Autora: María Viu (Espai FIGA)
Hay momentos en que la realidad política deja al descubierto aquello que el feminismo lleva décadas denunciando: que el machismo es estructural, transversal y tenaz. Y que, pese a los discursos, los eslóganes y los minutos de silencio, todavía impregna las instituciones como el olor rancio de un despacho cerrado demasiado tiempo. En las últimas semanas lo hemos vuelto a ver con el Caso Salazar, que no es ninguna excepción sino un —otro— síntoma; una pieza más del rompecabezas que conecta con el Caso Koldo, con la sombra de Ábalos, con las tristes declaraciones de Pedro Sánchez y sus “amigos feministas”, y con la poca o nula valentía de gobiernos que se llenan la boca de feminismo mientras toleran —o directamente esconden— comportamientos profundamente misóginos.
Y es que si algo está claro es que el machismo no es patrimonio de una ideología política, que cuando se trata de despreciar y cosificar a las mujeres, la ideología es irrelevante. Porque si la derecha niega o maquilla la violencia machista, la izquierda sigue riéndose de chistes sobre putas mientras se cuelga lazos morados en el perfil de la red social de moda. O dice “compañera” mientras hace mansplaining. O se emociona recitando a Clara Campoamor pero vota contra medidas abolicionistas del sistema prostitucional.
Como muestra, un botón: recordemos las declaraciones de Pedro Sánchez, cuando dijo que sus amigos de cuarenta o cincuenta años «no se sienten cómodos con este feminismo». El presidente del Gobierno español, secretario general de un partido que se proclama feminista —como tantos otros partidos—, hizo este comentario como si fuera algo banal, comprensible, como si el feminismo tuviera que adaptarse al miedo y la fragilidad de un grupo de hombres adultos acostumbrados a no ser cuestionados. Es uno de esos momentos en los que una piensa: si este es el discurso público, ¿cómo será el privado?
La frase contiene todo un programa político, que seguramente nos ayuda a comprender la situación actual: la asunción —por parte del máximo representante del Gobierno— de que la igualdad y los derechos humanos de las mujeres son un exceso, un malestar, un “problema comunicativo”, y no la ideología que ha propiciado conquistas esenciales como el divorcio, el aborto o la protección frente a la violencia machista. El feminismo, según esta visión, debería ir con el freno de mano puesto para no incomodar a los amigos del presidente. Qué casualidad que muchas de las incomodidades se manifiesten, precisamente, cuando se habla de puterismo —permitidme la licencia… a ver si las Academias de la Lengua incluyen la palabra en los diccionarios—, de violencia sexual, de prostitución, de responsabilidad masculina.
No en vano, el reciente Macroestudio sobre trata, explotación sexual y prostitución de mujeres: una aproximación cuantitativa, del Ministerio de Igualdad presentado por la ministra Ana Redondo el pasado mes de octubre en el Consejo de Ministros, establece la cifra de mujeres prostituidas en España en 114.576, un 80 % de las cuales víctimas de trata. El dato, inesperadamente crudo, muestra un país atravesado por un sistema prostitucional inmenso y omnipresente. Y antes de que nadie mire hacia lugares lejanos como Tailandia, conviene recordar que España es el primer país en demanda de prostitución de Europa y el tercero del mundo. No porque los burdeles estén escondidos en suburbios: los encontramos en la Calle Montera, en pleno centro de Madrid.
Se normaliza entre conocidos, políticos, futbolistas, empresarios y altos cargos. Al fin y al cabo, “solo” están comprando un servicio, ¿no? Esa es la idea que sostiene todo el sistema: que el cuerpo de una mujer es mercancía. Que con dinero todo es aceptable. Que consumir prostitución no es violencia, sino ocio. Esta concepción no es marginal; es estructural. Es lo que hace que escándalos como los del PSOE no sean barbaridades aisladas sino la superficie de un iceberg profundísimo.
Quizá porque esa es la idea de feminismo que nos gobierna. Ana Redondo es la ministra que habla de abolición, pero que no parece interesada en impulsar la Ley Orgánica de Abolición del Sistema Prostitucional (LOASP). La misma que dedica los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género a hacer campañas para que no nos llamen “Charo” mientras siguen explotando sexualmente mujeres. Siguiendo la estela de Irene Montero en la conversión del feminismo institucional en un farsante escaparate identitario.
La pérdida de credibilidad de las instituciones en cuanto al feminismo y la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres es enorme, justo cuando más falta hace. Y no es que “la gente no comprenda el feminismo”, sino que es evidente que los partidos toleran comportamientos machistas en sus filas.
Hay preguntas que ningún partido —sobre todo los de izquierdas— quiere hacerse: «¿Cuántos de mis miembros tienen comportamientos machistas?» «¿Cuántos puteros hay en mi partido?». Y eso es porque aún se tolera un nivel de machismo en el que caben los compañeros “muy buenas personas, aunque van de putas”. Hay que dejar claro que el puterismo no es un hecho marginal ni un vicio privado: es una práctica masiva. Es transversal. Y es perfectamente compatible —para muchos hombres— con declararse progresistas, de izquierdas o incluso feministas. El puterismo es el machismo en estado puro: la compra literal del acceso al cuerpo de una mujer.
Y aquí viene la gran contradicción: ningún partido puede decirse feminista si tolera, normaliza o blanquea el puterismo entre sus cargos y militantes. Ninguno. Y esto incluye al PSOE, que lleva años pretendiendo dar una imagen feminista mientras hace equilibrios para no entrar en profundidad en el debate abolicionista, a la vista de los hechos, para no incomodar a determinados sectores internos.
La prostitución no es una cuestión de opinión. No es un debate cultural. No es un trabajo discutible. Es una forma de esclavitud contemporánea, como reconocen la ONU y el Parlamento Europeo. Nadie defendería hoy en día “legalizar la esclavitud” como medida “para proteger el medio de vida de los esclavos”, pero esa es exactamente la argumentación de quienes defienden regular la prostitución. Es indigno. Es cínico. Y es profundamente peligroso.
Ante esto, hace falta un feminismo que no tenga miedo. Que no vaya a pedir permiso a los amigos de ningún presidente. Que no se contente con campañas bonitas, ni con vídeos, ni con gestos. Hace falta un feminismo radical en el sentido etimológico: que vaya a la raíz. Que entienda que abolir la prostitución es imprescindible para acabar con la idea de que el cuerpo de las mujeres es un servicio público. Que coloque a los puteros —y no a las mujeres explotadas— en el centro de la responsabilidad. Que entienda que las víctimas necesitan recursos, no solo retóricas.
Y sobre todo, hace falta un feminismo que señale con valentía la incoherencia de gobiernos que se dicen feministas pero no tienen el coraje de limpiar su propia casa. No basta con decir “somos feministas”. Hay que demostrarlo. Hay que hacer políticas valientes. Hay que expulsar puteros, agresores, machistas y encubridores de cualquier estructura de poder. Hay que tomarse en serio los datos del Ministerio: más de cien mil mujeres prostituidas no son un tema secundario. Son una emergencia de derechos humanos.
El feminismo no es un eslogan. Es un compromiso radical con la dignidad humana y con la igualdad para la mitad de la población: las mujeres. Y si el partido que gobierna España no está dispuesto a asumir ese compromiso de verdad, puede hacer algo muy sencillo: dejar de llamarse feminista. Y no llorar después cuando las mujeres no le voten. Y quien quiera ser una verdadera alternativa feminista, ¡ya sabe cuál es la receta!
