«Memorias históricas blandas». A propósito de ciertos mini-monolitos y otros pequeños escándalos cotidianos

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Lo lees en un Tweet pero no te lo crees. Venga, si es un meneo. Total te pilla al lado del trabajo y del colegio de los niños. Justo en el patio del complejo de unos cuantos ministerios en donde miles funcionarios hacen que eso llamado Administración General del Estado funcione. Son las 8:13 de un martes cualesquiera. Tienes margen.

«Mario y Nora, no seáis cansinos que vuestro padre si no lo ve no se lo cree». Hoy vamos bien. Por una vez el Cercanías ha ido regularmente. «Y os hacéis una idea de lo que os cuento»; «¡Pesadito estás! ¡Llegamos tarde!». Me dicen con paciencia. Sin margen de discusión procedo a una clase improvisada. Ya me vale. Tienen 8 y 6 años.

Ni siquiera es del todo de día. Hace frío. Ese tan típico de los madriles. Hasta que sale un rayito de sol. Nos acercamos a ese monolito que con suerte supera el metro de altura y que es invisible a la ciudadanía, pues se localiza en el interior de una de las llamadas “zonas ministeriales” de Madrid: Nuevos Ministerios. Lejos de cualquier público indiscreto. Ni que fuera aposta. Algo similar ya sucedió en abril de 2009 cuando un par de docenas de personas inauguramos una escultura -donada por la Fundación Domingo Malagón- en medio del llamado Paraninfo de la Universidad Complutense a aquellos prisioneros españoles antifascistas que pasaron por Mauthasen y otros campos.

Con todo el cuajo con el que nos suele deleitar el Ejecutivo y sus llamadas políticas públicas de memoria se puede leer en el mini-monolito la siguiente inscripción: “El Gobierno rinde tributo y homenaje a los españoles deportados y fallecidos en Mauthasen y en otros campos y a todas las víctimas españolas del nazismo”. Lleva fecha de inscripción del 5 de mayo de 2019 pero fue inaugurado el 30 de enero de este año. ¡Papa. Llegamos tarde! A todo esto estamos a principios del mes de marzo. Sí. En pleno Gobierno de la coalición-progresista.

¿Fallecidos? Todo tiene su límite. En el caso de los asesinados en cadena en los campos de concentración nazis este es uno de ellos. ¿Qué tipo de mala conciencia lleva a las autoridades de un país como España a emplear tal término? No es por desconocimiento. ¿Crueldad? ¿Por qué utilizar ese lenguaje aparentemente objetivo que intenta ser neutro pero que, ante todo, resulta distante con estas víctimas de crímenes de lesa humanidad? O, ¿será por pura lógica política? Probablemente sea este último, en tanto, nos permite conectar con ese aparente “buenismo” que sustentó la elaboración de la Ley de Memoria Histórica en tiempos del hoy encumbrado José Luis Rodríguez Zapatero por cierta parte de la izquierda. Buenismo, que terminó por institucionalizar el llamado “Modelo Español de Impunidad” (MEI) y en donde el empleo de ciertos mecanismos legales y de determinadas políticas públicas en torno a la memoria histórica en vez de constituir una herramienta para la Verdad, la Justicia y la Reparación de las víctimas de los crímenes del franquismo, ha resultado ser una especie de bálsamo para olvidar y no confrontar. A este fenómeno desde una perspectiva democrática y antifascista se le puede denominar una “memoria histórica blanda”, que se caracteriza, precisamente, por seguir, primero, situando al margen de la historia a estas víctimas y, en segundo lugar, por no cuestionar, en momento alguno, el status de los victimarios. Nada nuevo en un país que se ha negado por activa y pasiva a ratificar la “Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad”.

Y, con todo, la instalación del monolito constituye un pequeñito paso si tiramos de perspectiva desde la postransición franquista. Más cuando se hace balance del “silencio punitivo” que caracterizó al Ejecutivo encabezado por Felipe González (1982-1996), pasando por el citado “buenismo” de Rodríguez Zapatero (2004-2011) hasta esta suerte de este “quiero pero no puedo” -o, sencillamente, no es ninguna prioridad política- que caracteriza a algunas bienhechoras intenciones pero que nunca se terminan por concretar para el Gobierno de Pedro Sánchez. Hecho objetivo: 42 años después de aprobarse la Constitución seguimos casi en el mismo punto de partida.

Eso sí, en esta ocasión, van de cara. Han eliminado cualquier perspectiva de optimismo. En el momento en que parece que va algo para adelante el Ejecutivo nos recuerda que no piensa cuestionar, ni en el fondo ni en la forma, el MEI: ahí está lo que sucede con Martín Villa, “Billy El Niño” y demás tropa. Si hasta Primo de Rivera les parece una víctima de la Guerra Civil. Así en pleno estado de alarma nos enteramos por El País que “Interior aún paga gratificaciones por 115 medallas policiales del franquismo” ya que no existe “un mecanismo legal para retirarlas” (17/03/2020). Una más en la frente. Total estamos inmunizados.

Se puede cambiar a su antojo la Constitución pero ni siquiera se plantea tocar ni una coma de la Ley de Amnistía. Lo explicó magníficamente Roldán Jimeno no hace mucho en Amnistías, perdones y justicia transicional. El pacto de silencio español (2018). Si a esto se le suma el Poder Judicial que tenemos, pues, el margen de actuación es nulo. Seamos realistas: así nos ahorramos disgustos y suspiros. Ya lo vimos con el “caso Garzón”. Más recientemente, y a pesar de pasar desapercibida la noticia, ahí estaba cómo la “Audiencia de Zaragoza dictamina que las normas del Derecho Internacional no vinculan a España porque no las ha traspuesto al sistema legal propio y rechaza investigar los crímenes cometidos por los sublevados y la dictadura en la capital aragonesa”, según daba a conocer Público el 28 de febrero. Como denunció al respecto la propia Asociación Libre de Abogados de Zaragoza “[n]o falta derecho, lo que falta es voluntad política y voluntad judicial para acabar con la impunidad de los crímenes del franquismo”. Otro tanto podría decirse de la posición del Poder Judicial con todas y cada una de las recomendaciones y dictámenes del Consejo de Derechos de la ONU desde 2006.

Regresamos a Mauthasen-Gusen. Si dentro del universo concentracionario del III Reich -del que hablamos hace poco en el Diccionario de la Memoria Colectiva– hay un complejo en donde los españoles tuvieron una destacada presencia y actividad fue en este. A ese infierno sobre la tierra fueron a parar un alto número de exiliados de la Guerra Civil española, que tuvieron la desgracia no solo de encontrarse ante el frío e inhumano trato recibido por las autoridades del país vecino, sino que una vez caída Francia fueron capturados y deportados, principalmente, a estos dos campos de concentración. Carlos Hernández, autor de Los últimos españoles de Mauthausen (2015), calcula que a ese complejo llegaron 7.532 republicanos españoles. 4.816 fueron asesinados. Un 64% de mortalidad.

Para más escarnio con el beneplácito del régimen franquista de la mano de Serrano Súñez, quien les llegó a desposeer de su nacionalidad. Todo ello en el ejemplo más claro de la colaboración nazi-franquista. Muy propio también de nuestra #MarcaEspaña, recordemos, es que a este criminal de guerra se le ha llegado a realizar una serie televisiva hagiográfica emitida en horario de máxima audiencia. Nos referimos a Lo que escondían sus ojos (2016). Luego nos extrañamos de cuáles han podido ser los caldos de cultivo de la extrema derecha y de los movimientos neo-nazis.

Mientras tanto para documentar esta historia todavía sigue siendo necesario, en primer lugar, rastrear en los archivos extranjeros antes que los españoles, tal y como está evidenciando el infatigable historiador Antonio Muñoz Sánchez. No obstante, algo se ha mejorado en estos años como evidencia el micrositio de PARES “Españoles deportados a Campos de Concentración Nazis (1940-1945)”.

En este “quiero y no puedo” al final todo queda bien escondidito como sucedió, de forma previa a toda esta historia, con la publicación de los 4.427 nombres de nuestros “fallecidos” en el BOE un 9 de agosto de 2019 -más allá de las habituales cuitas entre colegas en donde siempre se busca la novedad, la cifra final pero sobre todo la llamada del periodista de turno- ya pudo observarse el rango otorgado a estos asesinados y la singular fecha elegida para la publicación de la lista de los “fallecidos” e iniciar el proceso de “alegaciones”. No es por pensar mal pero hay fechas siempre bastante oportunas en donde colar algunos asuntillos incómodos en un BOE que casi todo lo aguanta.

Más recientemente, a finales de febrero de este año -que fue bastante movidito- se publicó el portal web “Víctimas mortales en los campos nazis” como un proyecto de Amical de Mauthausen y de otros campos y de todas las víctimas del nazismo en España en colaboración con el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. A modo de tercera y final parte de este proyecto memoralístico. Su presentación pública contó con Fernando Martínez López, Secretario de Estado de Memoria Democrática. Lo que tampoco es baladí, pues, constituye un salto notable pasar con suerte de una Subdirección General o una Dirección General a toda una Secretaría de Estado. ¿Se aprovechará a fondo, por fin, esta enésima oportunidad?

Resumen ejecutivo de lo mencionado hasta aquí: parece que se avanza pero sin un plan definido. Malamente, sí es así. Sin una perspectiva ni a corto ni a medio plazo. Con algo de voluntad política pero sin entusiasmo. Con más miedo que certezas y con unos límites políticos que quedaron escriturados en el texto de Coalición Progresista. Un nuevo acuerdo para España. Texto en donde la cosa ha quedado en hacer cumplir la Ley de Memoria Histórica o como mucho declarar “nulas las condenas y sanciones de tribunales, jurados y otros órganos penales, administrativos o militares dictadas durante la guerra civil española o la dictadura por motivos políticos, ideológicos, de creencia o de orientación sexual, identidad o expresión de género”. En otras palabras: parece que el mínimo cuestionamiento del MEI resulta totalmente incompatible con el sostenimiento del Régimen del 78.

Por si quedaba el mínimo atisbo de duda, el PSOE la cerró el 24 de enero al presentar a la mesa del Congreso de los Diputados “su” Proposición de Ley de Memoria Histórica y Democrática. Un revival de su anterior propuesta en donde no se cuidaron ni los detalles y que, además, suponía saltarse un acuerdo “no escrito” de consensuar entre el PSOE y Unidas Podemos un proyecto de ley compartido. Como siempre hay que estar atento no a la lealtad -que ni se la presume ni está- sino a la correlación de fuerzas y la obtención de réditos en donde, justamente, el PSOE mucho debería callar.

En medio de este panorama no hace mucho escribíamos en este mismo medio sobre los peligros del avance del revisionismo y del negacionismo promocionados por el propio Parlamento Europeo. Parece que se sigue ignorando -con una alegría que ya preocupa (y mucho)- los avisos que nos llegan incesantemente. Sin irnos más lejos el 19 de enero se conocía como un “concejal de Vox vota contra el reconocimiento a cuatro prisioneros españoles en los campos nazis”. No pasó nada. He aquí el problema. Se sigue con un buenismo y un quiero pero no puedo. Resultado: sigue saliendo gratis y rentable hacer del negacionismo del holocausto una estrategia política. En nuestro caso, no hay ningún tipo de banalización del nazismo. Conviene aclararlo.

De lo hasta ahora expuesto, el mejor ejemplo lo constituye cómo el Gobierno se lo está pensando –en exceso tras su anuncio hueco- en ilegalizar a la Fundación Francisco Franco y en hacer punible el delito de apología del franquismo. En este sentido, ha sorprendido la campaña desatada por opinadores de la izquierda y lo que es más grave juristas en favor de la libertad de expresión contra tal propuesta. No son incompatibles. Ninguno de sus argumentos han conectado con la tradición y lógica que impregna al Derecho Internacional al respecto y que guía las directrices y los programas de Naciones Unidas o la propia legislación desarrollada y aplicada por países europeos -caso de Francia o Alemania- al respecto de perseguir el negacionismo. Cuando menos es para hacérselo mirar.

A todo esto, ¿nos hemos olvidado tan pronto del intento de escándalo que intentó montar la derecha, extrema derecha y el sector rancio del PSOE, con el apoyo de todos los medios de comunicación, cuando Pablo Iglesias y Alberto Garzón tomaron posesión de sus carteras ministeriales y llevaron en sus solapas el pin rojo que homenajea a los presos políticos antifascistas de los campos de concentración nazis?

En España con los niveles de cultura democrática -y no digamos ya de cultura y educación antifascista, a pesar de nuestro pasado reciente- nos cuesta avanzar un mundo. Seamos sinceros, al menos, entre nosotros: estamos resistiendo a duras penas a los constantes intentos de retroceso contra el patrimonio común que debería ser nuestra memoria democrática, social y antifascista. Si afinamos la mirada, en estos precisos momentos, nos encontramos en un punto de precario equilibrio en donde el MEI en vez de desmontarse parece reforzarse.

¿Qué más debe ocurrir para cerrar esta etapa errática de políticas públicas de memoria? Pues en juego, no lo olvidemos, también se haya la cuarta pata de los derechos inalienables de las víctimas de crímenes de lesa humanidad: las Garantías de No Repetición tanto en su vertiente reparadora como en su dimensión preventiva. Un derecho que empezó a tomar cuerpo dentro de Naciones Unidas a partir de 1993 con el informe de Theo Van Boven, y que sería consignado expresamente en la “Convención Internacional para la protección de todas las desapariciones forzadas” de 2004. Convención ratificada por España en 2011 en el enésimo ejemplo de lo gratuito que supone para un Estado ratificar convenciones internacionales sin consecuencia alguna: sea o no un tema de Estado como son las desapariciones forzosas en nuestra nación.

Por esto mismo, el tamaño de los monolitos resulta importante. Como importa el lenguaje político. Como nos debería importar que el asunto de la memoria democrática ocupara un espacio en negrita y en versalitas en un acuerdo programático de Gobierno. Como sobre todo nos debería importar el “principio de realidad” de que el fascismo se encuentra a la vuelta de la esquina y mientras tanto -como dice la conocida expresión castellana- estamos “pelando la pava”.

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Sergio Gálvez Biesca. Madrileño de origen. Internacionalista convencido. Cercano a la terrible frontera de las 40 es Doctor en Historia Contemporánea y pertenece al Cuerpo de Archiveros del Estado lo que le da para alimentar a su prole. Ha pasado por mucho y, en concreto, por muchos de los espacios de la izquierda política, social y sindical intentando nunca perder la coherencia ni la salud mental. En la actualidad es investigador del proyecto I+D HISMEDI, en el IberoamericanInstitute of theHague así como forma parte de la Sectionon Archives and Human Rightsonthe Internacional Council on Archives (ICA-SHR). Entre sus últimas aportaciones se encuentran La gran huelga general. El sindicalismo contra la «modernización socialista» (Madrid, Siglo XXI, 2017), y la co-coordinación de la obra colectiva El acceso a los archivos en España (Madrid, Fundación 1º de Mayo / Fundación Largo Caballero, 2019).

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