El Gobierno valora positivamente que se haya logrado una prórroga del estado de alarma gracias al acuerdo con la formación política Ciudadanos, pese a que el pacto haya reducido la duración de la situación excepcional, de manera que se acorta hasta el día 7 de junio y no hasta el 27 como se había anunciado anteriormente, según ha anunciado hoy la Portavoz del ejecutivo y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
La evaluación favorable se debe a que de este modo el Gobierno se asegura una prolongación de la alarma (que debe ser autorizado por el Congreso) y cuya realización quedaba en el aire después de que ERC se enrocara en la negativa. En estos momentos, con el voto favorable de PSOE, Unidas Podemos, Ciudadanos y minoritarios, más la abstención de PNV, la alarma quedaría prorrogada en la próxima votación del Congreso, que será mañana miércoles.
El presidente Sánchez había expresado la intención de mantener la situación de confinamiento hasta inicios del mes de julio, cuando en teoría las comunidades más atrasadas en el proceso de desescalada por fases, hubieran alcanzado las fases finales. La actual y aprobada extensión de la alarma sería hasta el cercano 24 de mayo, momento en que finalizada la situación excepcional se levantarían todas las restricciones. Esto nos situaría a los pies de los caballos de un más que previsible empeoramiento de los indicativos sanitarios, tal y como se ha comprobado en otros países tradicionalmente de referencia como Reino Unido, que apostaron por esa vía en el inicio, con desastroso resultado.
Quedamos en su momento a la espera de conocer el contenido del acercamiento Arrimada-Sánchez pero ya comenzamos a vislumbrar sus intenciones. La propia Arrimadas ha comentado hoy que «gracias al papel de Ciudadanos» no se producirá la mesa de negociación del Gobierno con ERC.
Queda por tanto desvelada la intención de la formación naranja al pactar con el Gobierno, que nos sugiere que no es otra que dejar fuera de las negociaciones a los partidos independentistas, o al menos escenificar su alejamiento parlamentario -que no es tan lejano en cuestiones puramente económicas- y permitir un alargamiento de la alarma, pero no tanto.
Dejamos sin comentar las actitudes sobre el estado de alarma de la extrema derecha en sus diferentes versiones parlamentarias, PP y Vox, ya conocidas. Como suelen decir los abogados, más vale un mal acuerdo que un buen pleito. Aunque por el bien de los trabajadores esperemos que sea posible extender la situación lo más largo que se pueda.
