¿Realmente ha aumentado el número de mujeres violadoras en España?

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Por Karina Castelao

Hace unos días amanecimos con la noticia de que en Dos Hermanas un individuo había sido detenido por intentar envenenar a su mujer con, supuestamente, químicos de piscina. La pareja estaba en trámites de divorcio pero seguían conviviendo juntos y tenían un hijo de corta edad. Pero lo más sorprendente del asunto (y digo sorprendente porque que un individuo intente o logre asesinar a su pareja o expareja ya no es una sorpresa) es que el hombre había realizado con anterioridad al crimen el cambio de sexo en el Registro Civil.

Obviamente no fui yo la única que pensé que este hombre tenía planeado envenenar a su mujer hasta matarla y que hizo el «cambio registral de sexo» para eludir los agravantes de género de la Ley Integral de Violencia de Género si al final era detenido y procesado.

Es decir, un individuo había planificado el asesinato de su mujer con tal premeditación y alevosía que se había valido de una ley fraudulenta como lo es la Ley Trans para falsear sus datos en el registro civil respecto a su sexo y conseguir por tanto, en caso de ser detenido y procesado, que no le fueran aplicados los agravantes de género durante el juicio y así obtener una condena menor o evitar la cadena perpetua revisable. Es como si por ejemplo hubiera una ley que permitiera cambiar la fecha de nacimiento en el registro civil y alguien hubiera atrasado la suya hasta ser mayor de 70 años para que se le acelerara el tercer grado en caso de ser condenado a cárcel tras cometer un crimen.

Que la opresión que sufren las mujeres es por sexo real o biológico -no por «sexo» como concepto legal como permiten las leyes trans- , o mejor dicho, por el diferencial sexual entre hombres y mujeres y que es la raíz del patriarcado, es algo que a estas alturas del partido no debería de ser necesario explicar ya que hasta hace unos años diferenciar ambos conceptos sería redundante: toda mujer era biológicamente hembra de la especie humana y legalmente de sexo femenino (salvo escasísimas excepciones).

Es decir, todas y cada unas de las situaciones de opresión o discriminación que sufrimos las mujeres tienen su raíz en nuestra biología de mujer y en nuestra capacidad reproductiva: desde el techo de cristal hasta la brecha salarial, producto ambas discriminaciones de los prejuícios sobre la incompatibilidad de nuestro rol materno con el profesional. Desde la violencia sexual a la violencia de género, producto ambas de la jerarquía sexual que sitúa a las mujeres como una pertenencia para el uso y disfrute de los hombres. Desde la violencia obstétrica que nos aparta de nuestros propios procesos fisiológicos a la invisibilidad sanitaria con la escasa o nula investigación médica sobre el cuerpo de las mujeres. Desde la prostitución a la mal llamada “gestación subrogada” que relega nuestros cuerpos -y por ende a nosotras mismas- a ser meros objetos para su explotación (como las minas o los pozos petrolíferos).

En resumen, que hasta hace poco todo el mundo tenía claro lo que era una mujer y la desventaja que ello suponía en un mundo de hombres. Y por esa razón, y nada más que por esa razón era por la que países como el nuestro promulgaban leyes y normas que pretendían compensar esas desventajas reflejadas en desigualdades estructurales y así paliar sus efectos, como lo fueron la Ley Integral de Violencia de Género o como las medidas de discriminación positiva y equidad laboral o los agravantes de género en los delitos de carácter sexual.

Y ¿en qué se han fundamentado siempre esas leyes? Pues en datos. Organismos como el Instituto Nacional de Estadística recoge los datos de, por ejemplo, el número de asesinatos a mujeres cometidos por hombres (que son casi la totalidad de los asesinatos a mujeres) y señala que de ellos más de la mitad son prepetrados por sus parejas o exparejas. Esas cifras repetidas en el tiempo marcan tendencias y a partir de esas tendencias se crean patrones y se redactan informes que sirven a los legisladores para establecer medidas y promulgar leyes cuya finalidad es evitar tales crímenes, proteger a las posibles víctimas y sancionar a los criminales. Y así es como nacen leyes como la Ley Integral de Violencia de Género o, como dijimos anteriormente, se establecen agravantes de género en las leyes contra la Libertad Sexual.

Unas semanas atrás Nuria Lorca (@Nurwad80) subió en la red social X los pantallazos de las tablas correspondientes a los datos de los detenidos e investigados según tipología delictiva, sexo y edad en el Informe sobre Delitos contra la Libertad Sexual en España, que elabora el Ministerio de Interior, de entre los años del 2019 al 2023. Y resulta que tales datos mostraban una tendencia preocupante. El número de mujeres que habían cometido agresiones sexuales con penetración en dicho periodo había aumentado de 25 casos en el año 2019 a 174 en el año 2023. Es decir, que en los últimos cuatro años el porcentaje de mujeres que habían agredido sexualmente con penetración a otras mujeres y niñas (y puede que a algún niño u hombre) se había incrementado en un 700%

Las actos por las cuales una mujer puede ser acusada de agresión sexual con penetración han sido tradicionalmente dos. O bien la agresora había introducido la mano o un objeto dentro de las partes íntimas de la víctima o bien había sido colaboradora necesaria mientras otro lo hacía, por ejemplo, inmovilizando a la persona agredida.

Pero resulta que ya desde el año 2007 hay una tercera causa por la cual una mujer puede ser acusada de haber penetrado sexualmente contra su voluntad a otra persona, y es que la Ley Trans promulgada ese año permitía que las «mujeres trans» conservaran intactos los genitales, con lo que una «mujer trans», legal y estadísticamente «mujer», podría realizar la agresión sexual con penetración con su pene.

A esta posibilidad, que supongo se daría pero no de forma alarmante, hay que unir que ya desde el año 2021 la mayoría de las comunidades autónomas españolas habían aprobado leyes trans autonómicas que contemplaban la autodeterminación de género que eliminaba de facto cualquier requisito para la concesión del cambio de sexo registral por parte de un juez, con lo que personas nacidas varones autodeterminados mujeres pero sin ninguna modificación física, serían considerados a efectos estadísticos de sexo femenino en caso de haber cometido agresiones sexuales con penetración hacia otras personas. Curiosamente el Ministerio de Interior recoge para el año 2022 en el citado informe un total de 140 agresoras sexuales con penetración, lo que supone 5 veces más de casos ya que en el año 2019.

Pero el mayor incremento de casos sucede en el año 2023, año en el que en marzo se aprueba la nueva Ley Trans que contempla plenamente la autodeterminación de sexo y que ha supuesto una avalancha de cambios de sexo registral, muchos de los cuales han sido efectuados por nacidos varones a mujer y que, obviamente, no han modificado en nada ni su aspecto ni su corporeidad. El incremento de casos de agresiones sexuales con penetración cometidos por mujeres con respecto al 2019 se ha multiplicado por 7, y un 30% respecto al año anterior.

Sé que correlación no implica causalidad pero hace la casualidad sospechosa. Y yo sospecho, como muchas de las personas que me estáis leyendo, que el desorbitado incremento de mujeres agresoras sexuales con penetración del último año obedece principalmente al incremento de «mujeres con pene» o bien al incremento de agresores sexuales masculinos que han conseguido falsear sus datos referidos al sexo registral para así poder eludir los agravantes de género a la hora de ser juzgados por violación. Exactamente lo mismo que hace sospechosas las motivaciones del cambio de sexo registral del feminicida frustrado que intentó asesinar a su mujer por envenenamiento y de quien he hablado al principio de este artículo.

Y ¿qué ocurrirá con los datos estadísticos si aumentan año a año el número de agresoras sexuales con pene? Que dejarán de marcar la tendencia que da lugar al patrón mediante el cual se han establecido los agravantes de género en las leyes. O lo que es lo mismo: si cada vez se aproxima más el número de mujeres violadoras al de hombres violadores, el agravante por razón de género pasaría a ser innecesario o incluso, discriminatorio. Del mismo modo, si cada día se aproxima más el número de mujeres al de hombres que agreden y finalmente asesinan a sus parejas o exparejas, será todo violencia intrafamiliar o doméstica y acabarán desapareciendo los protocolos VIOGEN, los agravantes de género en las medidas punitivas y los Juzgados de Violencia contra la Mujer.

Las sucesivas leyes trans estatales y autonómicas han permitido que no haya que hacer absolutamente nada para realizar el cambio de sexo registral, solo solicitarlo y ratificarlo en 3 meses. Por tanto, ahora el diferencial biológico entre hombres y mujeres ha perdido toda relevancia legal, lo que supone que las leyes elaboradas para proteger o compensar a las mujeres en base a ese diferencial están camino de dejar de tener razón de ser y por tanto, abocadas a su desaparición.

La autodeterminación de sexo registral ha sido la jugada maestra del patriarcado para desmantelar toda la legislación feminista en nuestro país. Esas tan cacareadas 400 y pico leyes o normas que nos “favorecen” a las mujeres y que están basadas en la desigualdad estructural entre hombres y mujeres y cuya finalidad es compensarla, serán papel mojado si solo una solicitud en el registro y una espera de un trimestre hacen que se puedan acoger a ellas cualquier persona sea del sexo biológico que sea.

En cualquier caso, la opinión pública tiene derecho a saber si esas 174 “mujeres” violadoras han usado su pene para violar o por el contrario tales actos obedecen a una repentina oleada de violencia sexual femenina de la cual habría que averiguar las causas. No vaya a ser que al final, como siempre, las mujeres estemos cargando con culpas que no nos corresponden. 

1 COMENTARIO

  1. La increíble noticia sobre mujeres violadoras, que difunden los medios, responde a esa falacia que son las leyes trans, por las que cualquier pesona se autodetermine su sexo. Y decimos falacia porque el sexo es imposible de cambiar a pesar de que una Ley lo permita. Entonces, esas estadísticas de mujeres violadoras, son eso cifras engañosas: que pesadilla!!

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