Alex Giménez en alexgimenez.substack.com
La Unión Europea ha creado un sistema de sanciones “administrativas” que convierte a periodistas, analistas y ciudadanos disidentes en proscritos financieros, sin juicio previo ni garantías reales de defensa, y eso está erosionando de raíz la libertad de expresión en Europa. Hoy, cualquiera que no repita obedientemente el relato oficial sobre Rusia, Palestina o la OTAN puede descubrir que su cuenta bancaria está congelada, sus bienes bloqueados y su nombre estigmatizado en una lista secreta de Bruselas, sin saber siquiera qué “delito” ha cometido.
De la libertad al estado de proscripción
En los vídeos de Neutrality Studies Español se denuncia que la UE ha resucitado la figura medieval de la “proscripción”: el destierro civil del individuo, convertido en intocable económico y social, pero ahora con formularios de Excel y lenguaje tecnocrático. Las listas de sancionados del Consejo de la UE se deciden en órganos administrativos opacos, donde funcionarios y diplomáticos borran de facto a una persona del sistema financiero sin que medie un tribunal, un fiscal, una vista oral ni una tipificación clara en el código penal.
Pascal Lottaz (Neutrality Studies) explica que se ha pasado de sancionar a oligarcas rusos a incluir a ciudadanos europeos, periodistas y analistas de terceros países, cuyo “delito” es haber hecho observación electoral en Donbass, haber criticado la expansión de la OTAN o haber informado sobre Palestina desde una perspectiva incómoda. En palabras de uno de los entrevistados, no existe ninguna ley que prohíba lo que hicieron, pero aun así se les castiga como si hubieran cometido un crimen gravísimo, creando una inseguridad jurídica absoluta: hoy no hay norma, mañana descubres en X que eres “agente desinformador” de Rusia y tu vida se derrumba.
Cómo funcionan las sanciones contra periodistas
Las “medidas restrictivas” de la UE implican, en la práctica, tres castigos estructurales: bloqueo de todos los fondos y recursos económicos dentro del territorio comunitario, prohibición de que ciudadanos y empresas de la UE les proporcionen apoyo económico y veto de entrada o tránsito por los Estados miembros. Para un periodista o analista, eso significa no poder cobrar honorarios, no poder trabajar con medios europeos, no poder viajar a dar conferencias ni defenderse presencialmente en tribunales, y ver cómo colaboradores y amigos se apartan por miedo a ser también señalados.
En el caso de medios como plataformas propalestinas o considerados “prorrusos”, se describe cómo las sanciones equivalen a una prohibición de facto: pierden cuentas bancarias, anunciantes, alojamiento web y, en algunos casos, se ven obligados a cerrar incluso antes de que la sanción sea oficialmente publicada, por la presión coordinada de gobiernos y grandes medios. Las acusaciones utilizadas son deliberadamente elásticas: “desinformación”, “narrativas desestabilizadoras”, “apoyo a actividades híbridas rusas”, categorías tan amplias que caben en ellas desde un análisis geopolítico crítico hasta un reportaje de campo sobre Gaza que incomode a un gobierno europeo.
Europa: del mito de las libertades a la censura sistémica
Todo esto ocurre en el mismo continente que se vende al mundo como la cuna de las libertades y el Estado de derecho, y que consagró en su Carta de Derechos Fundamentales el derecho a la libertad de expresión y de información. El contraste entre el discurso oficial —reglamentos con nombres nobles como “Ley Europea de Libertad de los Medios” o normas sobre “pluralismo” y “protección de periodistas”— y la realidad de listas negras administrativas donde desaparecen periodistas disidentes, es precisamente lo que subrayan los vídeos de Neutrality Studies como síntoma de un derrumbe silencioso del Estado de derecho.
Mientras la UE proclama que quiere proteger a los medios frente a las grandes plataformas, al mismo tiempo obliga a esas mismas plataformas a censurar contenidos bajo etiquetas como “discurso de odio”, “contenido inadecuado” o “desinformación”, dejando a gobiernos y burócratas un margen casi ilimitado para decidir qué voces se consideran peligrosas. El resultado es una jerarquía de medios “confiables”, que gozan de protección y privilegios, y un subsuelo de medios y periodistas alternativos expuestos a ser degradados, prohibidos o sancionados sin garantías, bajo la narrativa de que se está “protegiendo la democracia”.
Cualquiera puede ser el próximo
Uno de los mensajes más alarmantes que se repite en estas entrevistas es que ya no se trata de sancionar a “enemigos externos” lejanos, sino a ciudadanos europeos perfectamente integrados, académicos, reporteros o youtubers que simplemente sostienen una visión no alineada con la política exterior oficial. El mecanismo es escalofriante: ninguna ley concreta prohíbe tu trabajo, ningún juez te ha condenado, pero un órgano administrativo decide que tus palabras “ayudan a Rusia” o “alimentan la desinformación”, y de la noche a la mañana tu cuenta bancaria se cierra, tus contratos se rompen y tu nombre se asocia públicamente con el de un criminal.
Neutrality Studies insiste en que mañana puede ser cualquiera: un observador electoral independiente, un investigador que cuestiona la narrativa oficial sobre Ucrania, un medio comunitario que denuncia el genocidio en Gaza, un analista que se opone al envío de armas. Si el precedente se consolida, ningún disidente, ningún periodista incómodo, ningún ciudadano que no se ajuste al pensamiento oficial está a salvo de ser cancelado administrativa y económicamente, con su vida reducida a un infierno burocrático sin juicio, sin derecho efectivo a la defensa y sin la más mínima seguridad jurídica.
