El Tribunal Constitucional de Polonia declaró inconstitucional al Partido Comunista Polaco (KPP). Tras un proceso kafkiano alargado durante varios años, finalmente este tribunal logró su objetivo argumentando que «no hay cabida en el ordenamiento jurídico de la República de Polonia para un partido que glorifique a criminales y regímenes responsables de la muerte de millones de seres humanos». Además de ser un argumento descabellado, la sentencia es desmesurada, pues el KPP es actualmente un partido sin representación parlamentaria y con menos de mil militantes.
Los comunistas son ilegalizados en Europa por motivos que evidencian una desconexión absoluta tanto de la realidad como de la historia de sus propios pueblos. Por ejemplo en este caso por simplemente poner en valor el rol de Stalin y el Ejército Rojo en la liberación de Polonia del nazismo, que costó a las tropas soviéticas cientos de miles de vidas. Tras estos dislates que dan una patada a las evidencias históricas se esconden simples motivos rusófobos, porque mientras tanto son permitidas las apologías del banderismo.
La legislación polaca prohíbe los partidos cuyos programas o actividades «apelen a métodos totalitarios» o «propugnen un sistema de gobierno totalitario». El tribunal argumentó que el KPP, al promover ideales marxistas-leninistas, se alineaba con dicha definición. La decisión se enmarca dentro del contexto de descomunización impulsado por los partidos reaccionarios polacos y en sintonía con el declive ideológico de la Unión Europea, que ha intensificado la remoción de símbolos comunistas y la persecución de grupos que los defienden. Se trata de una instrumentalización política de la justicia para eliminar la oposición de izquierda real y bajo el pretexto de defender la democracia.
La prohibición de partidos comunistas en Europa no es un fenómeno nuevo y está ligada a contextos históricos de Guerra Fría y legislaciones «antiextremistas». La República Federal de Alemania (RFA) prohibió en 1956 el Partido Comunista de Alemania (KPD), argumentando que buscaba derrocar el orden constitucional. En 1968 se fundó el DKP (Partido Comunista Alemán), que es legal pero vigilado. En la antigua RDA, el partido gobernante SED (Partido Socialista Unificado) fue disuelto tras la reunificación y no está prohibido, pero sus sucesores (como Die Linke) son legales.
En Letonia, Lituania y Estonia prohibieron los partidos comunistas a principios de los años 90 por su asociación soviética Las actividades que niegan la ocupación o glorifican el régimen soviético pueden ser perseguidas penalmente. Ocurre de un modo semejante en Ucrania: en 2015, tras el golpe de estado del Euromaidán, se aprobaron las «leyes de descomunización», que prohibieron el Partido Comunista de Ucrania y otros partidos que defendieran ideas comunistas o simpatizaran con Rusia.
Todas estas prohibiciones siguen un patrón común, suelen justificarse en marcos legales que prohíben el «extremismo» o la «apología del totalitarismo», pero su aplicación está profundamente influenciada por el contexto político del momento, que no es otro que la integración en la UE/OTAN de los países cercanos a Rusia para incrementar la tensión geopolítica.
La UE, como brazo gestor de la economía del imperialismo (Comisión Europea, BCE), es un proyecto de dominio sobre la clase trabajadora diseñado para priorizar la estabilidad monetaria, la libre circulación de capitales y la competitividad (principios neoliberales).
Ocurre así con las políticas como la austeridad (impuestas durante la crisis del euro a Grecia, España, Portugal, Italia), el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que actúan como mecanismos de disciplinamiento que limitan la capacidad de los estados miembros para expandir el gasto social.
Existe una simbiosis estratégica entre la UE y la OTAN. La OTAN garantiza el marco militar y de seguridad que protege el espacio económico transatlántico, mientras que la UE crea el marco regulatorio y de mercado único que facilita la acumulación de capital para las grandes corporaciones europeas y estadounidenses. Las sanciones contra Rusia, por ejemplo, se deciden en coordinación, priorizando la agenda geopolítica occidental incluso cuando perjudica económicamente a sectores de la clase trabajadora europea (inflación energética, desindustrialización).
El proyecto europeo, en su forma actual, presenta una contradicción fundamental: promete paz y prosperidad, pero su arquitectura institucional y sus políticas priorizan la competitividad del capital sobre el bienestar del trabajo. Esto fragmenta a la clase trabajadora europea (por nacionalidad, sector, estatus migratorio), dificultando una respuesta unitaria. La prohibición de partidos comunistas, como la del KPP en Polonia, puede leerse no solo como un ajuste de cuentas histórico, sino como un síntoma más de la clausura del espacio político: se margina cualquier alternativa que plantee una crítica sistémica al capitalismo y su entramado financiero-militar transatlántico. La lucha de la clase trabajadora en Europa, por tanto, tiene hoy un doble frente: contra el capital nacional y transnacional, y contra las estructuras supranacionales de la UE y la OTAN que lo sostienen y protegen.
