Esta entrada se enmarca en el dosier que el diario elcomun.es presenta para este Primero de Mayo, en estos momentos en los que más que nunca necesitamos movilización. Como medio apostamos por la alianza fraternal contra toda opresión, toda explotación y por la paz. Frente al rearme, respuesta obrera.
A veces no sabemos las historias que hay detrás de cada profesión hasta que conocemos en persona a los profesionales. La experiencia de pasar varias noches en la acampada que las compañeras del Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) hicieron en Sevilla me sirvió para conocer, entre muchos casos, a una trabajadora embarazada que continuaba trabajando y acudiendo a los domicilios de sus usuarios, o una trabajadora diagnosticada de una enfermedad grave obligada a recorrer una gran distancia para acudir a los domicilios dispersos que le han sido asignados en su cuadrante.
Golpes de calor, desfallecimientos, dolores de espalda al cargar en peso a los usuarios, en general problemas de salud derivados del riesgo propio de la actividad que no son contemplados por las empresas, que regatea el coste por ejemplo de grúas y mecanismos. Hablamos de uno de los sectores laborales más perjudicados, a los que más sedantes se prescribe, por problemas como lumbalgia o dolores articulares provocados por el esfuerzo. Solo las fracturas o lesiones muy concretas y determinadas por las mutuas son consideradas enfermedades profesionales.
Recordemos el desamparo al que se sometió al sector durante la pandemia, que a pesar de ser el segundo sector más contagiado –gracias por cierto al ahorro de las empresas en la falta de condiciones laborales para su prevención–, no fueron consideradas como de primera línea, y no se aceptó el contagio como enfermedad profesional.
Sin ir más lejos, una compañera trabajadora de dependencia contaba en esta misma serie de entradas su odisea en el día de ayer durante el apagón.
¿Quién está seguro de que mañana mismo no le hará falta una ayuda en casa, aunque sea por una incapacidad temporal? Se trata por tanto de un servicio esencial, que tendría que estar adecuadamente valorado por la sociedad. Sin embargo, las trabajadoras parecen invisibles, nos acordamos de ellas para los momentos de aplausos en los balcones pero luego de pronto vuelven a ser ignoradas.
Además, se trata de una necesidad básica, un bien tan esencial como es el cuidado de las personas más frágiles -aparte de los niños pequeños- que es considerada una actividad lucrativa y no un pilar básico de la convivencia. Si empleáramos el mismo lenguaje mercantil que suelen usar los capitalistas, podría decirse que los cuidados a los dependientes no es un gasto, sino una inversión.
Pero como sabemos ocurre que el capitalista sólo va a apostar por aquellos sectores donde se pueda obtener beneficio. No tendría sentido que una empresa realizara el enorme esfuerzo de gestionar una ardua tarea como la atención domiciliaria de un municipio si esto le provocara una administración «poco rentable». Por supuesto no lo es, al contrario, es muy rentable, y ya procurará la empresa buscar la manera de que así sea. La rentabilidad para la empresa viene aquí determinada por la mayor explotación que pueda ejercer sobre las trabajadoras. El mayor plusvalor que pueda obtener de cada empleada a partir del presupuesto público inicial entregado por el Ayuntamiento.
Si a los intereses capitalistas les importa bien poco la situación de la clase trabajadora, les parecerá muy adecuado que dentro de la propia clase existan sectores más frágiles. En el caso de las mujeres, se añade a la explotación general la sobre-explotación de encontrarse expuestas a los sectores del cuidado, tradicionalmente considerados de peor categoría, y como consecuencia condenados a peores condiciones laborales.
Además, en su afán de obtener el mayor plusvalor, las empresas tienden a contratar a una considerable proporción de mujeres inmigrantes. Las empresas subcontratadoras encuentran en estas mujeres a personas que llegan a España buscando una mejora de vida para los hijos que dejan atrás, en su país, a cargo de sus abuelas o de otros familiares. Se proyectan ahorrar en estos empleos alguna cantidad que les permita poder darles una educación a sus hijos o simplemente ofrecerles una vivienda más saludable o una calidad mínima de vida. Podríamos decir que esa doble opresión que hemos mencionado aquí se triplica: trabajadora, mujer e inmigrante. Saben que aceptarán peores condiciones, que consentirán mayores esfuerzos, pues su necesidad es más perentoria. De ese modo, la calidad laboral se deteriorará aún más, aumentando el ejército de reserva hacia sectores aún más desfavorecidos.
Si esto no bastara para señalar la necesidad de municipalizar estos servicios, queda aún una cuestión primordial. Los usuarios también saldrían beneficiados de una gestión pública, pues la calidad y cantidad de los servicios recibidos no sería una cuestión a manejar -y especular- por parte de las empresas privadas. Estas empresas privadas llegan a regatear horas y servicios a los usuarios, pues todo lo que no sea gastar el presupuesto significa para las compañías más beneficio.
Sindicatos señalan que en Andalucía la gestión del servicio sufre una «devaluación a pasos agigantados», con 564 días para resolver una solicitud. El plazo legal es de 6 meses, 180 días. Esta demora causó que en 2023 un total de 8.771 personas falleciera antes de poder cobrar la prestación en Andalucía y que en lo que va de año ya sean más de 1.000 fallecidas sin acceder a este derecho.
Como tratamos de resumir en la imagen de arriba, la comparación entre un servicio municipalizado (y controlado por las trabajadoras) frente a un servicio privado, muestra una vez analizado su verdadero rostro: al capitalismo nunca le va a interesar que una actividad tan lucrativa, aunque sea esencial, esté manejada por trabajadores.
Un SAD entendido como una cuestión esencial de la sociedad, y dentro de una lógica social en la que su producto es compartido por la comunidad, se convertiría en una fuente prioritaria de enormes beneficios sociales: crearía empleo, enriquecería el tejido social no sólo dando calidad de vida y dignidad a las personas dependientes sino aportando libertad a sus familiares, acabaría con la condena de las mujeres a soportar el rol de cuidadoras exclusivas, y además acabaría con la lista de esperas y las muertes sobrevenidas sin haber recibido la prestación.
Juzguen ustedes qué tipo de sociedad es la que permite, en cambio, que esto no se produzca, sino al revés, que se consienta el deterioro social, la pobreza y la indignidad, todo por aumentar el beneficio de unos cuantos miserables.
