La jueza Carmen Rodríguez-Medel ha decidido esta mañana el sobreseimiento provisional del caso 8M al no encontrar pruebas suficientes para inculpar al Delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, y considerar que «no tuvo un conocimiento objetivo, cierto y técnico» del riesgo para la salud que suponían en ese momento las manifestaciones convocadas.
En el auto provisional la magistrada resuelve que no hubo indicios de prevaricación, tal como exigía investigar la acusación particular. El Delegado era el único señalado en el caso por su supuesto conocimiento del riesgo, en una acusación que había tratado de relacionar a miembros del Gobierno como el ministro Illa o al coordinador de emergencias Fernando Simón, e incluso al propio Presidente. Pese a ello el auto sí indica que el delito hubiera debido investigarse «de no ser por la falta de acreditación del conocimiento previo».
Termina así al menos provisionalmente un juicio repleto de detalles esperpénticos, informes de dudosa validez, ceses de altos mandos y otras cuestiones oscuras que desde este diario repasamos en una entrada detallando las claves del caso.
La acusación, en principio lanzada por manos de un abogado particular (que tuvo dificultades para continuar representando al no estar colegiado y no presentar en tiempo los documentos requeridos por la jueza) continuó con el apoyo de entidades como Vox o Manos Limpias y tras responsabilizarse de ella la Agrupación de Usuarios José María Mena y la Unión de Oficiales de la Guardia Civil.
Las agrupaciones que componen la acusación han anunciado que recurrirán el archivo. Por tanto parece ser que la oposición al Gobierno, que en esta semana enfocaba en este caso su estrategia de crispación, tendrá que mejorar bastante su capacidad para generar informes acusatorios si desea alargar la guerra judicial.
