Autora: Marta Sorlí i Fresquet
El punitivismo en las sociedades occidentales está más que aceptado y ampliamente practicado. De hecho, la tendencia es aumentar las penas punitivas, al menos en la actualidad. Aún no hace ni una década se incluyó en el código penal español la prisión permanente revisable, una ampliación de la pena máxima vigente hasta el momento que se aproxima, si cabe, a la cadena perpetua. Era una demanda social después de algunos crímenes brutales pero, al mismo tiempo, puntuales. A día de hoy ningún partido cuestiona ni hace bandera de la eliminación de esta pena del Código Penal, más bien se ha aceptado por la política y por la opinión pública.
El derecho punitivo se utiliza como respuesta social cuando hablamos de asesinatos, pero también cuando lo hacemos de robos o de accidentes de tráfico. Para reducir el consumo de alcohol al volante se aumentaron las penas económicas y privativas de libertad. Para controlar el consumo de tabaco, se limitaron los espacios y se establecieron penas económicas para quien transgrediera la legislación. Y ningún partido político levantó la bandera del antipunitivismo, de la reeducación social por encima de las penas impuestas en el ámbito administrativo o judicial.
Ya es, como poco, curioso que el antipunitivismo solo aflore en la política cuando se trata de poner penas por delitos contra las mujeres. Si hablamos de prostitución nos exigen dejar de lado las multas a proxenetas y puteros para centrarnos en las salidas profesionales para las mujeres explotadas. Antes poner el foco en los superpoderes de las mujeres para rehacerse de las situaciones de explotación que en los explotadores. Lo mismo pasó con la ley del «solo sí es sí», ante la reducción de penas flagrantes a los violadores se habló de la necesidad de abrir el melón del antipunitivismo y lo hizo el mismo partido que acababa de aprobar una ley de bienestar animal que aumentaba las penas por maltrato. Para los animales sí, para las mujeres no.
Pero, si lo analizamos, el patriarcado intrínseco a la utilización del antipunitivismo única y exclusivamente para rebajar las exigencias feministas va más allá. Al mismo tiempo que nos exigían a las feministas generosidad y misericordia con puteros, proxenetas y violadores, entre otros, se aprobaba una ley que impone penas por defender los postulados feministas. No podemos decir que el género es una construcción patriarcal y el sexo una descripción científica, no podemos definir a las mujeres como persona de sexo femenino sin exponernos a una multa por la ley trans. Si se trata de postulados feministas, ahí sí el punitivismo se aplica a la perfección para ponernos una mordaza patriarcal.
¿Qué podíamos esperar de un partido político fundado por cuatro hombres, que se autodefinían feministas, donde la mitad de la cúpula que lo fundó se encuentran señalados por acoso sexual? Entre tanto, la otra mitad de los fundadores se encuentran desaparecidos en combate y las dos mujeres que han asumido el precipicio de vidrio que supone hacer equilibrios para que este partido no corra la misma suerte que Ciudadanos, cuestionando cuál es la definición de mujer.
Apelar al antipunitivismo puede ser una salida hacia adelante, una manera de distraer la atención de lo realmente importante: nos están explotando, nos están violando, nos están maltratando y nos están asesinando. Pasa en todos los espacios públicos y privados, también en aquellos con nuevas masculinidades y pretendidos aliados que nos piden, de nuevo a las mujeres, una suerte de paciencia y generosidad para deconstruir la masculinidad a base de reeducación y no de código penal. Pero el trasfondo de esta situación es que, de nuevo, el patriarcado nos está pidiendo un paso hacia el lado en nuestras proclamas feministas. Los aliados y la nueva masculinidad, en definitiva, no dejan de ser una careta más para mantener la masculinidad vigente y abrir debates que puedan retrasar nuestros derechos.
