Por Eva Neila Ausín (presidenta de Amables Titulares de Derechos)
Vivimos en una sociedad que normaliza las violencias que sufrimos las mujeres. No siempre se trata de golpes visibles o de agresiones explícitas. Muchas veces la violencia adopta formas más sutiles, estructurales e invisibilizadas. Se infiltra en la organización del tiempo, en la distribución del trabajo, en las expectativas sociales y en las leyes que aparentemente nos protegen, pero que no contemplan la realidad concreta de nuestras vidas. Algunas de las formas más profundas de esta violencia estructural son: la negación sistemática de la reproducción social como necesidad colectiva, la negación de la contribución social que esta supone y la negación del conflicto existente entre la estructura legal y la atención a menores y personas dependientes.
La primera negación es la de la reproducción social como necesidad colectiva. La reproducción social incluye todas aquellas actividades indispensables para sostener la vida: el cuidado de niñas y niños, la atención a personas mayores o enfermas, la gestión del hogar, la alimentación, el acompañamiento emocional y la educación cotidiana. Sin estas tareas, ninguna sociedad podría sostenerse. Sin embargo, el sistema económico dominante organiza su lógica en torno a la producción mercantil y al empleo remunerado, relegando todo lo que tiene que ver con el sostenimiento de la vida a un segundo plano.
Colectivamente tenemos la imperiosa necesidad de reproducirnos, de criar a la siguiente generación que, en el futuro, sostendrá la sociedad y cuidará de quienes envejezcan. Del mismo modo, tenemos la responsabilidad colectiva de atender a nuestros mayores y a las personas dependientes devolviendo los cuidados que recibimos de quienes nos criaron. Sin embargo, esta necesidad social básica se gestiona como si fuera un asunto privado. Se exige que la reproducción social exista, pero no se organiza como responsabilidad común.
Esta invisibilización no es casual. Al considerar la reproducción social como un asunto privado, individual o familiar, se la excluye del debate político y de la responsabilidad pública. Se asume que “alguien” —casi siempre una mujer— se encargará de que todo funcione. Así, el cuidado deja de entenderse como un pilar estructural de la sociedad y pasa a concebirse como una obligación naturalizada que recae sobre terceras personas, como si se tratara de un deber casi biológico y no de una tarea socialmente imprescindible. No se reconoce como trabajo ni como necesidad compartida, sino como un mandato moral femenino. Lo tratamos como una obligación de un sujeto en tercera persona al que no pertenecemos. Esta negación permite que el Estado y el mercado se desentiendan en gran medida de su responsabilidad en la organización social del cuidado.
La segunda negación es la de la contribución social que supone la reproducción social. Aunque las tareas de cuidado sostienen la fuerza de trabajo, permiten la continuidad generacional y garantizan el bienestar básico de la población, rara vez son reconocidas como aportes económicos y sociales de pleno derecho. El Producto Interno Bruto no contabiliza la mayoría de estas actividades cuando se realizan en el ámbito doméstico. No pueden generar salario porque en general no se mercantilizan, no generan derechos laborales y tampoco generan derechos de jubilación proporcionales al esfuerzo invertido. Es decir, no producen reconocimiento en forma de derechos futuros al descanso y a recibir cuidados cuando se necesiten.
Y, sin embargo, sin ese trabajo invisible no habría trabajadores que acudieran cada día a sus empleos remunerados. Sin reproducción social no hay sistema productivo posible. Si nadie se reprodujera ni cuidara, la sociedad simplemente se extinguiría. La paradoja es evidente: aquello que hace posible el funcionamiento del sistema es precisamente lo que el sistema invisibiliza.
Esta falta de reconocimiento, unida a la imposición histórica de estas tareas sobre nosotras, las mujeres, tiene consecuencias concretas. Muchas mujeres vemos interrumpidas nuestras trayectorias laborales para asumir responsabilidades de cuidado. Reducimos jornadas, aceptamos empleos más precarios, renunciamos a ascensos o directamente abandonamos el mercado laboral. Esta decisión, presentada frecuentemente como una “elección personal”, está profundamente condicionada por la falta de políticas públicas suficientes y por la presión cultural que asigna el cuidado como responsabilidad femenina. El resultado es una brecha salarial persistente que se amplifica de forma considerable en las pensiones y se traduce en una mayor vulnerabilidad económica a lo largo de la vida. Nos genera, a las mujeres, dependencia económica de los varones y facilita nuestra subordinación.
Negar la contribución social del cuidado implica también negar su valor político. Cuando una sociedad considera que el tiempo dedicado a criar, acompañar y sostener la vida carece de valor social, establece una jerarquía en la que el mercado tiene más importancia que la vida misma. Esta jerarquía no es neutra: produce desigualdad y reproduce relaciones de poder. La violencia no siempre se manifiesta de manera estridente; a veces adopta la forma de indiferencia estructural frente al desgaste físico y emocional que implica sostener la vida en condiciones de escaso apoyo.
La tercera negación es la del conflicto entre la estructura legal y la atención a personas dependientes, especialmente en lo que respecta a la crianza. Las leyes laborales, los horarios escolares, los tiempos judiciales y administrativos, e incluso los criterios de acceso a determinadas prestaciones, suelen estar diseñados bajo el supuesto de un trabajador ideal: disponible a tiempo completo, sin interrupciones y sin responsabilidades de cuidado que interfieran con su productividad. Este modelo responde a una figura históricamente masculina, respaldada por una mujer subalterna que asumía la gestión del hogar.
Las cuarenta horas semanales de jornada laboral no se han reducido para facilitar la participación corresponsable en la reproducción social, pese a la incorporación masiva de las mujeres al mercado de trabajo. Esta omisión no es neutra: es funcional a un modelo que sigue descansando en la sobrecarga femenina. La violencia estructural se intensifica especialmente sobre las mujeres económicamente más vulnerables, que cuentan con menos recursos para externalizar cuidados o compensar pérdidas de ingresos.
La realidad social ha cambiado, pero las estructuras legales no lo han hecho con la misma profundidad. Las jornadas laborales continúan siendo extensas; los servicios públicos de cuidado son insuficientes; los permisos parentales siguen siendo limitados en duración o en remuneración. En este contexto, reducir la presión fiscal sin garantizar una financiación suficiente de los servicios sociales implica debilitar aún más la red pública de apoyo. Sin recursos no hay políticas de cuidado efectivas, y sin políticas de cuidado la carga vuelve a recaer sobre las mujeres.
Aunque la legislación reconoce formalmente el derecho a la conciliación, en la práctica penaliza a quienes lo ejercemos. Solicitar una reducción de jornada implica pérdida de ingresos y, con frecuencia, estancamiento profesional. Acogernos a una excedencia por cuidado puede suponer desconexión del mercado laboral y dificultad para la reincorporación. En lugar de resolver el conflicto estructural entre producción y reproducción mediante la reorganización del tiempo de trabajo, la estructura legal lo desplaza al ámbito individual, convirtiéndolo en un problema privado que cada mujer debe gestionar como pueda.
En casos de separaciones o conflictos familiares, las decisiones judiciales no siempre valoran adecuadamente la carga real de cuidado asumida previamente por cada progenitor. Se prioriza a veces una igualdad formal de tiempos sin analizar la desigualdad material en las responsabilidades ejercidas durante años. Esto puede invisibilizar el trabajo que sostenemos muchas mujeres y agravar situaciones de precariedad económica en el largo plazo. En la vejez, la falta de reconocimiento de la contribución al cuidado se traduce en pensiones más bajas, o su ausencia, y mayor dependencia económica.
Estas tres negaciones se refuerzan mutuamente. La negación de la reproducción social como necesidad colectiva permite relegarla al ámbito privado. La negación de su contribución social legitima que no se recompense con el correspondiente derecho al descanso ni se la proteja adecuadamente a quienes lo asumimos. Y la negación del conflicto entre leyes y cuidado perpetúa una organización social que nos exige a las mujeres resolver lo irresoluble: cumplir con un modelo laboral rígido mientras sostenemos una responsabilidad constante de cuidado.
Frente a esta realidad, es imprescindible politizar el cuidado. Reconocerlo como un derecho y como una responsabilidad colectiva implica repensar prioridades, redistribuir recursos y reorganizar el tiempo social. No basta con medidas puntuales; es necesario cuestionar la lógica que subordina la vida al mercado.
Desnaturalizar la idea de que las mujeres “podemos con todo” es urgente. Esa expectativa encubre explotación, desgaste y desigualdad. Sostener la vida es una tarea esencial, pero no puede recaer casi exclusivamente sobre un grupo social, por más que seamos más de la mitad de la población, sin reconocimiento ni respaldo suficientes.
Si queremos una sociedad verdaderamente justa, debemos asumir que la reproducción social no es un apéndice del sistema, sino su condición de posibilidad. Ignorarla no la elimina; simplemente perpetúa las desigualdades que la atraviesan. Reconocerla, valorarla y organizarla colectivamente no es una concesión ideológica: es una exigencia democrática básica para poner la vida en el centro.
