Jordi Velasco, @jordivll
La Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida como la «Ley Mordaza», fue aprobada en 2015 por el gobierno de Mariano Rajoy (PP) en un contexto de intensas movilizaciones sociales. Desde su entrada en vigor, ha sido objeto de duras críticas por parte de organizaciones de derechos humanos, partidos políticos y activistas, quienes la han señalado como un mecanismo para restringir la protesta, la libertad de expresión y otros derechos fundamentales.
Casi una década después de su aprobación, la ley sigue en vigor, y aunque se han hecho intentos por reformarla, sus disposiciones más controvertidas aún no han sido eliminadas. Este artículo analiza en profundidad los orígenes de la ley, su impacto en la sociedad española, casos de personas afectadas y el estado actual de los intentos de reforma.
—
1. Origen y contexto de la Ley Mordaza
Para comprender la aprobación de esta ley, es necesario remontarse a los años previos a su entrada en vigor. En 2011, el movimiento 15M y otras protestas ciudadanas sacudieron España. La crisis económica, el desempleo y la desafección con el sistema político llevaron a miles de personas a tomar las calles en demanda de cambios.
El gobierno del PP, en respuesta a la creciente movilización social, comenzó a endurecer la legislación relacionada con el orden público. En 2013 se presentó el anteproyecto de la Ley de Seguridad Ciudadana, que rápidamente fue bautizada por la prensa y la oposición como «Ley Mordaza» debido a sus severas restricciones a la libertad de expresión y manifestación.
A pesar del rechazo de amplios sectores de la sociedad y de informes críticos de organismos internacionales como el Consejo de Europa y la ONU, el Partido Popular utilizó su mayoría absoluta en el Congreso para aprobar la ley en marzo de 2015.
Desde entonces, la norma ha sido utilizada de manera extensa para sancionar a manifestantes, activistas, periodistas y ciudadanos en situaciones cotidianas.
—
2. Aspectos más polémicos de la ley
La Ley de Seguridad Ciudadana introdujo una serie de sanciones administrativas que ampliaron el poder de las fuerzas de seguridad y limitaron el ejercicio de derechos fundamentales. Entre los puntos más controvertidos se encuentran:
a) Limitación del derecho a la protesta
Se sanciona con multas de hasta 600.000 euros la convocatoria de manifestaciones en infraestructuras consideradas críticas (como aeropuertos o centrales eléctricas).
Se establecen sanciones de hasta 600 euros para las manifestaciones no comunicadas previamente a las autoridades.
b) Desobediencia y resistencia a la autoridad
Se considera infracción grave la negativa a identificarse ante un agente, lo que ha sido utilizado para sancionar arbitrariamente a ciudadanos.
Se imponen multas elevadas por «desobediencia o resistencia a la autoridad», incluso en casos de protestas pacíficas.
c) Prohibición de grabar a la policía
La ley prohíbe la difusión de imágenes de agentes de policía si se considera que ponen en peligro su seguridad o la operación en curso.
Periodistas y activistas han sido sancionados por documentar actuaciones policiales, incluyendo casos de abuso de poder.
d) Otras sanciones controvertidas
Multas por falta de respeto a la autoridad (hasta 30.000 euros).
Penalización de la ocupación del espacio público con fines políticos o de protesta.
Multas por el uso de banderas no oficiales en edificios públicos.
Sanciones por la posesión o consumo de drogas en la vía pública (representando el mayor porcentaje de multas impuestas bajo la ley).
—
3. Impacto de la Ley Mordaza: Cifras y datos
Desde su entrada en vigor en 2015, la aplicación de la «Ley Mordaza» ha generado una gran cantidad de sanciones. Según los últimos informes oficiales:
284.512 sanciones se impusieron en 2023, lo que representa un aumento del 17% respecto al año anterior.
Entre 2015 y 2023, el Estado ha recaudado más de 1.300 millones de euros en multas impuestas bajo esta ley.
El 70% de las sanciones han estado relacionadas con el consumo o posesión de drogas en la vía pública.
Las multas por desobediencia y resistencia a la autoridad han aumentado significativamente en los últimos años.
Además, la aplicación de la ley ha tenido un impacto directo en la criminalización de la protesta y la represión de la disidencia política.
—
4. Casos emblemáticos de represión y prisión por la Ley Mordaza
Si bien la mayoría de las sanciones impuestas bajo esta ley han sido de carácter administrativo, también ha habido casos de personas que han acabado en prisión debido a su aplicación o a reformas penales complementarias.
a) Javitxu, encarcelado por participar en una protesta
Javitxu fue condenado a cuatro años y nueve meses de prisión por su participación en una protesta contra un mitin de VOX en Zaragoza en 2019. Según la sentencia, su conducta constituyó un «atentado contra la autoridad» y «desórdenes públicos», a pesar de que no se registraron daños graves ni violencia significativa.
Su caso ha sido denunciado por colectivos de derechos humanos como un ejemplo de la criminalización de la protesta pacífica en España.
b) Pablo Hasél y Valtònyc: la represión de la libertad de expresión
La aplicación de la «Ley Mordaza» ha estado acompañada de reformas en el Código Penal que han permitido condenas de prisión por expresiones en redes sociales o canciones.
El rapero Pablo Hasél fue encarcelado en 2021 por «enaltecimiento del terrorismo» e «injurias a la Corona» debido a sus letras y publicaciones en Twitter.
Por su parte, Valtònyc fue condenado a tres años y medio de prisión por letras que criticaban a la monarquía, lo que le obligó a exiliarse en Bélgica.
Estos casos han sido ampliamente criticados por organismos internacionales, que han advertido sobre la erosión de la libertad de expresión en España.
—
5. Intentos de reforma y situación actual
Desde 2019, el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos ha intentado reformar la «Ley Mordaza». Sin embargo, los avances han sido limitados debido a la falta de consenso político y la oposición de los sindicatos policiales.
En octubre de 2024, se presentó una nueva propuesta para modificar la ley, incluyendo cambios como:
Eliminar la prohibición de grabar a policías en acción.
Reducir las sanciones por desobediencia a la autoridad.
Limitar el uso de material antidisturbios, como las pelotas de goma.
Acortar los tiempos de retención en comisaría.
A pesar de estas propuestas, la derogación completa de la «Ley Mordaza» sigue sin concretarse, y su aplicación continúa generando controversia.
—
6. Conclusión
La «Ley Mordaza» ha sido una de las normativas más cuestionadas de la democracia española. Su aplicación ha servido para restringir derechos fundamentales, como la libertad de expresión y el derecho a la protesta, afectando a miles de ciudadanos.
Si bien los intentos de reforma han avanzado parcialmente, la ley sigue vigente en su mayor parte, y su derogación se mantiene como una demanda pendiente de la sociedad civil.
El futuro de esta norma dependerá de la presión ciudadana y de la capacidad del Gobierno para impulsar cambios legislativos que garanticen el respeto a los derechos fundamentales en España.
