Por M. Engracia Martín Valdunciel (Abolicionistas Aragón)
Para empezar, conviene conceptualizar correctamente porque es clave: la prostitución no es intercambio de sexo por dinero, como suele oírse a menudo, sino esclavitud y violencia sobre mujeres y menores.
Sabemos que existen diferentes formas de abuso y sometimiento en el siglo XXI, como el trabajo infantil, pero mientras esa y otras servidumbres resultan evidentes para la sociedad, y éticamente reprobables, las relaciones de poder en la prostitución tienden a ser blanqueadas por todo el espectro político: por ejemplo, el reciente Pacto de Estado contra la violencia de género obvia la violencia sexual de la prostitución. No en vano habitamos sociedades patriarcales profundamente desiguales. Por eso es preciso recalcar la inviabilidad de la prostitución el 1 de Mayo.
La prostitución es, sobre todo, poder: supone ejercer el placer del poder. Y quien tiene poder en esa relación son hombres, puteros, violadores, proxenetas. Unos se “empoderan”, otras, las mujeres, se convierten en objetos a su servicio. La pregunta que debemos hacernos es: ¿por qué hay hombres que pudiendo mantener relaciones de respeto y reciprocidad en nuestras sociedades prefieren aquellas que implican violencia?
Que esa esclavitud y violencia tengan larga data no significa que no puedan ser cuestionadas —como otros sometimientos— y además plantear a toda la sociedad el reto de acabar con ellas: la calidad democrática de nuestra sociedad está en riesgo. La sola existencia de la institución patriarcal supone una poderosa violencia simbólica para el conjunto social.
El mercado de la explotación sexual no podemos entenderlo como “trabajo”, porque deshumaniza, cosifica a mujeres y niñas, sus principales víctimas. Por consiguiente, conculca Derechos Humanos, como la atribución de dignidad de todos los seres humanos, el derecho a la integridad física y moral o a no sufrir tratos inhumanos o degradantes. Ninguna tarea supone esa objetivación de un ser humano, ninguna ocupación por dura que sea implica tal violencia, deshumanización e indignidad. En ningún caso una actividad que sabemos produce daños físicos y psicológicos de extrema gravedad a mujeres y menores —como el estrés postraumático o una menor esperanza de vida— puede ser considerada «trabajo».
Reconocer y regular la esclavitud sexual como “trabajo” no beneficia a las mujeres en prostitución. Tenemos constancia del infierno que viven las mujeres y las niñas en países donde la violencia y la explotación sexual se consideran “trabajo”, como Alemania o Nueva Zelanda.
Mantener la entelequia de “trabajadoras sexuales” no hace sino blanquear a los prostituidores: mediante la “neolengua”, los violadores se convierten en “clientes” y los proxenetas en “empresarios”. En realidad, en el juego de ocultar la violencia y la explotación al admitir la denominación “trabajo sexual” se concitan hipocresía, racismo, sexismo y clasismo… Porque, al fin y al cabo, el “trabajo” siempre lo harán otras mujeres. En este sentido, es una falacia y una indecencia “proteger los derechos de las mujeres prostituidas” y, al mismo tiempo, defender la regularización del “trabajo sexual”… ¿Cómo pueden hablar de derechos quienes pretenden legitimar social y jurídicamente una práctica social y una institución patriarcal que los vulnera?
Es hora de manifestarlo de forma clara y contundente: el problema son los puteros, los actores invisibilizados por el sistema. Porque si bien es verdad que no todos los hombres son puteros, los puteros son todos hombres. El problema son jóvenes o adultos socializados en la prepotencia, en la cultura de la violación y el desprecio hacia las mujeres —como la pornografía— en la falta de reconocimiento y la nula empatía con las compañeras. Ellos constituyen la clave de la existencia de los campos de concentración: sostienen el tinglado al pagar por violar. Porque sin puteros no habría prostitución y tampoco la trata que la alimenta.
La cuestión radica en una cultura dominante androcéntrica y patriarcal que atribuye prestigio y poder a los hombres, por el hecho de serlo, y demérito y desprecio a las mujeres. Y una socialización sexista que disculpa al abusador, al violador, al depredador, etc., y culpabiliza a las víctimas.
El sistema patriarcal-capitalista recurre a falacias inadmisibles para justificar la violencia sexual sobre las mujeres, como el mito de la “libre elección”: no existe “libre elección” cuando hay desigualdad. Sin verdadera igualdad el “consentimiento” del “trabajo sexual” está viciado, no es relevante para legitimar la explotación de las mujeres. Porque la cosificación de mujeres y niñas, sin medios en su inmensa mayoría, pone de manifiesto los pilares del sistema prostitucional: violencia sexual en la infancia, desigual acceso a recursos, formación, etc., entre hombres y mujeres. Los estudios empíricos indican que prostitución y feminización de la pobreza van juntas. Difícilmente una mujer “elige” ser violada, explotada, torturada, etc., si dispone de un abanico de opciones.
Por otra parte, la prostitución no es un asunto particular, como quieren hacernos creer, es un grave problema político, y manda un mensaje peligroso para la salud de la democracia: se puede violar, abusar, explotar, humillar, denigrar, violentar, etc., impunemente a la mitad de la sociedad. Nos jugamos el tipo de sociedad que queremos construir, porque la prostitución erosiona la igualdad y debilita la democracia. Por tanto, una sociedad democrática, o sea una sociedad de sujetos (hombres y mujeres) es incompatible con el sistema prostitucional. El mercado de mujeres y niñas supone una “escuela de desigualdad” para chicos y chicas: enseña a unos el abuso y la violencia y a otras la subordinación y el silencio.
Parece evidente que la prostitución contradice de forma flagrante los fundamentos del Estado de derecho: la igualdad de hombres y mujeres ante la ley, la no discriminación por razón de sexo. La existencia de la prostitución pone en evidencia un Estado incapaz de preservar los derechos de las mujeres; se convierte, por tanto, en parte del sistema, en un Estado proxeneta, como el español. Por su parte, los sindicatos que consideran “trabajo” la prostitución o no impugnan el sistema prostitucional y dedican esfuerzo y formación para erradicarlo se hacen cómplices de la barbarie. Difícilmente pueden ser tildados de democráticos.
Conviene recordarlo, una vez más, el feminismo ha sido y es abolicionista: lo fue en siglos pasados —como pone de manifiesto la historia, luchando en primera línea por la abolición de la esclavitud de los seres humanos en razón de “raza” o de sexo— y lo sigue siendo actualmente. Porque la abolición del sistema es la única forma de devolver los derechos expropiados a las mujeres en prostitución, como se recoge en la LOASP —un proyecto de ley de Organizaciones de Mujeres Abolicionistas de la prostitución integradas en la Plataforma Estatal PAP—.
