Un Juzgado de Cazorla ha decretado el sobreseimiento provisional y archivo del caso del inmigrante temporero fallecido en diciembre de 2019 mientras trabajaba en la recogida de la aceituna sin tener contrato ni documentación en regla. El trabajador tenía 31 años y su cuerpo fue abandonado en el centro de salud de la localidad de Pozo Alcón (Jaén), al que fue trasladado por el dueño de la finca, ya cadáver.
Según Europa Press, que ha tenido acceso al auto, la jueza titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Cazorla decreta el sobreseimiento provisional «al no existir indicios sólidos y suficientes de la comisión de un delito contra los derechos de los trabajadores». El archivo de la causa se produce tras una espera de ocho meses, tiempo que tardó la Inspección de Trabajo en remitir su informe, en el que se asegura que no hubo contradicciones con el reglamento de seguridad laboral y que por tanto no había delito contra la seguridad e higiene en el trabajo. La Fiscalía tampoco ve indicio de delito y considera que «no ha quedado suficientemente acreditada la comisión de delito alguno por parte del investigado«.
No obstante, la Inspección de Trabajo aprecia incumplimientos en cuanto a derechos y libertades de los extranjeros en España por parte del investigado, así como sobre su integración social, puesto que dio tajo a la víctima sin interesarse por la correspondiente autorización de trabajo.
Con todo, la jueza indica que se trata de «meras infracciones administrativas» que hay que diferenciar de ilícitos penales. Explica que «el llamado Derecho Penal Laboral sanciona fundamentalmente situaciones de explotación» y que en el caso del temporero fallecido «no reviste la suficiente relevancia penal«.
El empresario, vecino de la localidad jiennense de Hinojares, fue detenido por la Guardia Civil e imputado por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores, tras lo cual quedó en libertad a la espera de que lo llamara a declarar la responsable del juzgado. Dicho empresario fue apoderado del partido de extrema derecha Vox en las elecciones generales del 10 de noviembre, y anteriormente había participado en las municipales en las listas del PP de la mencionada localidad.
El día de los hechos, el pasado diciembre, el propietario de la explotación trasladó en su vehículo hasta el centro de salud a su empleado. En la puerta del centro solicitó una camilla para depositarle y abandonó el lugar. El médico que atendió al desafortunado trabajador fue quien observó que se hallaba sin vida y que su muerte no se había producido en el centro de salud sino que ya había llegado cadáver.
Durante la investigación, la Guardia Civil encontró que el propietario de la finca le había recogido de la calle esa misma mañana junto a otros solicitantes de trabajo, como suele hacerse en el trabajo del campo, y se los llevó a trabajar en la recogida de aceituna. Durante la jornada la víctima se desplomó y se desconoce si la muerte se produjo en el mismo olivar o durante el trayecto en el vehículo del empresario.
Con esta resolución, que aún puede ser recurrida, la jueza cierra la puerta a la vía penal, de modo que el empresario sólo se enfrentaría a las sanciones administrativas que se le impongan desde la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social.
