Apenas a un par de semanas del inicio del confinamiento nos sobrecogía la noticia de los miles de ancianos que habían fallecido en las residencias españolas (más de 8.000 en los primeros días de abril) y esa cifra podría haberse duplicado actualmente hasta superar los 15.000 casos de personas de avanzada edad que habrían dejado este mundo en la soledad de los geriátricos.
En España la gestión de las residencias de mayores supone un interesante negocio. Somos uno de los países del mundo con el censo más envejecido. Nuestra población con más de 65 años llega casi al 20%, es decir, uno de cada cinco españoles es mayor. Sin embargo la cobertura pública de plazas en residencias es de poco más de la mitad de usuarios. El resto son plazas en centros privados, cuyo precio -de referencia unos 1.500 euros- es excluyente para la inmensa mayoría de pensiones. El déficit de plazas atrae a los inversores y convierte a las residencias en objetivos muy apetitosos. Esto supone la existencia de un gran negocio privado que resulta bastante lucrativo, dada la necesidad social que este tipo de servicios representa, en muchos casos debiendo ser costeada con ayudas familiares o con la totalidad de la pensión en los casos de ancianos que temen permanecer abandonados en casa o mal atendidos por insuficientes atenciones de teleasistencia o de ayuda a domicilio, muy afectados por los recortes.
¿Quiénes están tras estos negocios? Según informa Manuel Rico (@manuelrico) en el diario Infolibre, tras las grandes empresas de estos servicios se encuentran fondos de inversión (conjunto de patrimonios de diferentes personas o entidades que ceden la gestión de un negocio a un tercero para diversificar sus inversiones con el mínimo esfuerzo y riesgo), cinco de las mayores fortunas españolas (Florentino Pérez, los ‘Albertos’) e incluso algunas de ellas están controladas por personas implicadas en el caso Gürtel.
Empresas líderes en el sector como Vitalia Home o Colisée, según el medio citado, tienen como principales accionistas a fortunas domiciliadas en las Islas Jersey (de fiscalidad más favorable a los grandes negocios), otras como DomusVi u Orpea pertenecen a fondos extranjeros y otras a conocidos personajes de los negocios españoles como Clece (Florentino Pérez) o Ballesol (familia Álvarez, de Seguros Santalucía).
No obstante, conocer las identidades de las personas que invierten en estos sectores es muy complejo, puesto que una de las ventajas que suponen estos fondos de inversiones es precisamente la opacidad de estos entramados económicos y las normas de privacidad de los paraísos fiscales donde se asientan. Además, se da la circunstancia de que estos inversores prefieren no invertir en bolsa sino buscar un enriquecimiento veloz y abandonar el negocio en un plazo no mayor a los cinco años en que se obtiene la mayor cantidad de plusvalía.
La pandemia provocada por el coronavirus ha puesto en evidencia las miserias de estas empresas que gestionan los servicios de residencias para mayores y abren un polémico debate sobre el uso de los fondos públicos en el cuidado de los ancianos. Residencias y asistencia a domicilio comparten la desgracia de ser gestionados en gran parte por empresas privadas, siendo servicios que claramente suponen un interés público y común, ajeno al afán de lucro de personajes e intereses opacos. Los trabajadores de estas compañías sufren, por si fuera poco, la sobre explotación y los recortes de quienes se enriquecen extrayendo beneficio de las necesidades de los ciudadanos en la última etapa de su vida.
