Velar la violencia o velar al feminismo: dos discursos destinados al fracaso

Por Eva Neila Ausín (presidenta de Amables Titulares de Derechos)

La polémica en torno al burka, el niqab, el chador, el khimar, el hijab, la shayla , el al-amira, la abaya o incluso el burquini vuelve, una vez más, al centro del debate público. Como suele ocurrir, el ruido ideológico impide pensar con claridad: se simplifica, se instrumentaliza y se convierte en arma arrojadiza entre bloques que muestran poco interés por la vida concreta de las mujeres afectadas. Taparnos a las mujeres no es, en esencia, una cuestión de identidad cultural ni de libertad religiosa, sino una forma de evitar enfrentar algo mucho más profundo: la educación sexual.

Una educación sexual real no consiste en moralizar ni en prohibir el deseo, sino en aprender a gestionar los propios impulsos. Supone desarrollar la capacidad de compartirlos, desarrollarlos o frustrarlos según el contexto. Entender que el deseo no es un mandato irresistible, como muchos hombres argumentan escondiéndose tras la testosterona y asumir la responsabilidad sobre lo que hacemos con nuestras pulsiones. Cuando una sociedad opta por taparnos a las mujeres, renuncia a esa tarea educativa y desplaza la carga hacia el cuerpo femenino. Si las mujeres no nos tapamos, quedamos expuestas a pulsiones que no se ha aprendido a modular; si sufrimos violencia, se dirá que no nos protegimos; si participamos visiblemente en el espacio público, deberemos asumir el riesgo. El mensaje implícito es brutal: la existencia visible de las mujeres provoca y, por tanto, debe regularse. Esta lógica, profundamente medieval en su estructura moral, resulta incompatible con la sociedad española del siglo XXI. Es tremenda la disyuntiva: O te reservas para un único hombre propietario de tu cuerpo con el velo. O te expones a que tu cuerpo de mujer sea violentado por todo aquel que no se contenga ante la provocación de tu presencia. Como observa Carol Pateman sobre la relación de poder sexual: «una para cada uno y unas cuantas para todos»

Sin embargo, el debate actual rara vez aborda esta cuestión de fondo y se organiza en torno a dos posiciones igualmente superficiales. La extrema derecha instrumentaliza el burca y el niqab como símbolos de alteridad cultural para alimentar discursos xenófobos. No se interesa por las mujeres que podamos estar siendo presionadas o extorsionadas para taparnos “voluntariamente”; le interesa el uso político del velo como marcador de amenaza civilizatoria. Las mujeres desaparecemos del análisis y quedamos reducidas a argumento.

Por su parte, desde las corrientes identitarias posmodernas —ajenas al feminismo y que muchas veces actúan como fuerzas regresivas, por si alguien aún anda despistado— se responde con una romantización del velo presentada como elección empoderadora en nombre de la libertad individual. En ese marco, las feministas críticas no solo somos desoídas, sino activamente desplazadas del debate público: se nos caricaturiza como intolerantes, se nos asocia con posiciones reaccionarias con las que nada tenemos que ver y se nos convierte en el problema a neutralizar. El resultado es paradójico: en nombre de la diversidad, se intenta velar políticamente a quienes cuestionamos las estructuras que hacen necesario ese velo. No se trata ya de ignorar el contexto en que esas decisiones se producen, sino de silenciar a quienes lo señalamos.

La posición feminista es necesariamente más compleja. No se trata simplemente de prohibir o permitir, sino de atender a las niñas y adolescentes atrapadas en una disyuntiva que no han creado. Muchas son hijas de familias de cultura musulmana que viven en España, un país formalmente aconfesional pero culturalmente marcado por el catolicismo, donde los símbolos cristianos están normalizados mientras que los islámicos generan sospecha. Crecen así en una tensión constante: el entorno familiar puede asociar el velo con moralidad y pertenencia, mientras que la escuela lo interpreta como signo de sumisión o de no integración. En plena adolescencia, cuando la identidad es frágil, se enfrentan a una elección imposible: si se velan, su integración escolar puede resentirse; si no lo hacen, su convivencia familiar puede deteriorarse. La cuestión no es qué decisión toman, sino la violencia estructural que implica tener que tomarla.

De ahí surge la pregunta incómoda: ¿debemos prohibir que las niñas se velen en la escuela pública? Antes de responder, conviene preguntarse si estamos preparados para asumir sus consecuencias. Toda prohibición abre dos escenarios: el acatamiento o el desafío. Si se acata, la niña queda liberada de tomar esa decisión “voluntariamente”. Pero si se desafía y la niña acude velada, surgen preguntas inevitables: ¿se le impide la entrada?, ¿existen mecanismos legítimos para exigirle que se descubra?, ¿qué otros elementos sobre la cabeza quedarían afectados?, ¿dónde se trazan los límites sobre lo que es símbolo de opresión y lo que es adorno? El escenario más grave no es el conflicto visible, sino el silencio: el absentismo escolar. Si la niña deja de acudir, el problema deja de ser el velo y pasa a ser la exclusión educativa. Una norma que pretende liberar pero termina expulsando no emancipa, segrega. Por ello, el debate no puede reducirse a la prenda, sino a cómo proteger a las niñas sin convertirlas en campo de batalla.

Esto nos lleva a una cuestión más amplia: cómo integrar a las familias musulmanas en una sociedad como España, donde descubrirse la cabeza en espacios cerrados ha sido históricamente un gesto de respeto y confianza. No es solo una norma estética, sino una pequeña gramática de convivencia que expresa igualdad entre quienes comparten el espacio. El desafío aparece cuando códigos culturales distintos invierten ese significado y cubrirse pasa a ser señal de decoro. «Donde fueres haz lo que vieres» reza el refranero popular. No estamos ante simples preferencias, sino ante normas simbólicas incompatibles dentro de un mismo espacio común.

La integración no consiste en borrar diferencias, pero tampoco puede implicar la renuncia a toda norma compartida. Una sociedad necesita gestos mínimos que permitan reconocernos como iguales; sin ellos, el espacio público se fragmenta. La cuestión no es exigir adaptación unilateral ni suspender las normas propias, sino construir un terreno común donde estas no recaigan sobre las niñas como campo de negociación identitaria. Si descubrirse la cabeza forma parte de las normas institucionales, su gestión no puede recaer solo en las menores: debe implicar a las familias mediante acompañamiento, mediación y pedagogía social.

En este contexto, las feministas tenemos que decirle a la extrema derecha que esta cuestión no se resuelve expulsando del país a quienes provienen de otras culturas, sino desarrollando políticas de integración real. El odio no es la solución. Y también debemos decirle al posmodernismo que no nos use como campo de experimentación política: que si consideran el velo emancipador, se lo pongan ellos en sus apariciones públicas y dejen de instrumentalizar al feminismo. Basta ya de políticas entristas que fragmentan el feminismo como movimiento social en su disputa por el voto femenino; ese apoyo nunca será suyo si persisten en dinámicas que desdibujan a las mujeres como sujeto político: ser mujer no es un sentimiento ni una identidad, sino un hecho biológico, hay que politizarlo bien.

Y a los partidos de derecha que se alternan en el poder en España, especialmente al Partido Popular y al Partido Socialista Obrero Español, hay que exigirles que desarrollen de una vez una ley educativa de consenso que deje de jugar con la confesionalidad de la población. La España del siglo XXI merece ser un país laico. La educación religiosa es responsabilidad de las familias y de las distintas iglesias, no de la escuela pública. No puede seguir desviándose dinero público a financiar las nóminas de docentes designados directamente por las jerarquías religiosas. Todos los profesionales que trabajan en la escuela pública deben acceder a sus puestos mediante sistemas públicos de acceso, por oposición y acreditación de méritos. 

En un contexto en el que cada semana saltan a los titulares asesinatos de mujeres y cada pocos minutos se produce una agresión sexual, es imperativo que la ley educativa garantice educación sexual de calidad, sin que esta sea reemplazada por programas centrados en identidad individual, enfoques sobre la diversidad o la hipersexualización y cosificación de los cuerpos femeninos. Las mujeres hemos luchado duro muchos años para incorporar la educación sexual a la escuela. No podemos permitir que los fondos destinados a ello se desvíen hacia agendas políticas que desvirtúan su propósito. El acceso a la pornografía y la mercantilización de los cuerpos de las mujeres son la base sobre la que se edifican las violencias machistas y, sin una intervención honesta y decidida de las leyes educativas, el largo plazo deja de dibujar ninguna esperanza para las nuevas generaciones.

Basta ya de infantilizar a la sociedad simplificando debates complejos a disyuntivas insulsas. Lejos de resolver los problemas, aumentan la violencia sobre las mujeres. Nosotras no somos el campo de batalla universal en el que dirimir cualquier disputa, sino todo lo contrario. La convivencia no puede basarse en que unas deban cubrirse para que otros no miren, ni en que cada comunidad traslade intactas sus normas al espacio común. Requiere algo más difícil: construir un lugar donde nadie tenga que ocultarse para estar, pero donde todos aceptemos que compartir espacio implica también compartir ciertos gestos mínimos de reconocimiento mutuo.