Espai FIGA
Tenía 45 años, trabajaba como electricista y era un vecino más. Un hombre corriente. Discreto. Integrado. Nada hacía sospechar que estaba al frente de una red de prostitución, pornografía y explotación sexual infantil, con especial fijación por niñas y adolescentes en situación vulnerable.
El caso ha estremecido por su crudeza, pero no sorprende. No debería sorprendernos que, una vez más, el sistema haya fallado. El hombre ya había sido detenido en dos ocasiones por delitos similares, pero salió en libertad. Más de una década después, reincidía con total impunidad, sin que nadie le hiciera seguimiento, sin que el Estado pusiera los medios para evitar que volviera a depredar.
Durante años, abusó de niñas tuteladas por la administración, las prostituyó, las grabó, compartió sus imágenes con otros hombres sanos e integrados en la sociedad y creó una red en la cual muchos participaron activamente. No eran enfermos, ni monstruos. Eran hombres comunes. Clientes. Puteros. Hasta que llegó el ‘buen samaritano’, el que se escandalizó y denunció… pero no por haber violado a una mujer a cambio de dinero, sino porque la víctima podía ser menor de edad. Esa es la escala de valores en que se encasillan los consumidores de prostitución.
La explotación sexual de niñas y adolescentes, de mujeres, no ocurre en un vacío. Sucede porque existe una demanda constante de mujeres vulnerables, de mujeres pobres, de mujeres y niñas, en definitiva, por razón de su sexo. Sucede porque socialmente sigue sin estigmatizarse a quienes pagan por sexo, ni siquiera cuando el precio es la infancia ajena. Porque muchos siguen creyendo que «las niñas provocan», que «hay que legalizar la prostitución» y que «los hombres tienen necesidades».
Las niñas en situación de riesgo social, sin recursos, sin familias estables, sin redes de protección, se convierten en objetivos fáciles. No tienen dinero, pero sí cuerpos femeninos. Y en un sistema patriarcal, con eso basta.
El caso pone sobre la mesa una realidad incómoda: los delitos sexuales, sobre todo si están relacionados con la prostitución, salen baratos. El proxenetismo, la tercería locativa, la compra de sexo, incluso la pornografía infantil, se castigan con tibieza. Se judicializa a las víctimas, se duda de sus relatos, se les exigen «pruebas» mientras sus agresores siguen cobrando su sueldo o viendo fútbol en la terraza del bar.
Hace falta una ley abolicionista de la prostitución en este país. Una que no «regule el mercado» de niñas y mujeres, sino que lo combata. Que penalice a proxenetas, puteros y facilitadores. Que proteja y acompañe a las mujeres prostituidas en procesos de salida real. Que entienda que el consentimiento bajo coacción económica no es consentimiento. Que el cuerpo de una niña —o el de una mujer— no puede comprarse jamás.
Y hace falta, también, revisar cómo se presentan estos casos ante la opinión pública. Porque cuando se habla de estos depredadores, siempre se dice que «parecían normales». Como si lo anormal fuera el delito, y no el sistema que lo permite. Como si no supiéramos que el agresor sexual no lleva cuernos ni capa, sino mochila, hijos, pareja, trabajo. Como si «lo de siempre» no fuera que los agresores estén entre nosotros, protegidos por el silencio, por la falta de leyes firmes, por la complicidad social.
Este hombre no actuaba solo. Fueron muchos los implicados. Muchos los que callaron. Muchos los que pagaron por violar. Muchos los que compartieron vídeos. Muchos los que miraron hacia otro lado. No podemos permitirnos seguir ignorando esta realidad: la prostitución no es un trabajo, es violencia machista. Y cuando afecta a niñas, es tortura.
Ya basta de justificar lo injustificable. No más «hombres normales» haciendo cosas monstruosas. No más niñas pagando el precio del deseo masculino legitimado. No más impunidad para los que convierten el dolor ajeno en placer propio.
