Los trabajadores del Metro de Granada han convocado huelga en protesta por la propuesta de nuevo convenio colectivo que la empresa que gestiona el transporte público, Avanza, les ha realizado para su renovación. Este rechazo se va a traducir en un total de cuatro días seguidos con huelga de conductores y personal en las horas punta, además de un quinto día completo de movilización con manifestación esa misma jornada.
Los paros parciales serán todos los días del 11 al 14 de mayo en la considerada hora punta del Metro, en horarios de 07:00 a 09:30 horas, de 13:00 a 15:30 horas, y de 18:30 a 21:00 horas. A estos se le sumará una huelga total el próximo 15 de mayo, durante todo el tiempo de servicio del transporte público (de 06:30 a 23:00 horas), que además incluirá una manifestación de los afectados. Están por determinar los servicios mínimos por parte de la Junta de Andalucía.
Esta huelga se llevará a cabo en plena campaña electoral, justo en la misma semana en la que los granadinos tendrán que acudir a las urnas, lo que inevitablemente añade una dimensión política al conflicto laboral. No se trata solo de una coincidencia en el calendario, sino de un contexto en el que la movilidad, los servicios públicos y las condiciones laborales pasan a formar parte del debate ciudadano. Aunque el servicio de transporte esté gestionado por la empresa Avanza, el Metro de Granada depende directamente de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, integrada en la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía, lo que sitúa la responsabilidad última en la administración autonómica.
Este modelo de gestión responde a una lógica más amplia impulsada durante años por el Partido Popular, basada en la externalización de servicios públicos mediante concesiones a empresas privadas. Bajo este enfoque capitalista, la subcontratación se presenta como una herramienta para mejorar la eficiencia y reducir costes, pero en la práctica ha generado una fragmentación de responsabilidades: la administración mantiene la titularidad del servicio, mientras que la gestión diaria recae en operadores privados. Este sistema diluye la rendición de cuentas y, en muchos casos, repercute en las condiciones laborales de los trabajadores, que pasan a depender de convenios y dinámicas empresariales distintas a las del sector público.
La privatización indirecta o “por capas”, primero mediante concesiones, luego a través de subcontratas y servicios auxiliares, acaba configurando un modelo estructural en el que lo público financia y regula, pero no gestiona directamente. En situaciones de conflicto como una huelga, esta arquitectura se hace especialmente visible: los trabajadores negocian con la empresa concesionaria, mientras la ciudadanía exige soluciones a la administración pública.
Así, el Metro de Granada se convierte no solo en un servicio de transporte, sino en un ejemplo concreto del debate más amplio sobre el papel del sector público, la calidad de los servicios y las consecuencias sociales de los procesos de externalización.
El pasado 27 de abril, la plantilla del Metro, con una participación de casi el 100%, rechazaba la propuesta de nuevo convenio colectivo de la empresa, considerándola «insuficiente e inaceptable», y convocaban la huelga. «Nuestra posición es clara: no aceptaremos migajas, si realizamos el mismo trabajo que en los demás metros de Andalucía, queremos los mismos derechos y el mismo salario. Llegaremos hasta donde sea necesario para luchar por nuestros derechos», han asegurado fuentes sindicales.
En la actualidad, el convenio colectivo de la empresa se encuentra vencido y prorrogado, y la plantilla y la empresa llevan semanas en plena negociación del que sería el tercer acuerdo marco que regule las condiciones de trabajo de los empleados del transporte público granadino.
