Los países que han suspendido la vacunación con AstraZeneca han ido cayendo como fichas de dominó, llegando ayer el turno de Alemania, Francia y España. El anuncio de la Ministra de Sanidad, Carolina Darias, a media tarde, dejó en el limbo de miles de trabajadores del grupo 6, algunos de los cuales recibieron la noticia de la suspensión mientras hacían cola en los centros de vacunación.
Este grupo incluía a trabajadores docentes y no docentes de centros educativos de infantil, primaria, secundaria y educación especial, a trabajadores de servicios de emergencia y a personal de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y fuerzas armadas, que no obstante, han sido testigo de cómo los altos mandos se han saltado el orden de vacunación cómo y cuándo han querido.
La Unión Europea no ha sido capaz de tomar una posición común, sino que han sido los estados miembro quienes han ido tomando las decisiones, confirmando que en lo único que se ponen de acuerdo es en las directivas que permiten una mayor explotación de los trabajadores de estos países, pero que cuando los intereses de los monopolios, en este caso grandes farmacéuticas, entran en juego, las contradicciones internas en esta alianza interestatal entran en conflicto.
El resultado es que la suspensión de 15 días, por el momento, de la vacunación deja en la mayor incertidumbre a quienes ya han recibido una primera dosis, a completar con la segunda en 10-12 semanas, y a quienes aun estuvieran a la espera del primer pinchazo.
La salud de la población es algo demasiado importante como para dejar en manos de un puñado de grandes empresas la necesidad de vacunación. La pandemia ha vuelto a demostrar cómo nuestra salud es secundaria frente a la necesidad del capital de mantener la producción y distribución de mercancías a toda costa, al fin y al cabo, en sus presupuestos y balances somos una mercancía más.
