Lucía Muñoz
El reciente anuncio del presidente Pedro Sánchez de prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años ha provocado el revuelo esperable. Los más juiciosos han puesto el foco en la letra pequeña de la propuesta, alertando de que es un paso más hacia la normalización de la censura y el control de la opinión pública y advirtiendo de que la renuncia al anonimato implícita en la verificación de edad es un precio que no debería pagarse en ningún caso.
Pero, por encima de estas excepcionales aportaciones destacan dos bloques de opinión sincronizada perfectamente enfrentados, tan propios de estos tiempos de simplificación y polarización: quienes, manoseando una vez más el valioso concepto de libertad, reaccionan con furia ante la supuesta intromisión de este “Estado bolivariano”, y quienes, bienintencionados y convencidos de estar al margen de toda ideología, aplauden la medida seguros de su eficacia y de que se trata esta de la única solución posible al daño que las redes están causando a los menores.
La exaltación ha aumentado con la irrupción en escena de Elon Musk y Pavel Durov, que al posicionarse públicamente en contra han regalado al presidente una oportunidad providencial para presentarse ante la ciudadanía — y su propio fandom— como único defensor de los críos frente a los tecnócratas desalmados.
Nos encontramos, como el lector ya habrá anticipado, ante una falsa dicotomía. Ni el libre acceso a las actuales redes sociales —auténticas máquinas extractivas gestionadas efectivamente por tecnócratas— es por definición un ejercicio de libertad, ni la prohibición anunciada es la única vía posible para afrontar el problema, si es que, insistimos, realmente tiene posibilidades de llegar a ser una solución medianamente eficaz.
Porque el problema no es el acceso a las redes, sino la forma y los objetivos que hoy las definen. Las plataformas digitales ya no son herramientas neutrales que accidentalmente generan adicción: son sistemas diseñados precisamente para maximizar el tiempo de permanencia del usuario. Ese tiempo se traduce en datos, los datos permiten un perfilado conductual cada vez más preciso y ese perfilado hace posible una publicidad más eficaz y, por tanto, voilà, mayores beneficios. La adicción no es un fallo del sistema: es el producto.
Nuestro ya familiar “el algoritmo” es el verdadero motor de esa adicción y es ahí donde debería situarse cualquier regulación seria. No mediante la verificación de la identidad del usuario, sino a través de limitaciones técnicas obligatorias, perfectamente viables hoy en día, por mucho que se nos invite a mirar el dedo en lugar de la luna.
Y es que la personalización algorítmica no es solo una herramienta técnica, sino un auténtico medio de producción. Extrae valor económico de la actividad humana, concretamente de nuestra atención, nuestro comportamiento y nuestros datos. Del mismo modo que una fábrica extrae valor del trabajo físico estas plataformas lo hacen de nuestra actividad mental y social. El usuario, se identifique o no, no posee ni controla el sistema que utiliza: está sometido a él. El funcionamiento del algoritmo responde a la lógica de la acumulación de capital, no al interés colectivo.
Mientras una infraestructura social básica como las redes esté mediada por entidades cuyo objetivo es la extracción de valor, cualquier intento de solución será parcial y superficial. Medidas como la anunciada servirán, en el mejor de los casos y si es que finalmente llegan a llevarse a cabo y no son solo un golpe de efecto con el que entretenernos—han pasado ya más de dos años desde el tan aplaudido anuncio del PSOE de regulación del acceso a la pornografía por parte de los menores—, para que la rueda siga girando mientras quien la impulsa se presenta como único antagonista del Mal.
Los sistemas de verificación de edad no solo son fácilmente burlables —y por tanto inútiles para el objetivo que dicen perseguir—, sino que implican revelar la identidad, ya sea a la propia plataforma o a terceros intermediarios. Esto supone una expansión de la infraestructura de identificación permanente, convierte la identidad en una llave obligatoria para la vida social digital y hace técnicamente posible la vigilancia sistemática, eliminando el anonimato como espacio de autonomía política. Que se lo cuenten a Edward Snowden.
La medida propuesta no ataca la raíz del problema: la normalización de un modelo económico basado en la monetización de la atención humana. Mientras ese modelo exista el sistema seguirá produciendo adicción, en menores y en adultos, porque esa es su función, no una desviación. Hablamos de empresas cuyo beneficio depende de modificar el comportamiento humano a escala industrial, reconfigurando la atención, la percepción y el deseo de la población. Y el gobierno lo sabe.
La única solución realista y que no implica entregar el anonimato pasa por mantener el acceso universal a internet y desplazar la carga del control desde la identidad del usuario hacia la responsabilidad de las plataformas. Es decir, en lugar de verificar quiénes somos, obligar a las empresas a cambiar cómo funcionan sus sistemas. Lo hemos entendido con las tragaperras o con la vivienda: pongámonos las mismas gafas.
Si el objetivo real del Gobierno es proteger a la ciudadanía, esto podría hacerse a corto plazo, como mínimo, prohibiendo los algoritmos de recomendación adictivos y estableciendo que, por defecto, las cuentas funcionen sin optimización para maximizar el tiempo de uso. Regular el diseño manipulativo, restringir el scroll infinito, la reproducción automática, las notificaciones constantes y los sistemas de recompensa que están en el núcleo de la formación de hábitos compulsivos.
La diferencia es clara: verificar la edad actúa sobre el usuario, mientras que regular el diseño actúa sobre el sistema que produce la adicción. Si de verdad se quiere proteger a los menores sin convertir la identificación en requisito para la vida digital, la solución no pasa por vigilar a la población, sino por eliminar los incentivos económicos que hacen rentable diseñar sistemas adictivos. A no ser, claro, que lo de los menores sea solo una coartada para poder restringir la opinión disidente en redes, Sancho.
