No cabe equidistancia alguna en la atribución de responsabilidades: el único responsable directo de esta tragedia es la dictadura alauita, que abrió deliberadamente sus fronteras para presionar al Estado español sabiendo que condenaba a miles de personas a la muerte o a la deportación. Centrar el debate como si la cuestión de fondo fuera una disputa simétrica entre dos nacionalismos igualmente condenables, oscurece el hecho de que aquí hay un agresor y una víctima, un régimen que utiliza a su propia población como arma de guerra y un Estado que, pese a sus contradicciones internas, se ha visto desbordado por una operación de chantaje criminal. La denuncia legítima del nacionalismo españolista no puede servir de coartada para diluir la responsabilidad de la monarquía marroquí y de sus padrinos imperialistas.
El Reino de Marruecos no es un actor pasivo ni una víctima de las contradicciones del capitalismo periférico. Es un Estado agresor que ha construido su legitimidad interna sobre la represión de los pueblos amazigh y saharaui, la explotación brutal de su clase obrera y la proyección exterior de un irredentismo expansionista que reivindica territorios ajenos como propios. La monarquía alauita, lejos de representar los intereses del pueblo marroquí, constituye el núcleo orgánico de una burguesía compradora profundamente articulada con el capital transnacional y con los aparatos de seguridad imperialistas.
Geopolítica del Estrecho
El papel de la Unión Europea en esta crisis ha sido vergonzoso. Los gobiernos reaccionarios que dominan actualmente las instituciones comunitarias han demostrado una vez más que su concepto de solidaridad europea se reduce a la defensa de los intereses del capital monopolista y a la externalización de la represión hacia los países de la periferia. Lejos de condenar la agresión marroquí, Bruselas ha optado por el silencio cómplice o por la tibia llamada al diálogo. La Comisión Europea y los gobiernos de las principales potencias comunitarias no solo no han exigido responsabilidades a Rabat, sino que han incrementado los fondos destinados al control migratorio, reforzando el papel de Marruecos como gendarme delegado de la fortaleza europea.
Y no sólo eso. Sospechosamente, pocas horas después del ataque, veintidós líderes europeos se coordinaron a una velocidad pasmosa, para los tiempos que normalmente tienen las instituciones europeas, y suscribieron una carta dirigida contra España para exigir un mayor control en las fronteras exteriores y una revisión de la aplicación del Espacio Schengen. Esta maniobra, sin duda planificada con mucha antelación, desplazaba la responsabilidad desde el agresor hacia la víctima, presionando al Estado español al tiempo que beneficiaba objetivamente a los intereses de Marruecos y de sus aliados imperialistas.
La doble vara de medir resulta especialmente escandalosa cuando se contrasta con la actitud de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ante otros conflictos. Mientras la señora Von der Leyen se da mucha prisa en condenar y señalar a Rusia por supuestos «ataques híbridos» (que muchos consideran maniobras de falsa bandera para justificar una escalada bélica contra la Federación Rusa), ante este evidente ataque híbrido de Marruecos contra un país de la Unión Europea ha preferido recompensar al agresor.
Para Washington y Tel Aviv, que han convertido a Marruecos en su principal aliado regional en el Magreb, el debilitamiento de la posición española no es un efecto indeseado, sino un objetivo estratégico explícito. Esta alianza tripartita se consolidó con los Acuerdos de Abraham de 2020, impulsados por Washington. A cambio de que Marruecos normalizara sus relaciones y estrechara su cooperación militar y de inteligencia con Israel, Estados Unidos reconoció formalmente la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental, blindando así a la dictadura alauita como su principal socio estratégico y gendarme en el Magreb. De ahí que, hace poco, un comité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos incluyera en un informe presupuestario de abril de 2026 una mención que describía a Ceuta y Melilla como ciudades administradas por España pero situadas en territorio marroquí. No es una casualidad diplomática: es la confirmación de que las dos ciudades se han convertido en objetivo declarado del anexionismo marroquí bendecido por el imperialismo norteamericano.
Conviene recordar, en este sentido, que el expansionismo de la dictadura alauita no se limita a Ceuta y Melilla sino que reivindica de modo expreso la anexión de Canarias, presentándola como parte de una supuesta «patria marroquí» que abarcaría también el Sáhara Occidental, Mauritania, parte de Argelia y el norte de Malí.
En el plano interno del Estado español, la actitud de la derecha y la ultraderecha española ha sido vomitiva. Lejos de denunciar la agresión marroquí, PP y Vox han utilizado la tragedia para atacar al Gobierno de coalición y para agitar el discurso del miedo y la xenofobia. No ha habido en su discurso una sola palabra de condena del Reino de Marruecos, ni una sola exigencia de responsabilidades a los verdaderos culpables. La traición de estos patriotas de hojalata es también una traición de clase: el Partido Popular y Vox representan los intereses de la burguesía monopolista y de los sectores más reaccionarios del capital financiero, que no tienen ningún interés en enfrentarse a la monarquía marroquí ni a sus aliados imperialistas. Su españolismo es pura hipocresía: una cortina de humo ideológica para ocultar su subordinación a los mismos intereses imperialistas que hoy utilizan a la dictadura alauita como ariete contra el Estado español.
Junto a la traición explícita de la derecha, es preciso señalar el papel timorato de un PSOE demasiado ligado a la OTAN y a la Unión Europea para tener el valor de defender a las poblaciones de Ceuta y Melilla. No se trata de equiparar al Partido Socialista con la ultraderecha ni de negar las diferencias que existen entre ambos bloques. Se trata de constatar una limitación estructural: el PSOE, en tanto formación integrada en el bloque de poder atlantista y europeísta, carece de la autonomía política necesaria para plantear una salida soberana a la crisis. Su subordinación a las alianzas militares y económicas heredadas del régimen posfranquista le impide adoptar una posición firme frente al chantaje marroquí.
El esperpento alcanza su máxima expresión cuando se observa la pirueta retórica de Pedro Sánchez ante la crisis: capaz de señalar a Israel y a Rusia (a saber lo que se le ha perdido a Rusia en Ceuta), pero absolutamente incapaz de nombrar a Marruecos como responsable de la agresión, y mucho menos de denunciar a esos Estados Unidos que se han ofrecido a «mediar en el conflicto de Ceuta y Melilla», dando a entender con ello que se trata de un territorio en disputa. La omisión de Marruecos y de Estados Unidos en las declaraciones de Sánchez no es un descuido: es la expresión de una posición de clase que antepone la lealtad a la OTAN y al imperialismo a la defensa de la soberanía popular y de la vida de los trabajadores.
Autodeterminación y cuestión nacional
La tradición leninista del movimiento comunista internacional, lejos de negar la cuestión nacional, la consideró siempre como un momento necesario de la estrategia revolucionaria. El derecho de autodeterminación de los pueblos, incluido el derecho a la separación política, fue defendido por los bolcheviques como un principio irrenunciable del internacionalismo proletario, y su aplicación práctica en la construcción de la Unión Soviética demostró que solo mediante el reconocimiento efectivo de la plurinacionalidad es posible superar las divisiones artificiales impuestas por la burguesía.
Desde esta perspectiva, la cuestión de Ceuta y Melilla deja de ser un simple contencioso territorial entre dos Estados para convertirse en un problema democrático. Las dos ciudades no son enclaves geográficos en disputa, sino formaciones sociales complejas. Su población constituye un sujeto histórico diferenciado que solo mediante el ejercicio efectivo del derecho de autodeterminación puede romper la jaula geopolítica en la que se las pretende confinar. Ceuta y Melilla deben ser lo que sus ciudadanos quieran. Ellos son los únicos legitimados para decidirlo. Y nadie más.
Pero, en el Estado español, la formación histórica de la monarquía borbónica y de su continuación posfranquista se ha basado en la negación sistemática de la realidad plurinacional del territorio. Defender la autodeterminación de Ceuta y Melilla implicaría, por coherencia interna, defender también el derecho de autodeterminación de Cataluña, del País Vasco, de Canarias o de cualquier otra nacionalidad del Estado español que pueda llegar a reclamarla. Y es evidente que el régimen de 1978, no puede permitirse esa coherencia..
