Las claves del caso 8M

La oposición espolea la tempestad contra el Gobierno de coalición y ha decidido que el ojo del huracán sea el caso 8M. En su estrategia premeditada de escalar la crispación, la parte derecha del Congreso no ha dudado en emplear cualquier recurso para desgastar al Ejecutivo. Incluso trata de difundir en las redes falsas alternativas como que el rey Felipe VI asuma el mando, en una referencia velada a la intervención militar, mientras que mira hacia otro lado en la petición de investigación sobre el escándalo de su antecesor, el rey emérito.

Con el mayor partido de la oposición instalado en el enfrentamiento radical como método -ya amenazó el líder del PP desde inicios de año con llevar a Sánchez a los tribunales por la polémica con la Generalitat-, el intento de obstrucción llega estos días a su apogeo, animado también por la carrera que parecen disputar Casado y Abascal por situarse en el papel protagonista de la hostilidad.

La cuestión de la responsabilidad en la propagación del coronavirus en relación con las manifestaciones del 8 de marzo fue finalmente el motivo para iniciar una denuncia particular contra el Gobierno. Investigaciones secretas, destituciones de altos cargos policiales y cruces de acusaciones entre representantes políticos componen los elementos de una agitación que sitúa a la actual legislatura en un vendaval de recriminaciones.

Cuando aún resuenan los ecos de lawfare o guerra jurídica a Dilma Rousseff en Brasil o a Evo Morales en Bolivia, cabe preguntarse si estamos viviendo en España un nuevo caso de golpe blando por parte de los poderes reaccionarios ante cualquier intento de llevar a cabo políticas sociales.

Se inicia el proceso al 8M.
El día 25 del pasado marzo la jueza Carmen Rodríguez-Medel inicia una investigación a partir de una denuncia particular en la que se afirma que hubo delito al permitir las manifestaciones. La jueza, que también investigó en su momento el «caso máster» de Cifuentes, inicia en principio con reticencias las averiguaciones, aceptando aquellas en las que se implica al Delegado del Gobierno en esta comunidad, José Manuel Franco, pero no así las que afectan al resto de representantes del ejecutivo, como al propio Presidente o a Fernando Simón. Medel afirma tener dudas de que el Delegado pueda ser acusado por prevaricación aunque sí de lesiones por imprudencia. El caso además tiene la peculiaridad de ser planteado por un abogado particular y no por un afectado o asociación de ellos, lo que aumenta las dificultades ya considerables de relacionar directamente la causalidad de los hechos denunciados.

Para estas investigaciones solicita dos informes, uno realizado por un médico forense (que explique si hubo alguna probabilidad estadística de contagio y teniendo en cuenta las personalidades políticas que efectivamente resultaron contagiadas) y otro policial que detalle el recorrido de las instrucciones sobre riesgos y si éstas llegaron a los responsables de la Delegación de Madrid.

El informe forense.
Es realizado, en dos ocasiones, por el doctor Julio Lorenzo Rego, médico forense y psicoterapeuta de larga experiencia, como podemos leer en su propia página. El informe es contundente en sus términos y señala de manera directa a responsables como Fernando Simón o el ministro de Sanidad, Salvador Illa, con expresiones tan tajantes como «había un alto índice de sospecha de que el país iba hacia una hecatombe sanitaria y se sabía cuáles eran las medidas que había que adoptar para evitarlo», y que la gravedad del asunto «se veía venir».

Sin embargo, el forense no parece ser tan rotundo en los métodos para alcanzar semejantes conclusiones. Las deducciones a las que llega no se aprecia que estén fundamentadas en criterios epidemiológicos o al menos en probabilidades estadísticas. Expresa que las posibilidades de contagiarse eran altas, dada la cercanía de los manifestantes, independientemente de que se tratara de un espacio abierto y no cerrado. Y aunque literalmente afirma que «no es posible saber» si las personas contagiadas lo fueron en las propias manifestaciones o en transportes públicos o en otros lugares, acaba determinando que «de haberse evitado las manifestaciones» se habría eludido una posibilidad de difusión del virus.

Por otra parte, el señor Riego utiliza para su documento las palabras de la ministra de Igualdad, Irene Montero, obtenidas off the record, así como los correos enviados por el equipo de Fernando Simón, en los que aprecia un cierto nerviosismo o estado de alerta en ciertas palabras empleadas, tales como “lo que no sé es si podremos manejarla” o “damos todo por perdido”, y en especial algunas despedidas como “mucha fuerza” que le llevan a deducir que estos responsables se hallaban «como marineros a la deriva o a punto de encallar en las rocas».

Es decir, las conclusiones del informe resultan más cercanas a la opinión particular del doctor que a un criterio científico, por muy experto que el forense sea en cuestiones de tensiones emocionales. El hecho de que el forense sea cercano a la congregación religiosa Legionarios de Cristo, considerada por expertos como una perniciosa secta, no contribuye a confiar en el valor del documento, tanto más si se basa en suposiciones personales de un autor teóricamente imparcial, en lugar de datos objetivos.

Los informes policiales.
Otro informe (que puede consultarse en esta entrada del diario El País) es elaborado por la Guardia Civil a petición de la jueza Rodríguez-Medel, que como se ha mencionado decide investigar por prevaricación al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por permitir los actos multitudinarios, no sólo la manifestación del 8-M sino también el congreso de Vox y un partido de fútbol en el estadio Wanda Metropolitano. La magistrada trataba de averiguar por qué manos pasó el informe del 2 de marzo del Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades en el que se advertía de la expansión de la enfermedad. En concreto, quería saber qué órgano lo recibió en España, para determinar así la responsabilidad del Delegado.

El informe realizado por la Guardia Civil acusaba, tal como el informe forense, a los responsables sanitarios del Gobierno de haber permitido las manifestaciones pese a tener conocimiento del grave riesgo. Esto suponía atribuir a Fernando Simón, entre otros, la comisión de un delito.

Pero de nuevo el informe parece estar basado en suposiciones, especulaciones y observaciones sesgadas, incluso se apoya en noticias de medios informativos que habían sido desmentidas. Las referencias a recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud no son correctas, tal como las fechas declaración de la pandemia o de recomendación de uso de mascarillas, que son posteriores al día 8 de marzo. Emplea de nuevo las declaraciones de la ministra Montero tomadas fuera de micrófono, aireadas por el periódico ABC y en las que puede interpretarse que la ministra achaca la menor participación de las manifestaciones en el temor al contagio, aunque es difícil interpretar hasta qué grado era conocedora de la gravedad del virus en esas fechas.

También emplea el documento policial los argumentos de supuestas cancelaciones de otros eventos multitudinarios, como la celebración de un acto de religiosos evangélicos, que revelarían el conocimiento del riesgo de la concentración de personas y la decisión arbitraria de permitir unos y no otros. Este argumento pierde valor si se considera que el criterio en ese momento era desaconsejar reuniones de personas que acudiesen de distintos países, tal y como había sucedido en fechas anteriores con el congreso Mobile World cuyas peculiares características le relacionaban directamente con viajes a China.

Otros argumentos utilizados, como que la Consejería de Salud madrileña había recomendado evitar aglomeraciones, cuando en realidad la consejería hacía referencia a las personas que hubiesen estado en contacto con casos confirmados, además de que la Guardia Civil sólo se centró en las concentraciones del Día de la Mujer y no en otras mucho más numerosas como el conjunto de usuarios de la red de metro. Incluso el informe recurría a bulos propagados por la ultra derecha sobre el uso de guantes en las manifestaciones, sin relación alguna con medidas antisépticas sino con simbología feminista.

Destitución del coronel de la Guardia Civil.
Como consecuencia de la evidente falta de objetividad del informe, el 25 de mayo Grande Marlaska, ministro de Interior, destituye al coronel Pérez de los Cobos, jefe de la Guardia Civil en Madrid.

Pérez de los Cobos es un coronel de la Guardia Civil con una larga trayectoria, que incluye la coordinación policial que fue encargada de reprimir la celebración del referéndum del 1 de octubre en Cataluña. La destitución desata una nueva convulsión en la derecha, que considera el cese como un ataque a la Benemérita, y abre una diferente interpretación de los hechos en las partes componentes del Gobierno de coalición.

Por su parte, Marlaska intenta en un primer momento restar polémica al asunto refiriendo que se trata de un cese por «falta de confianza» al haber realizado interpretaciones subjetivas en su informe que le llevaban a tomar decisiones sobre «una nueva conformación de equipos», aunque posteriormente revela que el el coronel es fulminado por filtrar documentos relacionados con una causa judicial.

En su condición de ministro de Interior, Maslaska parece situado en la tesitura de tener que representar un papel de serenidad de cara al público y a la vez tratar de sobrevivir en una corte infestada de elementos conspiradores contra su propio gobierno, con altos mandos que demuestran la osadía de realizar investigaciones acusadoras y reflejarlas en sus informes.

Por otra parte, en el otro término de la coalición de gobierno, el vicepresidente Iglesias declaró hace unos días que el verdadero daño a la Guardia Civil lo hacen «mandos que realizan informes con recortes de prensa» y que esto es un ataque a la profesionalidad policial, que debe estar sometida a la autoridad del Gobierno». El ministro de Consumo, Garzón, en otra entrevista opinó que «es posible que haya elementos reaccionarios dentro de la Guardia Civil que asumen como propio el discurso que invita al golpe de Estado», provocando con ello la indignación de las asociaciones sindicales policiales, quienes han exigido su dimisión.

La situación actual del caso.
A fecha de hoy siguen abiertos todos los frentes, aunque referidos en el aspecto exclusivamente legal a las averiguaciones sobre la responsabilidad del Delegado en Madrid. La jueza rechazó el pasado martes las pretensiones de la Abogacía del Estado de archivar la investigación y la causa sigue adelante. Ayer mismo acudió a su citación para declarar el propio Delegado, José Manuel Franco, quien ante la jueza reiteró sus declaraciones de no ser consciente del riesgo e incluso de haber acudido a las manifestaciones de aquel día junto a su hija.

En la causa se suman ahora, reagrupadas por la magistrada titular del juzgado, otras de solicitudes de adhesión a la acusación particular, entre las que destacan las de Vox y Manos Limpias. El abogado que originalmente presentó la querella que dio origen a estas investigaciones parece no poder continuar como letrado de la acusación al no estar colegiado y no haber presentado la documentación exigida por la jueza.

La amenaza de golpe blando.
El Gobierno de coalición parece encontrarse en un punto crucial de su legislatura. Castigado desde su inicio por la plaga de la pandemia, ha sabido salir airoso del trance que le situaba como uno de los países más afectados en la propagación del virus (gracias en buena parte a la existencia de una red Sanidad Pública y a la profesionalidad de los profesionales públicos) y hasta el momento ha solventado las críticas de los poderes económicos nacionales contra las puntuales medidas sociales que ha desarrollado (ertes, ingreso mínimo, etc). Por otra parte hay que reconocer que la tensión se ha relajado debido a su condescendencia en otros asuntos (vuelta a la «nueva normalidad», apertura de negocios y turismo, cierre de empresas industriales, etc).

La oposición, al contrario de otros países afectados por el virus donde los opositores plantearon una actitud más colaboradora, ha decidido echarse al cuello del Ejecutivo desde primera hora. La derecha, en sus diferentes versiones electorales, compite por atribuirse el personaje protagonista de la crispación. En la batalla judicial ha encontrado un filón donde seguir minando las posibilidades del Gobierno. No es una opción descabellada porque como se ha comentado no son lejanos los casos latinoamericanos de gobiernos expulsados por la vía del tribunal.

No sería la primera vez que en España las cloacas se destapan, recordemos la trama de agentes que trabajaban para el comisario Villarejo con el fin de buscar asuntos turbios que protegiesen al Partido Popular de sus adversarios. ¿Es propio de un Estado de Derecho que un alto mando policial con décadas de servicio realice informes amañados para perjudicar a un Gobierno elegido en elecciones? ¿Es costumbre que jueces de amplia trayectoria desconozcan la naturaleza de los profesionales a los que encarga informes de los que depende una investigación crucial para el país?

Así pues la disyuntiva se encuentra en las esperanzas de un Gobierno que decida tender a la moderación y a la indulgencia con las fuerzas reaccionarias o que decida plantar cara y acometer las medidas prometidas en avance social. La pugna en el Juzgado es sólo un escenario. Detrás se encuentra el verdadero campo de batalla, donde se produce el tira y afloja entre las promesas de progreso y la realidad de los poderes económicos con intereses en nuestro país. Allí se comprobará el nivel de fuerza del Gobierno de coalición.