En un momento de crisis mundial gravísima, como no ha vivido el planeta desde la Segunda Guerra Mundial, la patronal CEOE ha improvisado una reunión con los presidentes del Banco de Santander, Bankia, Inditex y Mercadona para dejarle bien claro al Gobierno Democrático de Coalición que las grandes fortunas no están dispuestas a hacer ningún sacrificio y que, de nuevo, su intención es que vuelvan a ser las clases populares las que paguen esta crisis.
La «cumbre», montada en «tres días», ha llevado por título ‘Empresas españolas liderando el futuro‘ y, en ella, han vuelto a repetir todos los dogmas ideológicos de la derecha neoliberal, que nos hundió durante una década en la crisis económica y en un empobrecimiento masivo, mientras las grandes fortunas veían crecer sus cuentas de beneficios.
A este respecto, las declaraciones de Pablo Isla, presidente y director ejecutivo de Inditex, son reveladoras de las intenciones de la oligarquía. «No hay que revertir las reformas eficaces» afirmó, refiriéndose a la Reforma Laboral de Rajoy, que empeoró dramáticamente las condiciones laborales y salariales de los trabajadores. E insistió diciendo que «la economía española lo que necesita es ser más flexible y competitiva, no introducir rigideces que sean negativas para la creación de empleo«.
No está de más recordar que el señor Isla recibió 9,48 millones de euros como retribución total del ejercicio 2019 como primer ejecutivo de Inditex y que tiene, además, 8,3 millones en su plan personal de pensiones
Por otro lado, el presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, refiriéndose a una hipotética subida en la presión fiscal a las grandes fortunas, que nos acerque a los niveles de los países europeos de nuestro entorno, apuntó que «es muy contraproducente que se le pida al sector esfuerzos extraordinarios en forma de impuestos o requerimientos de diverso tipo que puedan incidir en su rentabilidad, porque el desarrollo de un país requiere que sus bancos sean rentables«.
Goirigolzarri, con un sueldo de 500.000 euros en el año 2020, preside una entidad financiera cuyo mayor accionista es el Estado, con un 45% del accionariado, que tuvo que nacionalizarla para rescatarla de la quiebra, con un coste de 23.465 millones de euros de dinero público, procedentes esos impuestos que, según él, impiden que los bancos sean «rentables».
Según la OCDE, el 39,6 % de la nómina de un asalariado español sin hijos va a parar a las manos del Estado, mientras la media de la OCDE no llega al 36 %. Sin embargo, el sistema fiscal español recauda poco, ya que es tremendamente favorable para las rentas del capital y las grandes fortunas, fomentando permisividad y amnistías fiscales con los evasores, legalizando la mínima tributación de las SICAV, o un Impuesto de Sociedades, que tributa con tipos muchísimo más bajos que los que se aplican al trabajo, entre otros muchos desequilibrios que son inconcebibles en otros países europeos.
