El debate en torno al futuro casal o centro cívico de Caldes d’Estrac sumó este lunes 22 de diciembre un nuevo capítulo que, lejos de aportar claridad, ha incrementado las dudas, la desconfianza y la sensación de improvisación.
En un pleno extraordinario, convocado para tratar, entre otras, esta cuestión y en el que inicialmente no se permitían preguntas ni intervenciones ciudadanas, el Ayuntamiento aprobó el inicio del expediente administrativo para la adquisición del inmueble del antiguo restaurante que, desde hace meses, se viene señalando como el futuro equipamiento municipal, por un importe de 300.000 euros.
La aprobación llegó, además, sin que exista ningún proyecto definido, sin memoria funcional, sin estudio de necesidades y sin que se haya explicado qué tipo de reforma se pretende acometer en un local que hasta hace poco funcionaba como restaurante.
A día de hoy, según se desprende de la propia sesión plenaria, no hay proyecto, no hay planos, no hay presupuesto detallado ni se conoce el uso concreto del espacio. En otras palabras, se ha comenzado, como diría el refrán, la casa por el tejado.
La decisión se ha tomado deprisa y corriendo, justo antes de las fiestas de Navidad, en un contexto que muchos vecinos interpretan como poco propicio para el debate sosegado y la participación ciudadana. Resulta especialmente llamativo que el primer paso formal que se apruebe sea la compra del inmueble, sin haber aclarado previamente para qué servirá exactamente ni a quién va dirigido.
El carácter extraordinario del pleno implicaba, en principio, la ausencia de turno de preguntas, lo que reforzó la percepción de un proceso poco transparente. Sin embargo, tras casi tres horas de sesión, y a instancias de los representantes de ERC, se permitió finalmente la intervención de la ciudadanía.
Las intervenciones de la ciudadanía fueron claras y, en muchos casos, contundentes. Durante el turno de palabra se expresaron críticas a la escasa información facilitada hasta la fecha y se reclamaron explicaciones que, según los intervinientes, aún no han sido proporcionadas. Especial atención suscitaron las intervenciones de vecinos que residen en el mismo edificio del antiguo restaurante, quienes plantearon dudas y preocupaciones sobre el impacto directo que la transformación del local podría tener en su vida cotidiana.
Uno de los puntos que más claramente evidencia la desconexión entre el relato institucional y la realidad social del municipio es el papel que se ha atribuido a los pensionistas. Durante mucho tiempo, el antiguo restaurante se ha presentado como el futuro centro cívico pensado, entre otros, para este colectivo. Sin embargo, los propios pensionistas han manifestado de forma reiterada que no consideran el espacio adecuado, que no responde a sus necesidades reales y que nunca han sido consultados de manera efectiva.
Pese a ello, el Ayuntamiento sigue avanzando en una operación que, según la percepción expresada por parte de la ciudadanía, responde más a una oportunidad concreta que a un diagnóstico serio y consensuado de las necesidades sociales del pueblo.
La aprobación del inicio del expediente no es un detalle menor: supone un compromiso político y económico de gran calado, adoptado sin el respaldo de un proyecto claro ni de un consenso social suficiente. Lejos de cerrar el debate, la decisión del pleno del 22 de diciembre lo ha reabierto con más fuerza.
La sensación que queda es la de un proceso acelerado y desconectado de la ciudadanía, en el que primero se compra y después se decidirá qué hacer. Una forma de proceder que, en un municipio pequeño como Caldes d’Estrac, en cualquier caso, genera inquietud.
El futuro del antiguo restaurante sigue siendo una incógnita. Lo único claro, tras el último pleno, es que el conflicto está lejos de resolverse y que muchos vecinos seguirán preguntándose por qué, una vez más, las decisiones importantes se toman sin explicar el para qué, el cómo y el cuánto.
