Por Nuria Coronado Sopeña
El informe fue encargado a Themis y en él se señalaban, entre otros temas, los fallos y mejoras a realizar.
“La ministra Ana Redondo miente una y otra vez y no solo no dimite, sino que nos está revictimizando a las víctimas negando la mayor. Lo de este ministerio es tortura institucional”. Quien lo dice es María Martín Romero, de La Volaera. Y es que la presidenta de esta asociación granadina de ayuda a víctimas de violencia machista y también superviviente, denuncia que dicho ministerio “conocía perfectamente lo que estaba pasando con Cometa tanto que por ello encomendó un informe a la asociación de Mujeres Juristas Themis para subsanar todo”.
Sus palabras son rotundas porque el pasado 13 de junio de 2024 fue una de las presentes en la mesa de trabajo para la preparación del informe titulado “La realidad práctica de las órdenes de alejamiento en el contexto de la violencia de género”, donde se expusieron todas las fallas de dicho sistema. “Junto a mí estuvieron, Laura Piñuela Rubio, subdirectora general adjunta de coordinación interinstitucional en Violencia de Género, Rosa María Casasús Figueroa, coordinadora del Centro Cometa. Además, estuvieron las juezas de Violencia de Género, Cira García Domínguez (magistrada del juzgado de Violencia contra la Mujer número 1 de Getafe) y Lucía Ruano Rodríguez, (exmagistrada del juzgado de Violencia número 2 de Madrid). Asímismo, participaron las fiscalas María Luisa Ordoñez de Barraicua (adscrita a la Fiscalía de Sala de Violencia sobre la Mujer) y Ana Carolina Parejo Mesa (fiscala decana de la sección territorial de Linares y responsable de Violencia de Género). Por parte de Themis estuvieron tres abogadas. ¡Que pregunten a cualquiera de ellas, a ver si miento!”, recalca indignada.
La realidad que no cesa
La reunión de trabajo duró cuatro horas y en ella María Martín Romero expuso la desesperación que viven las víctimas. “Allí conté cómo los maltratadores usaban la pulsera para maltratar a la víctima. Es decir, la hacían saltar a propósito. Es decir, el problema no era la tecnología de las pulseras, sino el protocolo que estaba siguiendo COMETA, que ante los continuos pitidos llamaban a las víctimas con lo que eso supone de intranquilidad. Por ello se aconsejó que lo mejor era no llamar cuando se trataba de pitidos que se sabían no eran graves sino por esta circunstancia. También se habló de que en las zonas rurales los dispositivos dejaban de funcionar, pero no por la tecnología, sino por la falta de cobertura telefónica. Lo que también es un grave problema para las mujeres”.
Ante la intervención de María las fiscalas y juezas asentían a sus palabras. “Me daban la razón, porque en este país por más que nos llenemos la boca de decir que hay protección para las mujeres, en la vida real la desprotección es la ley para nosotras”, añade.
Según añade la presidenta de La Volaera, otro de los temas que se trató con la responsable de COMETA y la representante de Delegación de Gobierno para la Violencia de Género fue el Protocolo de interactuación con los maltratadores, que seguían las y los operadores. “Las abogadas de Themis expusieron el grave problema que suponía, que no dejaran claro a los agresores que debían abandonar el lugar cuando saltaba alguna alarma de proximidad a la víctima. Y es que, desde COMETA, muchas veces se limitaban a decirles a los agresores que les avisaran cuando pensaran abandonar el lugar, y ello pese a estar dentro de la distancia de seguridad prohibida en la resolución judicial”.
Este proceder es como reseña María Martín de vital importancia. “Estas conversaciones entre las y los teleoperadores y los maltratadores, a menudo cobran especial relevancia tanto en la instrucción como en los juicios por delito de quebrantamiento de la orden de alejamiento. En muchos casos, acaban siendo archivados o finalizan con sentencias absolutorias sobre la justificación del error de prohibición en el que incurre el agresor. Es decir, que la prueba objetiva que aporta la tecnología de las pulseras respecto al incumplimiento de la distancia de seguridad por parte del agresor (que cuando no existe la pulsera es difícil demostrar) no sirve de nada por culpa de las conversaciones de los teleoperadores con dichos agresores que son utilizadas como justificación para su impunidad”.
Así mismo recuerda que cuando las abogadas de Themis expusieron este problema a la responsable de COMETA y a la delegada de Gobierno, “ambas dijeron que ellas no tenían constancia de estos hechos y que podían ser casos puntuales. Sin embargo, tal y como acabamos de ver en el testimonio que un extrabajador del centro ha dado en el programa de televisión Todo es mentira afirmó que fue abroncado por dar órdenes directas a un agresor de que debía abandonar la zona de exclusión. ¡Resulta deleznable cómo nos mintieron y cómo nos siguen mintiendo en algo tan importante como es la protección de la vida de las mujeres!”, cuenta María.
Y es que, tal y como añade María, “a las y los teleoperadores, parece ser que se les instaba a no respetar las instrucciones internas con ese protocolo y por lo tanto a que quede en papel mojado la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, donde se introdujo en su artículo 64 la posibilidad de acordar la utilización de instrumentos con la tecnología adecuada para verificar el inmediato cumplimiento de la prohibición judicial de aproximación del investigado/encausado/condenado a la persona protegida, prohibición que “impide acercarse a la misma en cualquier lugar donde se encuentre, así como acercarse a su domicilio, a su lugar de trabajo”.
Un trabajo ignorado
Volviendo al informe encargado por Igualdad a Themis, la presidenta de La Volaera confirma que fue entregado en octubre de 2024. “¿Por qué no se ha publicado? ¿Quién y por qué no lo ha sacado a la luz?”, se pregunta. “Ahora viendo todo lo sucedido entiendo todo. Desoyeron todos los avisos internos y externos de lo que estaba pasando y ahora que ha salido a la luz tampoco van a asumir responsabilidades. Por responsabilidad y ética feminista lo hago yo en nombre de todas las mujeres maltratadas. ¡Ya está bien de que se rían de nosotras y no se tome en serio la integridad de nuestras vidas!”, recalca Martín.
Durante dicha reunión Martín recuerda que se sugirió que “el personal del centro tuviera formación pública, que fueran funcionarias o que incluso pertenecieran a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado”. Así mismo Martín recalca que “en ningún momento, la representante de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, nos dijo nada sobre los fallos en la migración por la nueva adjudicataria del servicio. Ahora me encajan todas las piezas del puzle”, añade.
Por otra parte, la presidenta de La Volaera comentó que “expusimos que, dado el creciente número de casos de mujeres con riesgo medio-alto en violencia de género, los dispositivos necesitan tener la máxima eficiencia y que iban a resultar escasos para el número creciente e ingente de mujeres con órdenes de alejamiento. Estos dispositivos, debido al alto coste de fabricación y mantenimiento, tenían que seguir teniendo la máxima calidad. También que habría que aumentar la partida presupuestaria para cubrir cada nuevo caso. Cosa que hemos visto que Irene Montero no respetó”.
La destacada feminista recalca que con esta actuación “el Gobierno ha hecho caso omiso de los consejos de expertas juristas porque no les interesaba sacar a la luz los fallos de su propia gestión, y al parecer, tampoco les interesó tomar nota de las mejoras que este informe contenía para evitar los fallos que estaban afectando a la protección de tantas mujeres”, añade.
“Es decir, que desde la entrega del informe de Themis no han hecho nada con toda la experiencia que les trasladamos ni se está protegiendo el derecho de las víctimas, ni su integridad. Han puesto en riesgo su seguridad. Y ahora el informe está guardado en un cajón. Unas veces destinan dinero del Pacto de Estado para menesteres y abecedarios varios que nada tiene que ver con las mujeres y otras lo tiran para nada. Están incumpliendo con su trabajo, pero lo más importante es que nos están desprotegiendo. ¡Menos mal que desde hace siete años es el gobierno más feminista de la historia de España!”.
No son juguetes
Lo recalcado por esta experta es de vital importancia ya que los dispositivos telemáticos se instalan solamente por resolución judicial y suele hacerse en aquellos casos donde el riesgo que tiene la víctima de sufrir una nueva agresión es bastante alto y no es suficiente con decretar la orden de alejamiento sin supervisión. “Y con todo ello, las juezas y jueces suelen ser bastante reacios a su imposición, entre otros motivos, por la cantidad de trabajo que aporta al juzgado el hecho de que cada alarma de aproximación da lugar a la incoación de un procedimiento judicial por presunto delito de quebrantamiento. Por tanto, el porcentaje de casos en los que se impone el dispositivo de telecontrol es muy bajo en comparación con el número de órdenes de alejamiento decretadas en nuestro país, y que, sin duda, estos casos son los más necesarios de protección”, subraya.
Sobre los casos, es decir las mujeres afectadas, no se saben aún, ya que no han sido publicados los datos de 2024. Si nos vamos al año anterior el total de dispositivos telemáticos activos a finales de 2023 es de 4.548 víctimas. Por ello María finaliza preguntándose “¿se habrán encontrado desprotegidas a causa de la negligencia cometida por el Ministerio en todo el proceso de actualización de los dispositivos? ¿Cuántas de esas 4.548 víctimas habrán visto y seguirán viendo como su maltratador sale impune del delito de quebrantamiento por seguir utilizando un Protocolo de actuación erróneo e incompleto?”.
