Por María Loureiro (profesora de Educación Secundaria e integrante de DoFemCo)
Artículo previamente publicado en galego en Praza Pública en este enlace
La explotación reproductiva recibe denominaciones muy diversas. Conviven expresiones tan distintas como «gestación subrogada», «vientres de alquiler», «gestación por sustitución», «maternidad subrogada», «gestación altruista» o «reproducción colaborativa». ¿Por qué tantas?
Con los nombres se decide lo que se ve y lo que se deja de ver. Cada término realiza una operación distinta sobre la percepción social, pero todas contribuyen a legitimar la explotación reproductiva.
La primera operación fragmenta el organismo y aísla su capacidad reproductiva. Las mujeres aparecen como portadoras de óvulos para donar y de vientres para alquilar, como si los procesos reproductivos se pudieran separar del resto del cuerpo. La evidencia científica muestra que el embarazo reorganiza el cuerpo completo de la mujer y establece una continuidad biológica y emocional con el bebé. La propia expresión «vientres de alquiler» reproduce esa fragmentación al presentar el útero como una pieza separable del resto de la mujer: un cuerpo que se deshace en partes para poder cotizar en el mercado.
Sobre ese organismo fragmentado actúa la operación de reducir a la mujer a su función reproductiva. Expresiones como «persona gestante» o el anglicismo «gestational carrier» borran a la mujer y a la madre, contribuyen a reducirla a un mero instrumento y dejan de reconocerla como sujeto de derechos. Solo importa la función.
Desaparecida la mujer como sujeto y, con ella, la madre, el embarazo se transforma en un mero procedimiento técnico. Tratar esta práctica como una «técnica de reproducción asistida» o un «tratamiento» traduce una experiencia humana integral al lenguaje clínico. Esta asepsia verbal presenta el embarazo y la separación programada entre madre y bebé como partes de un protocolo sanitario, enmascarando la violencia que implica bajo la apariencia de una supuesta neutralidad médica.
Tecnificada esta práctica, resulta más fácil traducirla al lenguaje jurídico. Contradiciendo el principio de que ningún ser humano puede ser objeto de comercio, conceptos como «gestación por sustitución», «gestación subrogada» o incluso los relativos a la filiación ocultan esa vulneración y dirigen el debate hacia la regulación de un acuerdo. La defensa de los derechos humanos de las mujeres y de los bebés desaparece y se sustituye por la determinación de los derechos y obligaciones de las partes.
La mercantilización también se oculta a través del lenguaje: presenta el encargo de bebés como una mera transacción y esconde la industria que la sostiene. Mediante un contrato, el embarazo se convierte en el «servicio» y el bebé es tratado como un producto, aunque sus promotores nunca lo llamen así. Desaparecen las clínicas, las agencias, los bufetes y los beneficios económicos. El relato público disfraza la condición de compradores mediante expresiones como padres «de intención», «comitentes» o «solicitantes» y sustituye el pago por fórmulas como «compensación resarcitoria», «compensación por los gastos» o «compensación por molestias», expulsando del relato la compraventa y las condiciones materiales de la explotación de las mujeres.
Una operación decisiva invierte la carga moral de la práctica. El lenguaje la reviste de «altruismo», «solidaridad» o «generosidad», al tiempo que apela a conceptos como «proyecto parental» o «libertad reproductiva» para elevar el «deseo reproductivo» a fundamento único y suficiente de la filiación. Además, se blinda frente a la crítica al presentarse como una expresión de la «diversidad familiar»: la explotación se transforma en un acto de «empatía» y la crítica se convierte en una muestra de «insensibilidad», «intolerancia» o «subrofobia».
El lenguaje eufemístico del mercado se combate nombrando con claridad: explotación reproductiva de las mujeres, mercado reproductivo y, directamente, compraventa de bebés. Nombrar esta realidad es un acto político, intelectual y ético porque determina lo que podemos ver, comprender y juzgar. Defender la precisión de la lengua es el primer acto de resistencia frente a la industria de la mercantilización humana.








