Por Silvia Carrasco Pons (Presidenta de Feministes de Catalunya)
Mientras tenemos la Ley Trans en la mesa del Tribunal Constitucional sine die, porque si se lleva a votación gana la posición favorable a declarar inconstitucional el núcleo de su articulado, los grupos parlamentarios que se consideran progresistas nos brindan algo muy parecido a un golpe de estado al Estado de Derecho: un blindaje, a través del Código Penal, de la agenda transgenerista internacional y los intereses de las grandes corporaciones médico-farmacéuticas del transhumanismo.
En síntesis: no satisfechos con legislar falacias anticientíficas que falsean el dato objetivo del sexo, con gravísimas consecuencias para las mujeres porque convierten en papel mojado las políticas de igualdad, avalan la destrucción irreversible de la salud de miles de menores, y persiguen la discrepancia como delito de odio con sanciones administrativas, ahora van a perseguir la crítica y la discrepancia Código Penal en mano.
Se vota este jueves 25 de junio de 2026 en el Congreso, una vez finalizados todos los trámites previos, la iniciativa legislativa conocida como Proposición de Ley Orgánica 122/000201 por la que se modifica la ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre del Código Penal, para penalizar las terapias de conversión dirigidas a eliminar o negar la orientación sexual, identidad de género o expresión de género, que las tipifica penalmente. Por supuesto, todo ello ha tenido lugar en la Comisión de Igualdad, ya convertida en la Comisión Transgenerista, donde los grupos parlamentarios han “acercado posiciones” proponiendo la introducción de un nuevo artículo en el Código Penal, para “avanzar en la protección de las víctimas”, como sostiene el transactivismo organizado (FELGTBI en España).
El artículo 173 bis establece penas de prisión de seis meses a dos años para el que aplique o practique sobre una persona actos, métodos, programas, técnicas o procedimientos de aversión o conversión, ya sean psicológicos, físicos, farmacológicos o de cualquier otra naturaleza, destinados a modificar, reprimir, eliminar o negar su orientación sexual, su identidad sexual o su expresión de género, con afectación de su integridad corporal o su salud física o mental o con menoscabo grave de su integridad moral, incluso con su consentimiento o el de su representante legal.
Además de haber creado el supuesto colectivo LGBTIQ+ impuesto ya como si fuera real, ahora también se aplica a las terapias de conversión el truco de hacer equivalente la orientación sexual (LGB), con la identidad sexual que solo existe en las percepciones subjetivas, y con la expresión de género, que solo consiste en adoptar los estereotipos corporales y estéticos de alguno otro sexo sentido (¿qué sería una terapia de conversión en este caso? ¿decirle a un niño que no se pinte las uñas?). Pero resulta que las verdaderas víctimas de las terapias de conversión han sido las mujeres lesbianas y los hombres gais a través de todo tipo de métodos terribles para “corregir” su homosexualidad, completamente descartados y prohibidos en España. También, desde la aprobación de la Ley Trans, se prohíben las terapias de conversión aplicadas a las “personas trans”, que contrariamente a lo que pretenden hacer ver, consiste en prevenir la abducción sectaria y el daño irreversible.
El único propósito de esta modificación del Código Penal es, por lo tanto, reforzar la Ley Trans y poder perseguir penalmente a quienes de verdad quieren proteger profesionalmente y humanamente a las personas de todas las edades que sufren disforia de género y han sido abducidas por ideas y prácticas transgeneristas que las castran y mutilan con hormonas y cirugías. Y se advierte explícitamente a profesiones concretas: profesionales de la docencia y de la salud mental. Una absoluta distopía cuyo origen está en la estrategia internacional de penetración en instituciones y organismos desarrollada por ILGA, que detrás de las siglas correspondientes a International Lesbian and Gay Association hace tiempo que fue parasitada por el transactivismo, brazo político del transhumanismo. Una “organización no gubernamental” que reconoce entre sus objetivos trabajar a favor de la descriminalización del “trabajo sexual” y estar financiada por gobiernos, instituciones, corporaciones empresariales y particulares, cuyo director mundial es un hombre, “Julia” Ehrt, no por casualidad uno de los firmantes de los llamados “Principios de Yogyakarta”… Sin sorpresas. Hombres adultos al frente de la imposición de una ideología que solo perjudica a mujeres y menores, para que el transhumanismo experimente sin límites con la reproducción humana borrando toda mención al sexo de las personas.
Desde 2024 ILGA ha ido presionando a todos los partidos representados en el Parlamento Europeo y en el Consejo de Europa para que impulsen normativas que permitan la persecución penal de la oposición al transgenerismo. Ya lo han hecho en ambas cámaras supranacionales, hasta el momento con éxito relativo, a pesar de los esfuerzos para alertar de qué va esto en realidad por parte de la asociación feminista Athena Forum. ILGA y sus valedores, socialistas y verdes en el Consejo de Europa, no lo han conseguido del todo en el Parlamento Europeo, que ha aprobado en mayo una recomendación para que los países se pronuncien contra lo que definen, torticeramente, como terapias de conversión, pero no han logrado que se aprobara como directiva, que sería vinculante.
De manera que seguiremos afirmando y demostrando que la única terapia de conversión legal ahora mismo es el transgenerismo, precisamente las ideas y prácticas criminales contra la integridad de las personas que ahora se quieren blindar con el Código Penal: basándose en ideas anticientíficas y en estereotipos sexistas, inducir a niñas, niños y adolescentes a creer que su cuerpo está mal y que van a dejar de sufrir el rechazo de sus atributos sexuales si los eliminan, ignorando toda la investigación (véase la actualización permanente de la Society for Evidence-Based Gender Medicine), mientras otros países están dando marcha atrás ante las evidencias científicas, en lugar de explorar el origen de sus malestares.
Las feministas, activistas, investigadoras, escritoras, políticas, no vamos a tirar la toalla ante este nuevo golpe antidemocrático contra los derechos de las mujeres y de la infancia en nuestro país. El pasado 20 de junio las feministas volvimos salir a las calles a recordar que luchamos a favor de la agenda feminista y contra las leyes trans, convocadas por Confluencia Movimiento Feminista. Ese mismo día se estrenó el primer documental realizado en España que muestra la falacia del transgenerismo y su impacto en las y los menores, Ser mujer no es un sentimiento, dirigido por la periodista Nuria Coronado. Además, también el sábado 20 se presentó la nueva asociación LGB española, en línea con la LGB Alliance internacional, con una agenda que por supuesto compartimos.
Siempre podremos atenernos a una interpretación alternativa de la letra de la ley: que se persiga el transgenerismo porque afecta a la integridad corporal y a la salud física y mental, o con menoscabo grave de la integridad moral de sus miles de víctimas, incluso con su consentimiento o el de su representante legal.
