Por Belén Sanz Barbero (Presidenta de la A.T. Madrid – Castilla La Mancha del Partido Feministas al Congreso)
El pasado 2 de julio 2026, la Asamblea de la Madrid aprobó con el voto a favor del PP y Vox, la Ley de Reconocimiento del Concebido de la Comunidad de Madrid, también conocida como ley del «concebido no nacido”. Esta ley reconoce al “concebido no nacido” como miembro de la unidad familiar a efectos de IRPF, así como en el acceso determinadas ayudas, becas y beneficios fiscales, adelantando el acceso a estos recursos desde el embarazo. Cuatro días después, Alberto Núñez Feijóo prometió aprobar si llega a La Moncloa una ley nacional similar a la aprobada en la Asamblea de Madrid. Estas medidas legislativas suponen un paso más en el desarrollo de políticas familiares que ponen el acento en el aumento de la natalidad y en el reconocimiento institucional del embarazo, mientras deja en un segundo plano las condiciones materiales que permiten a las familias criar, trabajar y desarrollar un proyecto de vida en igualdad.
El principal problema de esta ley no es que se apoye económicamente a las mujeres embarazadas o a las familias. Cualquier medida que reduzca la vulnerabilidad económica durante la gestación puede resultar positiva. El problema es que esta iniciativa se presenta como una respuesta para fomentar la natalidad sin abordar las causas estructurales que la dificultan.
La experiencia cotidiana de miles de mujeres demuestra que el problema no radica en la falta de reconocimiento administrativo del embarazo, sino en la insuficiencia de recursos para conciliar empleo, cuidados y vida personal. Las dificultades para acceder a escuelas infantiles públicas, los horarios laborales poco compatibles con la crianza y la persistencia de una distribución desigual de los cuidados siguen condicionando la vida de las mujeres y coartando sus proyectos vitales. En este contexto, la experiencia nos dice que promover nacimientos sin reforzar los servicios públicos, trasladará la responsabilidad de los cuidados al ámbito privado y, en particular, a las mujeres. Probablemente la presidenta de la Comunidad Madrid, no solo lo sabe, sino que lo aprueba.
Resulta paradójico que se otorgue una gran relevancia política y simbólica al “concebido no nacido” mientras muchas necesidades de la infancia “ya nacida” continúan insuficientemente atendidas. A esta contradicción se suma otra especialmente grave: la insuficiente protección de menores cuyas madres son víctimas de violencia machista. Aunque las leyes reconocen a estos niños y niñas como víctimas directas de la violencia de género, siguen existiendo carencias en la atención psicológica especializada, en los recursos dedicados a su recuperación y en las medidas de protección a medio y largo plazo. Sabemos que en ocasiones las y los menores son separados de sus madres o forzados a mantener vínculos con padres denunciados o condenados por violencia contra ellas, priorizando un supuesto derecho de relación paternofilial sobre la protección efectiva de la infancia y de las mujeres. Resulta profundamente contradictorio que las instituciones aprueben una ley para proteger a las y los no nacidos mientras las criaturas nacidas se ven expuestas a situaciones de violencia, desprotección o revictimización institucional. Una política verdaderamente comprometida con la infancia debería garantizar que ninguna niña o niño sea apartado de su madre para ser entregado a un padre maltratador, poniendo siempre en el centro el interés superior del menor, su seguridad y su bienestar emocional.
También llama la atención la escasa prioridad que reciben otros riesgos que afectan de manera alarmante a la infancia y a la adolescencia. El acceso cada vez más temprano de las y los menores a contenidos pornográficos a través de internet constituye una preocupación creciente para familias, docentes y profesionales de la salud. Sin embargo, las respuestas institucionales son insuficientes o nulas. A ello se suma la falta de una educación afectivo-sexual que promueva la igualdad entre mujeres y hombres, el respeto, el consentimiento y la construcción de relaciones saludables. Mientras se aprueba una ley que reconoce al “concebido no nacido”, niños, niñas y adolescentes continúan teniendo en la pornografía una “fuente de aprendizaje” que les hace confundir la violencia con la sexualidad. Esta realidad supone una grave desprotección de la infancia, ya que favorece la normalización de relaciones marcadas por la desigualdad, la violencia sexual y la cosificación de las mujeres.
Resulta también contradictorio que las instituciones protejan al “concebido no nacido” mientras promueven protocolos educativos que interpretan expresiones de malestar con los estereotipos de género en las y los adolescentes, como señales de “haber nacido en un cuerpo equivocado”. Los centros educativos de la Comunidad de Madrid facilitan procesos de transición social de menores sin una participación plena de las familias en lugar de proveer de atención psicológica especializada que explore el origen de ese malestar con las imposiciones sociales del género. El personal sanitario de “las unidades de género” prescriben bloqueadores de la pubertad a los y las menores que presentan estos malestares con sus cuerpos, fármacos prohibidos en otros países por sus consecuencias para la salud a corto, medio y largo plazo.
No basta con incentivar que nazcan más niños y niñas; es necesario garantizar que existan servicios públicos suficientes para cuidar, educar y proteger a las criaturas. Tampoco basta con reconocer simbólicamente al “concebido no nacido” si después las madres afrontan en solitario la carga de los cuidados, si las y los menores que sufren las consecuencias de la violencia machista no reciben toda la protección que necesitan, si la infancia queda expuesta a la pornografía o si se invita a las criaturas a creer que han nacido en un cuerpo equivocado sin atender a las causas que subyacen a estos malestares.
La verdadera cuestión no es cuántas criaturas nacen, sino en qué condiciones nacen y crecen. Las mujeres no renuncian a tener hijos por falta de reconocimiento institucional durante el embarazo, sino porque conocen las dificultades que encontrarán después. Una sociedad verdaderamente comprometida con la igualdad debería preocuparse no solo por que nazcan más niños y niñas, sino por garantizar que las mujeres puedan ejercer la maternidad libremente, que las familias cuenten con recursos suficientes para cuidar y a su vez, para no abandonar sus proyectos vitales.
Totalmente de acuerdo con el necesario artículo de Belén Sanz Barbero. El texto dice: «Las mujeres no renuncian a tener hijos por falta de reconocimiento institucional durante el embarazo, sino porque conocen las dificultades que encontrarán después». Como una de esas dificultades tiene muchísimo que ver con la falta de consciencia masculina general con su falta de involucración y coresponsabilidad en el ámbito de la pareja y del cuidado, solo añadiría que deberían destinarse los recursos necesarios para conseguirlo… Sin duda esto propiciaría otro mundo.