que se refiere a impuestos que afectarán al resto de españoles ajenos a los grandes capitales, está la ya conocida subida del IVA a las bebidas azucaradas, un incremento en las tasas relativas a los seguros que encarecerá algunos tipos de pólizas como las de hogar o coche y las ya también anunciadas tasas tecnológicas como la Google o Tobin. Finalmente parece que la equiparación de tasas entre combustibles diésel y gasolina se ha detenido a propuesta de Ciudadanos, para que la formación conservadora naranja apoye los presupuestos.
El anuncio de la subida de impuestos fue recibido con gran alarma por los sectores más neoliberales de la economía patria, que no tardaron en hablar de año funesto y desgracia para los intereses nacionales, que verán teóricamente cómo los grandes emprendedores buscarán localizaciones menos gravosas. Sin embargo, estos temores tienen poco fundamento y sus justificaciones no van más allá de los rancios miedos de los poseedores de capital más arcaicos. En realidad los nuevos ajustes afrontan una necesaria y realista inversión para sostener el sistema ante el tremendo golpe sufrido por la pandemia, que dejó a la ya maltrecha economía mundial a punto de besar la lona.
El Gobierno se dispone así a responder con fidelidad, y ciertamente con prontitud, a las obligaciones adquiridas tras la firma del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que tiene en España a uno de sus más beneficiados destinatarios y que debe responder con medidas al compromiso de deuda. Las disputas entre quienes tildan de catastróficas las subidas de impuestos y los progresistas componentes del Gobierno deben entenderse en el entorno de las viejos debates entre neoliberales acérrimos, defensores de la libertad sin intervención estatal de los mercados, y progresistas keynesianos, partidarios de expandir la economía con cierto toque estatal, planes de empleo e impuestos, con la finalidad de apuntalar al sistema capitalista ante una agudización (en este caso debida a la pandemia) de una de las crisis cíclicas del capital.
