En pleno verano de 2025, seis sindicalistas asturianas de la CNT —conocidas como Las Seis de La Suiza— han sido enviadas a prisión por ejercer el derecho más básico en una democracia: el sindicalismo combativo. Lo que empezó en 2016 como una campaña de solidaridad con una trabajadora embarazada que denunciaba acoso en una pastelería de Gijón ha acabado con condenas de cárcel, indemnizaciones millonarias y una maquinaria judicial que, paso a paso, ha ido aplastando la protesta obrera como si de una organización criminal se tratase.
Mientras tanto, el Gobierno del Estado —autodenominado «progresista», liderado por el PSOE y con el apoyo de Sumar— se limita a observar, escudándose en la “separación de poderes”, pero sin mover un dedo real para impedir el ingreso en prisión de estas compañeras. El indulto, solicitado hace meses y respaldado incluso por las propias instituciones asturianas, duerme el sueño burocrático en algún cajón ministerial. Y mientras ellas entran en la cárcel, los partidos que ocupan los escaños del Congreso mantienen un silencio ensordecedor o, en el mejor de los casos, gesticulan sin consecuencias.
Este no es un caso aislado. En Cádiz, durante la histórica huelga del metal de 2021, decenas de trabajadores fueron identificados, multados y detenidos por enfrentarse a unas condiciones laborales inaceptables. Aquella huelga fue símbolo de dignidad obrera, de lucha por lo más básico: salarios justos, contratos decentes, estabilidad. Pero la respuesta del Estado fue brutal: antidisturbios, blindados, cargas, y posteriormente, la judicialización de la protesta. Muchos de esos obreros gaditanos aún siguen pendientes de juicios, bajo amenazas de cárcel, por el simple hecho de organizarse. Pero no quedó ahí: en 2024, tres trabajadores gaditanos fueron condenados a penas de prisión por su participación en aquella huelga. Hoy, dos de ellos ya están cumpliendo condena, y el tercero se enfrenta a su entrada inminente. Se les acusa de desórdenes públicos por protestar con dignidad, mientras los verdaderos responsables de la precariedad —las subcontratas, la patronal del metal, los que exprimen a la clase obrera a cambio de migajas— siguen impunes.
Y ahora, el ataque continúa. Ayer mismo, el 8 de julio de 2025, un nuevo golpe represivo se cebó sobre el sindicalismo de clase en Cádiz: un compañero del sindicato CTM fue enviado a prisión provisional, con una fianza desorbitada de 40.000 euros. ¿El motivo? Su participación activa en la lucha obrera y sindical en la Bahía.
Otro caso escandaloso de criminalización selectiva, con tintes de castigo ejemplarizante. Otro intento de infundir miedo entre quienes se organizan para defender sus derechos. Otra muestra de que la justicia del capital tiene un solo enemigo: la clase trabajadora cuando se levanta.
Estamos ante una tendencia cada vez más clara: la criminalización del sindicalismo combativo. No del sindicalismo domesticado, el que negocia sin molestar y firma convenios que recortan derechos, sino del que planta cara, sale a la calle y pone en jaque al patrón. Es ese sindicalismo, el de clase, el que molesta. Y es por eso que se reprime.
En este escenario, la postura del Partido Comunista de los Trabajadores de España (PCTE) ha sido una de las pocas claras y coherentes. El PCTE ha denunciado de forma frontal no solo la represión en sí, sino también la responsabilidad política directa del gobierno y de todas las fuerzas parlamentarias que avalan con su inacción esta deriva autoritaria. Para este partido comunista, lo que está ocurriendo es una muestra palpable de que el parlamentarismo español no sirve a la clase trabajadora, sino que protege los intereses del capital. En sus comunicados, el PCTE ha señalado cómo los aparatos del Estado, lejos de ser neutrales, actúan como herramientas del empresariado para disciplinar al movimiento obrero.
La lucha de clases no ha desaparecido, simplemente se ha disfrazado. Ya no hay grises en las puertas de las fábricas —ahora hay tribunales, multas, cárcel y silencio mediático. Y, en muchos casos, represión selectiva para sembrar el miedo. Es la “paz social” por decreto, la “convivencia democrática” que solo existe mientras los trabajadores no se organicen.
Las Seis de La Suiza no son delincuentes. Los obreros de Cádiz no son alborotadores. El compañero del CTM no es un criminal. Son parte de una clase que empieza a despertar y que, por eso mismo, está siendo golpeada con saña. La historia enseña que cuando la lucha de los trabajadores se intensifica, el Estado responde con represión. Lo vimos en la Transición, lo vimos en Vitoria en el 76, lo vemos ahora. Y cada vez que ocurre, se repite el patrón: los partidos del sistema callan, los medios criminalizan, y el pueblo paga el precio.
Pero también enseña la historia que ninguna cárcel ha podido parar a un movimiento obrero decidido. Ni las amenazas ni los juicios van a silenciar a quienes luchan por una vida digna. Y si el sindicalismo de combate está siendo criminalizado, es porque aún representa un peligro real para este orden injusto.
