Julián Gómez-Cambronero Alcolea @CongoActual elcongoenespanol.blogspot.com
“¿Por qué traemos aquí a toda esta gente de países de mierda?”, se preguntó Donald Trump durante su primer mandato -aunque luego lo negaron- refiriéndose a países como Haití y África en general. Hoy, en su segundo mandato, la Administración Trump presiona a esos “países de mierda” para adueñarse de sus minerales estratégicos y, también, llega a acuerdos con sus dirigentes para que acojan a todas esas personas que les sobran y que secuestran y deportan.
La idea no es suya y ya un país que fácilmente podríamos poner entre los primeros si nos pidieran hacer una lista de Estados respetuosos con los derechos humanos, Dinamarca, promovió la fórmula de trasladar sus responsabilidades en materia de inmigración a un país africano. El 3 de junio de 2021 su parlamento -con el 75% de sus miembros a favor- aprobó una propuesta del gobierno para que los migrantes que solicitaran asilo esperaran la decisión… en Ruanda. El Reino Unido también eligió Ruanda para deportar a los migrantes que hubieran entrado ilegalmente desde el 1 de enero de 2022. Su primer ministro Rishi Sunak -no precisamente un británico de larga raigambre- sacó adelante la propuesta con mayoría en el parlamento en abril de 2024 y solo los tribunales lograron pararla, cuando ya se habían mostrado las imágenes de los estupendos lugares que la “dictadura de hecho” ruandesa les tenía preparados a cambio de una millonada de libras esterlinas -dinero que, por cierto, Ruanda reclamó judicialmente tras la cancelación-.
El Congo, con el que EEUU ha firmado diferentes acuerdos en materia de minerales y sanidad –que en algunos casos ya he citado- también ha suscrito uno para recibir a víctimas del ICE norteamericano. Y fue casi dicho y hecho y en la madrugada del 17 de abril llegaban los primeros: quince, entre colombianos, ecuatorianos y peruanos. La congoleña y ex rectora de la Universidad de Edimburgo Debora Kayembe, además de la ilegalidad de todo el proceso, denunciaba que los deportados (15 de los 45 acordados en total) no tenían ninguna relación cultural con el país, incluido que no hablaban el idioma. “Además, si existe un memorando de entendimiento, debe ser accesible y comprensible para todos sin excepción. Tengo la impresión de que ni siquiera el gobierno congoleño está completamente al tanto de este caso”, decía en una entrevista publicada en un medio congoleño.
El portavoz del gobierno, Patrick Muyaya hablaba de una estancia temporal: “Los nacionales de países terceros que han llegado tienen permisos de residencia que son temporales”, pero sin concretar de cuánto tiempo se trataba, mientras que en una entrevista de la National Public Radio de EEUU a cinco deportados, estos contaban que habían viajado encadenados y solo habían conocido su destino al llegar. No querían seguir en la RDC porque “es peligroso y pobre” pero afirmaban que si volvían a sus países correrían peligro.
Pero, claro, todo tiene un precio, aunque parece que en el caso congoleño se alarga la opacidad del acuerdo y, hasta donde yo sé, no se conoce cuánto recibirá el gobierno congoleño por este acogimiento lo que, si pensamos mal, es una buena manera de no poder calcular cuánto se queda por el camino en los bolsillos de quienes en Kinshasa y Washington lo negociaron. A este respecto, pero referido a otros países africanos, el periodista congoleño Stanis Bujakera citaba información muy concreta publicada por The New York Times: “Ruanda y Guinea Ecuatorial han recibido directamente cada uno 7,5 millones de dólares, Eswatini, 5 millones. En la mayoría de los casos, los fondos están destinados a la «gestión migratoria local». Este es también el motivo invocado en las negociaciones en curso con Burundi, que pide 8 millones de dólares, y la República Centroafricana, que reclama 85 millones de dólares para una «organización internacional de la migración”.
A todo ello habría que sumar una noticia de los días de los peores momentos de la guerra en Oriente Medio, olvidada de momento, y que hablaba de negociaciones entre Washington y Kinshasa para que la República Democrática del Congo acogiera al millar de afganos que colaboraron con el Ejército norteamericano y que vivían refugiados en Qatar.
Es imprescindible poner en el contexto congoleño lo que estamos hablando, porque en la RDC hay entre seis y siete millones de desplazados internos -una cifra que solo varía para subir en momentos concretos de conflicto y que nunca baja de los seis millones- que sobreviven gracias a la ayuda internacional y la de los propios congoleños, que en muchos casos acogen en sus hogares a estos desplazados. Al menos medio millón de centroafricanos, sursudaneses, etc. malviven también en territorio congoleño mientras otro tanto -y es cruel tener que hablar así de personas-, también sometidos a los vaivenes de las guerras congoleñas y de la precariedad de los países vecinos, viven de mala manera en Burundi, Angola, Zambia…
Tantas palabras y números nos llevan a una realidad tan simple como vergonzosa: que países ricos trasladan sus obligaciones migratorias o problemas internos a países pobres, de por sí cargados de miseria y de sus propios y gravísimos problemas de desplazados y refugiados porque pueden pagarlo. Se crea un negocio que alivia a unos y no sabemos a quién acaba beneficiando en realidad en los países pobres, aunque podemos suponerlo. Un “nicho de negocio” de la globalización con cada vez más futuro.
