Los pequeños agricultores se han organizado desde los primeros días de la pandemia para pedir al «Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación» medidas concretas de protección de la economía local y del sector agroalimetario a pequeña escala, para poder seguir abasteciéndonos y garantizar a todos el derecho a una alimentación sana. La campaña «SOSCampesinado» es una llamada desesperada de socorro a toda la sociedad promovida por varios centenares de organizaciones ecologistas, sindicales, de productoras y productores locales, plataformas, cooperativas y grupos de investigación.
Pero al mismo tiempo se producen operaciones especulativas de los grandes distribuidores para abaratar los precios de los productos del campo.
Nos llega la noticia del bloqueo de una partida de centenares de toneladas de papas procedentes de Israel en el puerto de Santa Cruz de Tenerife por razones fitosanitarias. Principalmente por la utilización en su cultivo de bromuro de metilo, una substancia prohibida en la Unión Europea.
La excusa para esta importación y su elevado volumen a escasos días del inicio de la cosecha de papas en las Islas Canarias ha sido el supuesto desabastecimiento en el archipiélago. Pero el sector agrario lo niega rotundamente. Precisamente la crisis de la pandemia ha provocado un descenso drástico del consumo, paralelo a la caída del número de turistas y al cierre de hoteles, restaurantes y bares.
La importación y almacenamiento de papas, en estas épocas previas a la cosecha, bien lo saben los agricultores canarios, lo único que provoca es la bajada de los precios. En medio de una crisis sanitaria generalizada por culpa de la Covid-19 y con los agricultores en dificultades para dar salida a su producción se pretende meter en las Islas Canarias, nada más y nada menos, que un millón de kilos de papas importadas al mes.
La empresa importadora, que suministra a Mercadona y otros grandes supermercados, es propiedad de la presidenta de ASAGA-Canarias, Ángela Delgado. Vivir para ver.
La importación de papas israelíes es ilegal en todo el territorio de la Unión Europea por provenir de colonias ilegales del Valle del Jordan, territorios ocupados militarmente desde 1967 en Palestina, lo que sería motivo suficiente para impedir su distribución en nuestro país. Pero no es este el motivo aducido sino la utilización del bromuro de metilo, y el riesgo de que puedan propagar plagas.
Su precio es más barato que la papa autóctona porque se cultiva en tierras robadas y con agua también robada a sus legítimos dueños, los agricultores palestinos. Y por permitirse en Israel el uso en su cultivo de substancias nocivas prohibidas en la Unión Europea, como el bromuro de metilo, y sobre todo porque Israel se beneficia de subvenciones y acuerdos preferentes de comercio con la Union Europea.
Es preferible consumir papas de aquí. Son muchas las ventajas de consumir productos de cercanía. Además de proteger los intereses de nuestros campesinos y cuidar de paso nuestra propia salud, hay además un componente ético a la hora de elegir lo que compramos y lo que comemos. No se pueden consumir productos de un país que ocupa militarmente Palestina, que viola constantemente la legalidad internacional, que destruye los campos de cultivo, las viviendas y los pueblos de los palestinos, que ha levantado el muro del apartheid, que practica la limpieza étnica, que aterroriza a la población autóctona. Hay motivos legales, sanitarios, y económicos, de salud, para no permitir la entrada de estas papas procedentes del último régimen de apartheid existente. Son motivaciones morales y muy importantes, las de negarnos a colaborar con operaciones especulativas de los grandes distribuidores de alimentos y defender la justicia allí donde esté ultrajada.
