Aarón Reyes
Para entender por qué el plan diseñado por la Consejería de Educación de Javier Imbroda es un
falta de respeto y un nuevo ataque a la Educación Pública es necesario entender cuál era la situación de partida antes del confinamiento, cuál ha sido durante el mismo y cuáles son las
propuestas que se han hecho para retomar el curso en septiembre.
En septiembre de 2019 iniciaron el curso más de cien mil docentes para casi dos millones de
alumnos y alumnas repartidos en 6484 centros (4587 públicos, el resto concertados). La ratio
andaluza es de 25 por clase (rara vez se cumple, el dato es un falso estadístico basado en el
promedio). Aún así, está muy por encima de la media de la UE (14,3) y de lo que recomienda la propia Unión de un máximo de 20. La ratio es, además, uno de los elementos más clasistas del sistema. La ratio, asimismo, en zonas deprimidas, es alta porque bajan las matriculaciones
pero al hacerlo la Consejería suprime líneas y unidades reagrupando al alumnado en clases
masificadas.
La primera consecuencia de esta situación y que la propuesta de la Consejería para septiembre
hace aún más grave es destruir algo tan necesario como la atención a la diversidad tanto del
alumnado con problemas como al que tiene altas capacidades. Esto se produce porque el plan
consiste en que los docentes diseñemos un plan, ya que lo primero que se nos dice es que
redactemos una programación presencial al uso y otra telemática.
Para el que no sea docente explicar que una programación es el documento básico donde se
reúne qué vas a enseñar, cómo lo vas a hacer, cómo vas a evaluar, etc. Dejar caer en el
profesorado la responsabilidad de una programación telemática sin respaldo legal alguno es
dejarlos vendidos ante cualquier reclamación aumentando además la burocracia y restando
tiempo de atención a tareas docentes.
Lo siguiente que anuncia el Consejero Imbroda es la incorporación de 6260 profesores y
profesoras “de refuerzo”. Hay 6484 centros. Hagan cuentas pero no es difícil ver que sale a
menos de un docente por centro. Literalmente el Consejero ha dicho que “servirán para desdoblar los grupos de más de 20 alumnos”. Sólo en el centro donde trabajo hay más de una
veintena de aulas con más de 20 alumnos. Difícil cubrir eso con “casi” un profesor más.
Más anuncios de la Consejería: la creación de un coordinador COVID, elegido por supuesto de
entre los docentes. Se pretende, por tanto, que recaiga en un docente la responsabilidad
sanitaria de un centro donde puede llegar a haber 1500 personas al mismo tiempo y de cuya
decisión puede depender el surgimiento de un brote en una localidad.
La pregunta es muy sencilla, ¿está capacitado un profesor de Lengua, una profesora de Física o
cualquier otro para dictaminar que no se cumplen los protocolos? y si se equivoca en su
decisión por falta de conocimiento, ¿la responsabilidad legal recaerá sobre el coordinado o
sobre la Consejería? Pongamos por caso que no se cumple el protocolo y se eleva a la
Consejería que no hace nada, ¿qué hace el Coordinador COVID? ¿cerrar el centro?
Otra media de la Consejería es reagrupar asignaturas por especialidades, no para el alumnado
con dificultades como ya se venía haciendo, sino para todos, devaluando así la enseñanza,
negando el conocimiento y poniendo al alumnado en una situación de desigualdad respecto a
otros territorios e incluso respecto a otros centros. La propuesta es que cada centro decida en
función de los recursos pero, si llega la hora de poner más docentes para un centro público
tratando de evitar esta situación, ¿lo hará la Consejería o destinará más recursos a centros
concertados de zonas acomodadas para evitar que su alumnado (por supuesto con los mismos
derechos que el resto) reciba una educación precaria?
Resumiendo, un profesor de refuerzo por centro, reducir la ESO al nivel del alumnado con
dificultades severas, un coordinador COVID asuma la culpa de un posible rebrote, dos
programaciones didácticas con un problema para hacer horarios y toda la responsabilidad para
los equipos directivos.
La Educación es el derecho más básico que existe en un estado de derecho, ya que es la que
fundamenta personas libres e iguales con capacidad para elegir su futuro. Es un puntal de la lucha obrera, de la lucha de clases y uno de los escenarios donde más se escenifican las
diferencias sociales. Que Andrés tenga derecho a decidir su futuro, a estar en una FP o en un
Bachillerato, en una Universidad o en un Grado Superior, que tenga derecho a elegir es lo que
nos va en la pelea contra un plan que pretende aprovechar la pandemia para consolidar una
situación que atenga contra ese derecho a elegir.
