Pese a años de reivindicación sindical y feminista, la deuda con estas trabajadoras sigue siendo profunda. En 2022, Tras décadas de exclusión injustificada, finalmente se les reconoció el derecho a la prestación por desempleo, corrigiendo una discriminación histórica que chocaba frontalmente con el artículo 14 de la Constitución, que prohíbe toda discriminación por razón de sexo o condición social. Ahora, un nuevo paso se suma: la obligación de que los empleadores evalúen los riesgos laborales en los domicilios, en cumplimiento del artículo 19 del Estatuto de los Trabajadores y de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales.
Sin embargo, este avance llega acompañado de tropiezos. La herramienta gratuita prevencion10.es, puesta a disposición por el Ministerio de Trabajo para que las familias pudieran realizar la autoevaluación, ha sufrido un colapso por un ataque masivo de bots que bloqueó más de 16.000 IP y generó casi 50 millones de solicitudes automatizadas. Aun así, el requisito es plenamente exigible desde este viernes: las familias deben entregar a la empleada el documento con los riesgos detectados y las medidas adoptadas. Si no lo hacen, la infracción puede alcanzar sanciones de hasta 49.180 euros en casos agravados, aunque lo habitual será la calificación leve (máx. 2.450 euros).
El propio decreto que reconoce este nuevo derecho imponía también otros deberes al Ministerio de Trabajo: una plataforma formativa en prevención para las empleadas de hogar —pendiente desde marzo— y un protocolo contra el acoso y la violencia en el trabajo doméstico —pendiente desde septiembre—. Ambos siguen sin ver la luz, a pesar de que el artículo 15 de la LPRL obliga a diseñar medidas frente a todos los riesgos, incluidos los psicosociales.
Este retraso no es menor. Significa que miles de trabajadoras continúan desempeñando un trabajo que puede incluir manipulación de productos tóxicos, sobreesfuerzos físicos o incluso situaciones de acoso sin contar aún con herramientas oficiales de formación ni protección. Tanto UGT como CCOO celebran el nuevo derecho, pero recuerdan que la prevención no es un mero trámite: es una garantía básica para la vida y la salud de quienes sostienen un sector profundamente feminizado (93% de mujeres) y con un altísimo peso de extranjeras (66% entre personas extranjeras y de doble nacionalidad).
El derecho a la prevención solo beneficia a quienes están dadas de alta. Pero la EPA estima 539.000 ocupadas en el sector, frente a las 378.000 afiliadas, dejando un vacío de más de 160.000 personas cuya situación laboral es invisible para el Estado. No toda esa diferencia implica irregularidad, pero sí señala un problema estructural: el empleo sumergido sigue siendo la norma en demasiados hogares.
La patronal AESPD culpa a los aumentos del SMI, de la cotización por desempleo y de las nuevas normas de prevención del descenso en las afiliaciones. Sin embargo, este argumento obvia un principio básico del derecho laboral: los derechos no encarecen el trabajo; corrigen el abuso. Como recuerda CCOO, lo que se necesita no es menos regulación, sino más inspección y campañas que informen a las familias sobre sus obligaciones legales.
La caída del empleo doméstico es clara: -53.000 trabajadoras en un año, mientras el conjunto del empleo crece. Algunas interpretaciones apuntan a un trasvase hacia empresas de servicios; otras, a una mejora general del mercado laboral que permite a muchas empleadas buscar trabajos más estables y mejor pagados. En ambos casos, la lectura obrera es evidente: cuando una trabajadora encuentra una alternativa digna, deja atrás el sector más precarizado del país.
España ha avanzado, sí, pero lentamente y a medias. Si quiere dejar de incumplir el Convenio 189 de la OIT sobre trabajo decente para las trabajadoras domésticas, debe completar sin demora la formación pendiente, reforzar la inspección y garantizar reconocimientos médicos gratuitos desde la sanidad pública. Es una cuestión de legalidad, pero sobre todo de justicia.
Porque mientras miles de mujeres sostienen la vida cotidiana en los hogares españoles, el Estado aún les debe algo tan elemental como lo que reclaman desde hace décadas: trabajar sin miedo, con derechos y con dignidad.
