Antonio Gil
El juicio que desde enero está teniendo lugar en la Audiencia de Sevilla contra la antigua cúpula de UGT en Andalucía entra en su recta final.
Al sindicato se le acusa de hacer uso de facturas falsas no solo para las ayudas autonómicas para la formación de personas desempleadas, sino para todo tipo de fondos. Están acusados el ex-vicesecretario de Organización y ex-secretario general Francisco Fernández; el ex-secretario general de Administración, Federico Fresneda; la ex-secretaria de Gestión Económica, María Charpín; la ex-responsable del departamento de Compras, Dolores Sánchez; y el consejero delegado de Soralpe I Mas P Asociados S.L. (sociedad satélite del sindicato), Enrique Goicoechea.
Este pasado miércoles ha sido el turno de la exposición del informe final de la fiscalía anticorrupción, que considera que existen “indicios sobrados” de que los encausados implantaron un “mecanismo de facturación falsa para defraudar a la Administración” autonómica; para ello, una serie de proveedores generaban estas facturas para cargarlas a las subvenciones para cursos de formación por “conceptos que no respondían” a la realidad. Además, dichos proveedores aplicaban descuentos al sindicato por determinados volúmenes de compra con cargo a las ayudas de la Junta de Andalucía durante periodos concretos, descuentos que no se comunicaban a la administración, que debía fiscalizar estos fondos públicos.
Según la fiscalía, tanto estos “instrumentos de bote” como los descuentos o “rápel” se usaron de forma genérica, no solo para las ayudas a los cursos de formación, convirtiéndose en una herramienta “transversal”, llegando incluso a costearse “fiestas” con cargo a los fondos públicos.
En base a esto, la fiscalía estableció de forma definitiva sus peticiones de pena en siete años y multa de 50 millones de euros para cada uno de los acusados. También solicita la imposición de una indemnización, conjunta y solidaria, de 40,7 millones de euros (equivalente a la cantidad supuestamente defraudada) a la Junta de Andalucía, más otros 4,2 millones de euros adicionales a la responsable del departamento de Compras.
A estos argumentos se sumaron las acusaciones particulares de la Junta de Andalucía y el Partido Popular. El siguiente turno en esta recta final del juicio corresponde a las defensas, que deberán presentar sus conclusiones los días 5 y 6 de junio.
