La reciente sentencia del Tribunal Supremo (STS 187/2026), constituye una nueva victoria para la clase trabajadora en una batalla que nunca debería haber sido necesaria: la de cobrar íntegramente el salario que corresponde por ley. El Alto Tribunal ha confirmado que las diferencias salariales derivadas de una incorrecta retribución de las vacaciones generan, con carácter general, el interés de demora del 10% previsto en el artículo 29.3 del Estatuto de los Trabajadores.
Detrás de la aparente complejidad jurídica del fallo se esconde una cuestión muy sencilla: cuando una empresa paga menos salario del que debe, no puede limitarse a devolver años después lo que dejó de abonar. Debe compensar también el perjuicio causado a quienes han sido privados durante años de una parte de su sueldo.
El caso tiene su origen en las reclamaciones de personal facultativo del Consorci Hospitalari de Vic, integrado en el ámbito del convenio SISCAT. Durante años, la empresa calculó la retribución de las vacaciones excluyendo determinados conceptos salariales, entre ellos el complemento de atención continuada. Como consecuencia, cientos de trabajadores y trabajadoras cobraron menos de lo que les correspondía durante sus períodos de descanso.
La cuestión de fondo conecta con una larga lucha sindical y judicial sobre el verdadero significado de las vacaciones retribuidas. La doctrina europea y la jurisprudencia española han ido consolidando una idea fundamental: durante las vacaciones, el trabajador debe percibir su remuneración ordinaria o media, evitando que el disfrute del descanso suponga una pérdida económica. De lo contrario, el derecho al descanso quedaría vaciado de contenido, ya que muchos trabajadores se verían disuadidos de ejercerlo plenamente.
Lo relevante de esta nueva sentencia es que el Supremo rechaza los argumentos empresariales dirigidos a evitar el pago de los intereses de demora. La entidad hospitalaria sostenía que la complejidad jurídica del conflicto y la evolución de la doctrina sobre vacaciones justificaban una excepción. Sin embargo, la Sala de lo Social recuerda que la regla general es precisamente la contraria: cuando existe una deuda salarial, el interés del 10% se aplica de manera automática.
Esta doctrina tiene una enorme importancia desde una perspectiva obrera. Durante demasiado tiempo, numerosas empresas han asumido que incumplir la legislación laboral puede resultar rentable. Retrasar pagos, interpretar de forma interesada los convenios colectivos o forzar litigios interminables se convierte en una estrategia económica cuando las consecuencias son mínimas. Si finalmente un tribunal obliga a pagar años después exactamente la misma cantidad que se debió abonar desde el principio, el incumplimiento carece prácticamente de coste para el empresario.
El interés de demora existe precisamente para evitar esa situación. Su función no es castigar, sino compensar el perjuicio sufrido por quien ha visto retenido indebidamente su salario. Porque el salario no es una mercancía cualquiera. Es el medio de subsistencia de millones de personas trabajadoras y de sus familias. Cada euro que una empresa deja de abonar en tiempo y forma supone una transferencia de recursos desde quien vive de su trabajo hacia quien obtiene beneficios de él.
La sentencia también desmonta un discurso habitual en determinados sectores empresariales según el cual las controversias jurídicas complejas deberían eximirles de responsabilidades económicas. El Supremo recuerda que la jurisprudencia sobre la retribución de las vacaciones no surgió de la noche a la mañana. Desde hace años existían pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del propio Tribunal Supremo que apuntaban en la misma dirección. No puede alegarse sorpresa cuando lo que ha existido es resistencia a reconocer derechos ya consolidados.
Desde el punto de vista sindical, la resolución fortalece además la utilidad de las reclamaciones individuales y colectivas. Los conflictos colectivos pueden declarar derechos, pero son las demandas posteriores las que permiten recuperar las cantidades adeudadas y exigir los intereses correspondientes. Este aspecto resulta especialmente relevante en sectores donde las empresas han mantenido durante años prácticas salariales contrarias a la normativa.
La decisión del Supremo trasciende, por tanto, el ámbito concreto de las vacaciones retribuidas. Lanza un mensaje más amplio al conjunto de las relaciones laborales: el salario es un derecho fundamental y su impago o pago insuficiente tiene consecuencias. No basta con devolver lo que nunca debió dejar de abonarse.
En un contexto marcado por la pérdida de poder adquisitivo, la precarización del empleo y la creciente presión sobre los servicios públicos, resoluciones como esta recuerdan la importancia de la acción sindical, de la negociación colectiva y de la lucha jurídica para garantizar derechos que con frecuencia las empresas intentan recortar. Cada sentencia favorable es el resultado de años de organización, movilización y resistencia de trabajadores y trabajadoras que se niegan a aceptar que el incumplimiento empresarial salga gratis.
Porque cuando una empresa paga menos salario del debido no está cometiendo un simple error contable. Está apropiándose temporalmente de una parte del fruto del trabajo ajeno y cuando la justicia obliga a devolver ese dinero con intereses, no está concediendo un privilegio a los trabajadores. Está restituyendo una deuda que nunca debió existir.
