Hay estafas que se ejecutan en la oscuridad, con sigilo, sin testigos. Y hay estafas que se realizan a plena luz del día, con rueda de prensa, bandera americana de fondo y el presidente sonriendo ante las cámaras. La guerra comercial de Trump pertenece a esta segunda categoría: una operación de transferencia de riqueza de manual, ejecutada con tanta desvergüenza que cuesta creer que aún haya gente dispuesta a aplaudirla. Pero aquí estamos.
Lo que pretendo explicar en este artículo no es una teoría conspirativa ni un análisis especulativo. Es la crónica documentada de cómo el Estado más poderoso del planeta aplicó durante años una política que castigó a sus propios ciudadanos con el discurso de protegerlos, cómo los tribunales tuvieron que ponerle freno porque rozaba lo abiertamente inconstitucional, y cómo ahora, con el mismo descaro, ese mismo Estado se dispone a repartir más de 160.000 millones de dólares en dinero público entre las corporaciones que ya se habían forrado subiendo los precios a sus clientes. No hay error. No hay corrección. Hay ciclo. Y ese ciclo tiene nombre: socialización de pérdidas y privatización de ganancias.
El mito de que “China paga los aranceles”
Empecemos por el principio, porque hay que destruir la mentira desde la raíz antes de construir el análisis.
Desde el primer mandato, Trump fue repitiendo con la consistencia de un loro que los aranceles los pagaban los países que los recibían. “China paga los aranceles”, decía. “México pagará el muro”, decía. Era una afirmación tan simple como falsa, y los economistas lo sabían. Pero el votante medio no tiene por qué conocer el mecanismo técnico de cómo funciona un arancel, y ahí estaba el truco.
Un arancel de importación no es una multa que se cobra al gobierno chino. Es un gravamen que se aplica en la aduana americana al importador americano que trae el producto al país. Punto. Ese importador tiene entonces dos opciones: o absorbe el coste extra reduciendo su margen de beneficio, o lo traslada al precio de venta. Y como los márgenes empresariales no son precisamente lo que más abunda en tiempos de competencia feroz, la inmensa mayoría de las veces se hace lo segundo: se sube el precio al consumidor.
Los datos no dejan espacio para la ambigüedad. El Instituto Kiel de Alemania, en un estudio basado en el análisis de 25 millones de transacciones comerciales reales, concluyó que el 96% del coste de los aranceles de Trump recayó sobre compradores estadounidenses: importadores, distribuidores, minoristas y, en última instancia, familias. El 4% restante fue absorbido por exportadores extranjeros que decidieron ajustar sus precios. Cuatro por ciento. Eso es lo que “pagó China”. El otro noventa y seis lo pagó la señora de Ohio que compró una lavadora, el trabajador de Texas que renovó su teléfono móvil y el joven de Florida que intentó comprarse un coche.
Harvard Business School llegó a conclusiones similares con otra metodología: ante un arancel del 20% sobre productos chinos, los proveedores extranjeros bajaron sus precios apenas un 1,1%, mientras que el precio en la aduana americana subió un 18,9%. Casi todo el arancel cayó del lado americano. La Reserva Federal y Goldman Sachs, por su parte, estimaron que entre el 55% y el 70% del coste total terminó en el bolsillo de los consumidores finales, con otra parte significativa siendo asumida por empresas americanas que lo descontaron de sus beneficios o de sus inversiones.
Pero el dato que más debería impactar, el que mejor explica lo que estaba pasando en la economía real, es el del Yale Budget Lab: los aranceles de la segunda oleada de 2025 supusieron un coste promedio de 3.800 dólares anuales por hogar americano. No para las familias ricas. Para el hogar promedio. Para la familia que ya llegaba justa a fin de mes antes de que Trump se pusiera a jugar a la guerra económica.
Hay que llamar a las cosas por su nombre: los aranceles de Trump funcionaron como un impuesto al consumo interno, profundamente regresivo, que golpeó con especial crueldad a las familias de menores ingresos.
La regresividad no es un detalle menor. Es el corazón del problema. Un impuesto regresivo es aquel que pesa proporcionalmente más sobre quien menos tiene. Los aranceles sobre bienes de consumo básico —ropa, calzado, electrónica asequible, alimentos procesados— afectan mucho más a una familia de renta baja que a una familia de renta alta, porque la primera gasta una parte mucho mayor de sus ingresos en esos productos. Cuando el precio de la ropa sube un 17% —que es lo que proyectaron los estudios para los aranceles textiles— una familia que destina el 8% de su renta a ropa y calzado sufre mucho más que una familia que destina el 2%.
El Yale Budget Lab lo cuantificó de forma precisa: los aranceles afectan 2,5 veces más a las familias del decil de ingresos más bajo que a las del decil más alto. Dos veces y media. Mientras los hogares acomodados podían amortiguar la subida de precios con sus ahorros o simplemente ajustando el nivel de consumo discrecional, los hogares trabajadores y pobres lo sufrieron en los bienes de primera necesidad.
Para finales de 2018, con la primera oleada arancelaria ya en pleno efecto, los estudios académicos estimaban que la reducción en el ingreso real de los hogares americanos ya alcanzaba los 1.400 millones de dólares al mes. Al mes. No al año: al mes. Eso es lo que costaba, mensualmente, el espectáculo de Trump plantándose ante China con aranceles mientras sus votantes vaciaban un poco más sus cuentas corrientes en cada supermercado.
En la segunda etapa, los precios de los vehículos nuevos aumentaron más de 4.700 dólares por unidad por el efecto combinado de los aranceles sobre acero, aluminio y componentes importados. El sector del automóvil, altamente dependiente de cadenas de suministro globales, no podía simplemente “comprar americano” de la noche a la mañana: los procesos de reconversión industrial llevan décadas, no meses. Así que mientras Trump posaba delante de camionetas Ford en el jardín de la Casa Blanca, los americanos que querían comprarse un coche financiado asumían miles de dólares extra de deuda.
El fallo del tribunal supremo
El 20 de febrero de 2026, en el caso Learning Resources, Inc. v. Trump, la Corte Suprema de los Estados Unidos dictaminó, por seis votos contra tres, que el presidente Donald Trump carecía de autoridad constitucional para imponer aranceles de forma unilateral mediante la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés).
La argumentación jurídica es elegante en su simplicidad: el poder de imponer impuestos y aranceles no pertenece al poder ejecutivo. Pertenece al Congreso. Lo dice el Artículo I de la Constitución de los Estados Unidos con una claridad que no deja margen de interpretación. Trump había recurrido a la IEEPA invocando “emergencias nacionales” —el tráfico de fentanilo, el déficit comercial, amenazas a la seguridad económica— para saltarse el proceso legislativo y decretar por sí solo gravámenes que afectaban al comercio internacional por valor de cientos de miles de millones de dólares. El Supremo dijo que no: que la existencia de una emergencia declarada no convierte al presidente en legislador.
Lo que esto reveló, de paso, es el carácter profundamente arbitrario y voluntarista de toda la arquitectura arancelaria de Trump. No fueron el resultado de un debate parlamentario, de un proceso técnico de evaluación del impacto económico, de consultas con la industria o con los consumidores. Fueron el producto de las ocurrencias de un hombre con acceso a Truth Social y al Despacho Oval, gestionadas por un entorno de asesores de ideología ultranacionalista con escasos conocimientos de economía internacional.
Tras el fallo, el Tribunal de Comercio Internacional de Nueva York —el órgano competente en disputas aduaneras— comenzó a emitir órdenes a la agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) para que procediera a devolver los aranceles declarados ilegales. El número de demandas presentadas por empresas supera ya las 2.000, y la factura total que el gobierno debe afrontar en concepto de reembolsos se estima en más de 166.000 millones de dólares, incluyendo intereses, repartidos entre más de 330.000 empresas importadoras.
La administración Trump, con su característica coherencia, está tratando de ralentizar el proceso, cuestionando la interpretación del fallo y buscando resortes legales para minimizar los pagos. Pero los tribunales han sido claros: si los aranceles eran ilegales, el dinero debe devolverse. El gobierno del país más poderoso del mundo se encuentra ahora gestionando un reembolso masivo de dinero recaudado mediante una política declarada inconstitucional. Si no fuera tan grave, daría para una sátira de primera nivel.
¿Y qué pasa con los consumidores?
Aquí está el momento en que hay que pausar la lectura, porque lo que viene a continuación es la columna vertebral del escándalo.
Las empresas que reciben los reembolsos son, en su mayoría, los importadores de registro: las grandes corporaciones que compraron mercancías en el extranjero, pagaron los aranceles en la frontera y luego… trasladaron ese coste a sus clientes subiendo los precios. Ya lo hemos visto: el 96% del coste acabó en el lado americano, y la mayor parte de ese 96% acabó en el bolsillo de los consumidores finales a través de precios más altos.
Ahora el gobierno les devuelve el dinero a las empresas. A las empresas. No a los hogares que pagaron precios inflados durante años. No al trabajador que pagó 4.700 dólares más por su camioneta. No a la familia que vio cómo su factura de la compra subía semana tras semana. El dinero vuelve a las cuentas corrientes de los importadores corporativos.
¿Existe alguna obligación legal de que esas empresas trasladen el reembolso a sus clientes? No. Ninguna. El portal CAPE (Consolidated Administration and Processing of Entries), lanzado específicamente para gestionar las reclamaciones de reembolso, es una ventanilla de atención a empresas, no a ciudadanos. Algunas grandes corporaciones como FedEx o Costco han insinuado vagamente que podrían reducir precios, pero sin fechas, sin compromisos contractuales, sin ningún mecanismo de control. En el ámbito legislativo, el Senado está debatiendo una ley que obligaría a las empresas que reciban reembolsos a trasladar ese dinero a los consumidores, pero a día de hoy eso es solo una propuesta, y en el Congreso de los Estados Unidos las propuestas que molestan al capital tienen una esperanza de vida estadísticamente muy corta.
El esquema que resulta de todo esto es de una obscenidad difícil de superar:
- El Estado aplica un arancel ilegal que actúa como impuesto al consumo.
- Los hogares pagan precios más altos durante años.
- Los tribunales declaran el arancel inconstitucional.
- El Estado devuelve el dinero a las corporaciones.
- Las corporaciones no tienen obligación alguna de compensar a los consumidores.
- El ciudadano ha pagado dos veces: una en la tienda, otra —a través de sus impuestos— cuando el Tesoro reembolsa el dinero a las empresas.
Si alguien te describiera este esquema como ficción, lo tildarías de inverosímil por excesivamente descarado. Y sin embargo, es política pública en la primera potencia mundial.
El “Sujeto Agrícola“ que recibe las compensaciones
Uno de los elementos más corrosivos del discurso trumpista ha sido el uso instrumental del “agricultor americano” como símbolo del trabajador damnificado por el libre comercio. La imagen del pequeño granjero —con su overol, su tractor desvencijado, su tierra heredada de los abuelos— ha sido el escudo emocional detrás del cual se han ocultado transferencias de capital a algunas de las entidades corporativas más poderosas del planeta.
Porque aquí hay que ser precisos, y la precisión es incómoda para la narrativa oficial: los principales beneficiarios de los rescates agrícolas no son pequeños productores. Son grandes corporaciones agroindustriales y mega-explotaciones.
Veamos los datos. Durante la primera guerra comercial (2018-2019), el programa de ayudas agrícolas conocido como Market Facilitation Program (MFP) distribuyó aproximadamente 23.000 millones de dólares en pagos directos a agricultores afectados por las represalias chinas a las exportaciones americanas de soja, cerdo, trigo y otros productos. En 2026, el nuevo paquete denominado Farmer Bridge Assistance suma otros 12.000 millones de dólares adicionales, con la justificación de compensar el impacto de la propia política arancelaria del gobierno sobre los costes de producción del sector.
¿A quién fue ese dinero? La estructura de la agricultura americana hace que esa pregunta no sea inocente. La USDA (Departamento de Agricultura) establece límites formales de pago por explotación, pero el sistema está lleno de lagunas que permiten a grandes entidades corporativas cobrar a través de múltiples receptores distintos dentro de la misma estructura empresarial. Investigaciones del Environmental Working Group (EWG) sobre los pagos del MFP revelaron que:
- El 10% de los beneficiarios más grandes recibió más del 60% del total distribuido.
- Cientos de millones de dólares fueron a parar a entidades corporativas registradas como “granjas familiares” a efectos fiscales pero que en realidad son mega-explotaciones integradas verticalmente.
- Empresas como JBS, Tyson Foods, Cargill o Archer Daniels Midland —los verdaderos gigantes del agrobusiness americano, que controlan la cadena de suministro desde la semilla hasta la tienda— se beneficiaron tanto directamente (como entidades) como indirectamente (a través de los productores cautivos en sus cadenas contractuales).
- Agricultores de alto poder adquisitivo, con ingresos muy superiores a la media nacional, recibieron pagos que en algunos casos superaron los 500.000 dólares por explotación en un solo año.
El sector sojero es el ejemplo más ilustrativo. China impuso aranceles represalias del 25% sobre la soja americana, lo que derrumbó los precios y sacó a los granjeros americanos del mercado asiático. El gobierno de Trump respondió con los pagos del MFP. Pero ¿quién exporta soja? No son los pequeños agricultores de Iowa: son las cuatro grandes empresas de comercio internacional del sector —Cargill, ADM, Bunge y Louis Dreyfus, conocidas coloquialmente como las “ABCD” del grano— que controlan aproximadamente el 75-80% del comercio mundial de cereales y oleaginosas. El pequeño granjero vende su soja a Cargill. Cargill la exporta. Cuando China cierra el grifo, el granjero sufre porque el precio doméstico baja.
Hay más. El One Big Beautiful Bill Act (OBBBA), el paquete fiscal que la administración Trump ha impulsado en el Congreso, incluye medidas como la depreciación acelerada del 100% de activos, un subsidio fiscal indirecto que beneficia principalmente a grandes explotaciones y corporaciones agroindustriales con alta intensidad de capital. El granjero con cincuenta acres no tiene flota de maquinaria para depreciar. Las megaexplotaciones con miles de acres y equipamiento de última generación, sí. Una vez más, la política diseñada con retórica populista agraria acaba favoreciendo de forma desproporcionada al capital más concentrado del sector.
Los rescates del primer mandato generaron lo que los propios analistas del Departamento de Agricultura llamaron en privado “una dependencia estructural de las ayudas”: muchas explotaciones que habrían quebrado por ineficiencia o sobredimensionamiento fueron mantenidas artificialmente a flote con dinero público, retrasando el necesario proceso de reestructuración sectorial. En cristiano: se usó dinero de todos para subsidiar a empresas que no eran competitivas, en un sector dominado por oligopolios que dictan precios y condiciones a los productores más pequeños.
El ciclo completo
Llegados a este punto, merece la pena parar y ver el ciclo en su conjunto, porque cuando uno lo visualiza de principio a fin, la magnificencia del esquema resulta casi admirable en su brutalidad.
Fase 1: El impuesto disfrazado. Trump impone aranceles usando la coartada de la “emergencia nacional”, saltándose al Congreso. Los aranceles funcionan como un impuesto indirecto al consumo. El 96% del coste recae sobre compradores y consumidores americanos. Los hogares del decil de ingresos más bajos sufren 2,5 veces más que los ricos. El Tesoro recauda cientos de miles de millones en ingresos arancelarios. Trump dice que “China paga”. Los medios de comunicación corporativos, en su mayoría, difunden la narrativa oficial sin cuestionar los datos disponibles.
Fase 2: El rescate selectivo. Las represalias comerciales de otros países perjudican a sectores concretos de la economía americana —principalmente el sector agrícola exportador—. Trump responde con programas de ayudas directas financiados con parte de los ingresos arancelarios y con deuda pública. Se distribuyen 23.000 millones en el primer mandato y otros 12.000 millones en el segundo. El dinero fluye masivamente hacia las grandes explotaciones y corporaciones del agronegocio, aunque el discurso político lo adorne con imágenes de granjas familiares. Los pequeños productores reciben migajas. Los grandes capitales del sector se consolidan.
Fase 3: La sentencia. El Tribunal Supremo declara inconstitucionales los aranceles globales impuestos vía IEEPA. El gobierno debe devolver 166.000 millones de dólares a más de 330.000 importadores corporativos. Ese dinero sale del erario público —es decir, de los impuestos de todos los ciudadanos, incluidos los que ya pagaron los precios inflados durante años—. Las empresas beneficiarias no tienen obligación alguna de compensar a los consumidores. El ciudadano ha contribuido a financiar dos veces el mismo esquema.
Fase 4: El enriquecimiento sin causa. Las corporaciones que trasladaron el coste arancelario a sus clientes subiendo precios ahora reciben de vuelta el dinero que pagaron en la aduana. Su beneficio neto de la operación: los márgenes adicionales cobrados durante años a los consumidores, más el reembolso de lo que pagaron en impuestos arancelarios. Una ganancia extraordinaria financiada en parte por el contribuyente. Mientras tanto, el legislativo debate si obligarles a devolver algo a los consumidores, sin que nadie apueste demasiado a que eso vaya a prosperar en un Congreso donde el lobby corporativo tiene más asientos que los votantes.
Existe un patrón en el capitalismo tardío que Marx anticipó con su análisis de la tendencia del capital a transferir riesgos hacia el Estado cuando los costes superan la capacidad de absorción privada. En el siglo XX lo vimos con los rescates bancarios tras la crisis de 2008. En el siglo XXI lo estamos viendo con la arquitectura arancelaria trumpista.
El mecanismo es siempre el mismo: se privatizan los beneficios cuando el ciclo es favorable, y se socializan las pérdidas cuando el ciclo se vuelve adverso. Las empresas importadoras no protestaron demasiado mientras podían trasladar el coste de los aranceles a sus clientes —su margen permanecía intacto, el consumidor absorbía el golpe—. Pero cuando los tribunales declaran la política ilegal y surge la posibilidad de reclamar reembolsos, se activa toda la maquinaria jurídica y lobbysta para asegurar que ese dinero vuelva a las cuentas corporativas, no a los ciudadanos.
Los rescates agrícolas, por su parte, cumplen una función adicional que va más allá de la simple transferencia de renta: son mecanismos de estabilización política de la base electoral rural de Trump. El campo americano no vota solo con los bolsillos; vota con la identidad. Pero cuando los bolsillos sangran demasiado, la identidad no alcanza. Los pagos del MFP y del Farmer Bridge Assistance no son solo política económica: son política electoral financiada con dinero público. El Partido Republicano utiliza el aparato del Estado para subvencionar la fidelidad de un sector que le es electoralmente imprescindible.
Y aquí hay que ser aún más crudos: quienes más se benefician de esos rescates —las grandes corporaciones del agrobusiness, los propietarios de mega-explotaciones, las empresas de comercio internacional de grano— no necesitan el dinero para sobrevivir. Lo necesitan para maximizar el retorno para sus accionistas. Cargill, con ingresos anuales de más de 150.000 millones de dólares, no iba a quebrar porque China dejara de comprar soja americana. Pero sí aprovechó todas las vías disponibles para capturar la mayor parte posible de las ayudas públicas mientras el pequeño agricultor del Medio Oeste veía cómo su hipoteca seguía pesando igual.
Lo más grave de todo esto no es que sea ilegal —aunque parte lo sea, como ha declarado el Supremo—. Lo más grave es que es perfectamente legal en su conjunto. La arquitectura del capitalismo americano está diseñada para que este tipo de transferencias sean posibles, repetibles e incluso aplaudidas por parte de su propia víctima. El votante de clase trabajadora que celebra los aranceles de Trump como una muestra de fuerza frente a China es el mismo que está pagando 3.800 dólares anuales extras en su cesta de la compra, contribuyendo con sus impuestos a financiar los reembolsos corporativos y asistiendo desde la grada a cómo el sector del agronegocio—que es quien realmente controla la cadena alimentaria que le cobra precios crecientes— recoge los cheques del rescate.
La guerra comercial de Trump no fue un error. No fue una política mal calculada que salió torcida. Fue exactamente lo que pareció ser: un ejercicio de teatro político con costes reales para la mayoría y beneficios reales para una minoría bien conectada. La narrativa del “America First” fue el envoltorio; el contenido real fue una masiva redistribución de renta hacia arriba, ejecutada mediante un instrumento fiscal que afectó desproporcionadamente a los más vulnerables, reforzó la concentración en el agrobusiness y termina ahora con una transferencia de 166.000 millones de dólares desde el erario público hacia los importadores corporativos.
El ciudadano americano pagó en la tienda. Pagó en el campo, cuando las represalias extranjeras hundieron los precios agrícolas. Pagará ahora con sus impuestos cuando el Tesoro devuelva el dinero a las empresas. Y pagará mañana, cuando esas empresas decidan —libremente, sin obligación alguna— si reducen o no sus precios con el dinero que reciben.
Hay una palabra para describir un sistema en el que el Estado actúa sistemáticamente como instrumento de transferencia de renta desde la clase trabajadora hacia el capital. Marx la conocía. Y seguimos sin aprender.
