Fuentes sindicales afirman que llevan tiempo reclamando a la empresa que pusiera fin a una práctica abusiva, al entender que el personal afectado no tiene las funciones de limpieza de las instalaciones, ni recibe compensación alguna por ello, siendo un trabajo diferente.
Según el sindicato CIG, se trata de labores ajenas al contenido funcional de las posiciones que ocupan los trabajadores afectados y que definidos por el convenio colectivo, además de que no están amparadas por ninguna instrucción ni protocolo de seguridad.
Ya en julio de 2024 la Inspección de Trabajo levantó acta de sanción contra Froiz tras una denuncia presentada por la CIG. En aquel momento se consideró que la empresa había incurrido en una infracción grave de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, proponiendo una multa que ascendía a 7.500 euros. El informe señala que los trabajadores afectados carecían de formación en tareas de limpieza, ni existía evaluación de riesgos específica ni medidas preventivas adecuadas, lo que se traduce en un riesgo grave para la salud laboral. El Tribunal Superior de Justicia de Galicia ahora confirma estas conclusiones al determinar que el personal no está obligado a realizar labores de limpieza, porque tales funciones no tienen cabida en la clasificación profesional regulada por el convenio colectivo que rige el sector. La sentencia subraya además que la empresa no había llevado a cabo una adecuada evaluación de riesgos, ni adoptado las correspondientes medidas preventivas para evitar contagios o contaminaciones en los casos del personal de carnicería o pescadería, que podrían pasar de hacer la limpieza de los baños a manipular los alimentos sin garantías sanitarias.
En uno de los aspectos más relevantes de su resolución, el tribunal gallego aplica también una perspectiva de género. El fallo recuerda que la plantilla de Distribuciones Froiz está feminizada, y que el personal afectado por esta medida empresarial también es mayoritariamente femenino. Según la fundamentación jurídica, la decisión empresarial, “que en principio podría parecer neutral, supone en realidad una discriminación indirecta por razón de sexo, en virtud del artículo 6.1 b) de la Ley 15/2022, ya que afecta sin una justificación suficiente a las mujeres”.
El tribunal añade que la medida no respeta la dignidad del trabajo de limpieza, ya que impone esas funciones sin cobertura legal en la movilidad funcional y sin cumplir las exigencias mínimas en materia de prevención de riesgo laborales lo que vulnera la igualdad de trato y perpetúa una visión desfasada de división de trabajo por sexo dentro de la empresa. Asimismo, la resolución indica que las decisiones empresariales sobre la organización del trabajo deben respetar los principios de proporcionalidad y equidad, y que no es posible imponer funciones distintas sin negociación, formación ni compensación económica, especialmente cuando afectan a colectivos concretos de trabajadoras.
En este sentido, el Tribunal recalca que los cambios en las condiciones laborales requieren una justificación objetiva y razonable, y que en este caso no fue acreditada. La CIG ha instado a Distribuciones Froiz a acatar la sentencia del TSXG y a poner fin a lo que considera una movilidad funcional inadecuada. El sindicato manifiesta que esta práctica no solo incumple la normativa laboral y de prevención, sino que reproduce estereotipos de género sexistas al asignar tareas de limpieza a las mujeres.
El sindicato denuncia que el objetivo último de la empresa con esta medida era incrementar su margen de beneficios evitando contratar personal de limpieza. En palabras de la organización sindical, se trata de una estrategia de ahorro de costes que repercute negativamente en las condiciones laborales de la plantilla y que pone en riesgo la seguridad y la salud de las trabajadoras. CIG ya había alertado en numerosas ocasiones de que esta práctica era llevada a cabo de forma desigual en distintos establecimientos y que los mandos intermedios recibían indicaciones de exigir estas tareas a sus empleadas, aun sabiendo que no correspondían a su categoría profesional. La organización sindical también ha avanzado que instará al cumplimento de la sentencia a través del traslado de la misma a la Inspección de Trabajo, con el fin de que se vigile su cumplimiento y se eviten posibles represalias. En caso de que la empresa persista en la práctica, la CIG advierte que exigirá la ejecución forzosa del fallo por vía judicial.
En uno de los aspectos más relevantes de su resolución, según la fundamentación jurídica, la decisión empresarial, “que en principio podría parecer neutral, supone en realidad una discriminación indirecta por razón de sexo, en virtud del artículo 6.1 b) de la Ley 15/2022, ya que afecta sin una justificación suficiente a las mujeres”.








