Los momentos históricos parecen decididos a saltarse las medidas de distanciamiento social y en los últimos años los españoles vemos cómo se agolpan uno tras otro con descarada celeridad. Toca ahora el siguiente hito en forma de acuerdo de la Unión Europea, calificado por sus creadores como histórico por contener aspectos originales no conseguidos antes y por el volumen de las cantidades que maneja.
Los jefes de Estado de los países que forman la UE llegaban esta madrugada a un acuerdo tras una larga disputa que ha durado cinco días, en la que un grupo de países autodenominados «frugales» -liderados por el presidente holandés Mark Rutte, seguido de los gobiernos sueco, austriaco y danés-, opusieron la mayor resistencia al acuerdo tratando de reducir las cuantías de las ayudas y exigiendo un mecanismo de veto. Las negociaciones lograron finalmente resolver el bloqueo y esta mañana el presidente del Consejo Europeo anunciaba con un escueto «Deal!» en su cuenta de Twitter la llegada a un entendimiento.
Los aspectos novedosos del pacto para el fondo de reconstrucción consisten en que es la primera vez que se alcanza un acuerdo común de recuperación económica tras una crisis y en que es asimismo la primera ocasión en que los fondos serán obtenidos de un endeudamiento común y no particular de ciertos gobiernos.
Además, una parte de los fondos serán otorgados en forma de subvenciones y otra en préstamos (en total 750.000 millones de euros, de los que 390.000 millones serán en subvenciones y 360.000 millones en préstamos), de modo que los países no tendrán que devolver la parte subvencionada, lo que supondrá un alivio principalmente para los países más afectados. La UE se compromete también a crear nuevos impuestos (como el referido al plástico de único uso) que contribuirán a pagar la deuda conjunta.
Como contrapartida, el acuerdo se ha llevado a efecto sin poder superar ciertas exigencias de los miembros más poderosos económicamente y que han acercado su solución a las posiciones de los llamados países «frugales». Entre estas exigencias se encuentra la rebaja de las cantidades que solicitaban gobiernos como el de Sánchez y que no alcanzan el importe suficiente. Las ayudas llegarían a partir de 2021 y deben durar hasta 2024.
Por otro lado, aunque los gobiernos más reticentes al acuerdo no han logrado imponer un veto, sí han conseguido establecer que los fondos sean usados para determinados fines, como por ejemplo las infraestructuras, por delante de otras necesidades como sanidad o educación. Incluso se ha acordado que para el uso de los fondos sea preciso un permiso de la mayoría cualificada de los miembros, y no a decisión propia del gobierno español. Todo ello bajo la observación de una serie de condiciones que aún no se han revelado.
Así pues, del histórico acuerdo obtenido hoy, podrían extraerse en primera impresión una serie de conclusiones:
- la UE parece dispuesta a ceder y a rectificar posturas sancionadoras de crisis anteriores (recordemos Grecia) y observa ahora movimientos conjuntos, más solidarios, aunque para ello ha tenido que verse ante la espada y la pared de una pandemia que a día de hoy no muestra una solución ni una fecha final en perspectiva.
- en el tira y afloja de los gobiernos más pudientes y los más necesitados, los poderosos acaban tomando la última palabra, si no en forma de veto lo hace en forma de control del gasto y exigencia en las prioridades de los asuntos a beneficiar con las subvenciones, que obviamente nunca son las que consisten en ayudas sociales ni mejoras de los sistemas públicos.
- la letra pequeña no se muestra, no se indica sobre quiénes se cargará el peso de la devolución de los préstamos, aunque no hacen falta grandes dotes adivinatorias para suponer que la UE no se desviará de su línea de hacerlo sobre las espaldas de los trabajadores, en forma de nuevas reformas laborales o de los sistemas de pensiones.
En definitiva, quedan lejanos los días en que la izquierda española calificaba de «Europa de los mercados» a la unión europea y considera hoy, partícipe en el gobierno progresista de Sánchez, que era necesario llegar a este acuerdo e incluso es posible reconstruirla, esta vez con tintes más solidarios.
Salva la UE de este modo un momento crucial en el que precisaba una nueva versión del Plan Marshall para seguir adelante. La prueba de ello es la buena valoración en general de todos los países miembros y de las distintas fuerzas políticas de nuestro país. Las dificultades se hallaban por tanto en la cuantía de las ayudas y en el modo de controlar su uso. Por supuesto, salvo planes de emergencia que hasta el más reaccionario de los gobernantes consideraría oportuno dada la situación crítica de gran parte de la población en las especiales circunstancias de pandemia, el gasto se realiza en lo que los países con capacidad productora e industrial decidan sobre los países destinados a los servicios y al turismo.
Como decía Marx, el sistema de crédito público (cuyo inicio casualmente sitúa en Holanda, según menciona en el capítulo dedicado a la acumulación originaria de El Capital), es decir, la deuda de los gobiernos, supone a fin de cuentas la enajenación del Estado. La riqueza colectiva que realmente se encuentra en manos nacionales no es otra que su capacidad de endeudarse, y dado que de forma mágica imprime valor al dinero improductivo transformándolo en capital, acaba en el comercio de todo tipo de títulos negociables, la especulación; en una palabra: el juego de la bolsa y la moderna bancocracia. Los ciudadanos, situados teóricamente en el centro de las políticas de sus gobiernos, pues para eso los apoyaron, asisten sin apreciarlo al traspaso de poderes de sus representantes a las manos de los especuladores y de los intereses asentados en los países que gozan de la posesión de los medios productores, quienes previamente han decidido en esa especialización y separación de tareas que sean los otros, los países menos pudientes, quienes se destinen a ofrecer servicios y ocio, es decir, a pagar las deudas con nuevos recortes.
