Por Ácrato Ruíz
Trabajadores de la empresa Aula Intercultural, empresa consultora especializada en servicios lingüísticos, denuncian abusos laborales en un ente que presta servicios a organismos del Estado.
Un grupo de personas trabajadoras ha decidido hacer pública una situación de abuso laboral sostenido en el tiempo por parte de una empresa subcontratada por distintas instituciones del Estado. Según relatan, la empresa —dedicada a la enseñanza de idiomas— cesa sistemáticamente a su personal en los meses de verano para evitar el pago de vacaciones. En septiembre, vuelven a contratar a nuevas personas, o en ocasiones a las mismas, pero sin continuidad contractual ni derechos reconocidos.
“Cuando llega el final del curso, simplemente no renuevan. Y si te vuelven a llamar, es como si empezaras de cero. Sin antigüedad, sin vacaciones pagadas, sin estabilidad”, explican.
Lo más preocupante, subrayan, es que esta empresa trabaja directamente para organismos públicos de primer nivel: Correos, el Banco de España, la Guardia Civil, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.
Una práctica conocida y tolerada
Las personas afectadas aseguran que esta dinámica es conocida por algunas personas funcionarias vinculadas a estos organismos, quienes han expresado preocupación en más de una ocasión. Aun así, la situación no ha cambiado. “La empresa sigue recibiendo contratos. Es como si nadie quisiera mirar lo que ocurre con quienes sostenemos el trabajo diario”, lamentan.
La sustitución estacional del personal, sin reconocer continuidad ni derechos adquiridos, no solo precariza las condiciones laborales, sino que pone en entredicho la responsabilidad de las administraciones a la hora de supervisar a las empresas que contratan con fondos públicos.
Precariedad financiada con dinero público
El personal afectado imparte clases de idiomas en contextos públicos, muchas veces dirigidas a personas funcionarias o en formación en instituciones del Estado. A pesar de estar al servicio de lo público, quienes realizan esa labor lo hacen en condiciones laborales frágiles, sin vacaciones pagadas ni garantías mínimas.
“Formamos a personas que trabajan en organismos del Estado. Pero quienes damos esas clases no tenemos ni los derechos más básicos. Es una contradicción que debería hacer reflexionar a quienes gestionan estos contratos”, afirman.
