Néstor Carramiñana
España cierra 2025 como el «motor» de Europa, batiendo récords de PIB y empleo. Sin embargo, tras el brillo de los indicadores macroeconómicos se esconde una realidad de salarios estancados, alquileres prohibitivos y una dramática pérdida de poder adquisitivo.
Este año se despide con una paradoja que define nuestra época. Si uno lee los informes de la Comisión Europea o del Banco de España, el país es una balsa de aceite: crecemos al 2,9%, la inflación parece domada en el 3% y hay más de 21 millones de personas con un contrato de trabajo. Es el «éxito español» que se exporta a Bruselas. Pero si uno camina por la calle o intenta alquilar un piso en cualquier capital, el éxito se desvanece para convertirse en una lucha por la supervivencia.
La trampa de los grandes números
El crecimiento del PIB es, a menudo, un indicador sordo. Que la economía crezca no significa que la vida de la gente mejore; significa que se genera más riqueza, pero no dice en manos de quién se queda. En 2025, hemos visto cómo los beneficios empresariales y los márgenes de la banca han alcanzado cotas históricas tras el intento fallido de OPA sobre el Sabadell, mientras que la renta real de las familias sigue bajo mínimos.
La inflación acumulada de los últimos años ha dejado una cicatriz profunda. Aunque el IPC se haya estabilizado, los precios no bajan; simplemente suben más despacio sobre una base ya inflada. Con salarios que apenas se mueven, el resultado es matemático: somos más pobres trabajando lo mismo.
Vivienda: El gran extractor de riqueza
El drama de la vivienda en 2025 ha pasado de ser un problema sectorial a una crisis de derechos fundamentales. La política de avales públicos y subsidios al alquiler ha demostrado ser un parche que sangra las arcas públicas para alimentar al rentismo.
Mientras el Estado garantiza el pago de los alquileres con dinero de todos, los precios de mercado siguen escalando. No es una crisis de escasez, es una crisis de especulación. La vivienda se ha consolidado como el principal mecanismo de transferencia de rentas: el dinero pasa del bolsillo del trabajador (vía salario) al del propietario, perpetuando un modelo donde vivir es un lujo y no un derecho.
El empleo récord y la figura del «trabajador pobre»
Presumir de 21 millones de afiliados es lícito, pero incompleto. El 2025 nos deja la consolidación del trabajador pobre: aquel que, a pesar de tener un contrato indefinido y una jornada completa, se encuentra en riesgo de exclusión social. La precariedad ya no es solo la falta de contrato, sino la insuficiencia del salario frente al coste de la vida (energía, transporte y cesta de la compra).
Un cambio de perspectiva
El balance de 2025 nos deja una lección clara: el mercado no derrama la riqueza hacia abajo. El triunfalismo gubernamental incurre en un error peligroso: confundir la actividad económica con el bienestar social. De poco sirve ser el «motor de Europa» si el combustible de ese motor es la devaluación de la calidad de vida de los ciudadanos.
Una Economía no puede medirse solo por la velocidad a la que circula su dinero, sino por la capacidad de este para garantizar una vida digna. Si el crecimiento no se traduce en una recuperación real del poder adquisitivo y en un acceso justo a la vivienda, el PIB no será más que una cifra vacía; un espejismo de prosperidad que solo disfrutan quienes ya no necesitan prosperar. España necesita menos titulares de euforia macroeconómica y más políticas de redistribución valientes. Porque, al final del día, nadie come con el PIB.
