Capítulo XIV
Comisiones, mascarillas, Maseratis, Uber y el defraudador que se chocó con una cámara y dijo que fue una agresión. Parte 1
El recurso pendía de un hilo porque pasaba el tiempo y los diputados de Bildu no llegaban. Mientras, El Jefe y yo estábamos sentados en una especie de descansillo frente a la estancia en la que la gente de Unidas Podemos esperaba con los documentos en la mano y que a la vez, servía para unir dos pasillos contiguos. En la sala se podía sentir un silencio atronador y se respiraba un ambiente de tensión como pocas veces había vivido.
Aunque en ese momento sólo podíamos esperar revisando sin parar nuestros teléfonos móviles para calmar los nervios, de vez en cuando alguno de los dos se levantaba ante la atenta mirada del otro para echar un vistazo y comprobar si llegaba alguien. Yo que estaba bastante inquieto, quería seguir siendo optimista, pero conforme pasaban los minutos, mi preocupación aumentaba. El Jefe sin embargo, se encontraba bastante tranquilo y parecía muy confiado.
Tengo que reconocer que no sé de dónde saca siempre tanta entereza y es que pese a todos los años que lo llevo conociendo, es algo que me sorprende, pero por otra parte también es lógico, porque para tener que sentarte a negociar cara a cara con políticos que al final sólo miran por sus propios intereses, enfrentarte a representantes de Uber, Cabify o Bolt o de la patronal de los VTC lo cuales, pese a perder una vez y otra contra tí, te siguen menospreciando e intentan confrontar contigo públicamente para hacerse las víctimas, o atender a periodistas hostiles que sólo pretenden provocarte para tener carnaza que echar de comer a sus medios, o incluso aguantar a algunos coincidentes laborales que sólo intentan conseguir con el insulto y la mentira lo que no son capaces de alcanzar con su trabajo, hay que ser frío, calculador y procurar no perder los nervios.
Y es que los nervios nublan la mente y no permiten hacer pensar con claridad para poder encontrar esa calma con la que poder improvisar una solución rápida y efectiva para cada situación.
Finalmente, tras unos veinte minutos eternos llegaron los representantes políticos que estábamos esperando. Es curioso porque tras ese mal momento, todo sucedió tan rápido que cuando mi mente había procesado que acababan de llegar, ya casi estaban saliendo de la sala tras haber cumplido con su palabra. Los diputados de Bildu acababan de rubricar su apoyo a nuestro recurso de inconstitucionalidad contra Isabel Díaz Ayuso, lo que significaba que habíamos conseguido cumplir los requisitos legales para poder presentarlo, ya que eran los últimos que faltaban para llegar al número exigido.
De hecho, una vez abandonaron la sala tras la firma, se acercaron a saludarnos y creo que por sus expresiones hacia nosotros, se dieron cuenta de que todavía seguíamos muy nerviosos por la situación de tensión que estábamos viviendo, sobre todo después de todo el trabajo que habíamos hecho para poder conseguir el apoyo de los 55 diputados. Era una oportunidad que no podíamos desperdiciar y la estábamos tocando con los dedos. Además, era bastante irónico que gracias al taxi fueran todos esos partidos a los que la derecha acusa de querer romper España o directamente exija su ilegalización (aunque luego en ocasiones voten con ellos como en el caso de Junts) los que finalmente nos ayudaron a denunciar a Isabel Díaz Ayuso, demostrando tener más responsabilidad y más respeto por la Constitución que ella y su partido.
Empresas que como hemos demostrado, llevan años realizando una minuciosa ingeniería fiscal para evitar pagar impuestos en España por medio de paraísos fiscales, algo que tampoco sido un impedimento para la presidenta de la Comunidad de Madrid para seguir cumpliendo su objetivo de seguir desplazando a los taxistas en beneficio de Uber, Bolt, Cabify o Free Now o como decía, de adjudicarles a dedo contratos públicos incluso quitándoselos a los taxistas para darselos a empresas de VTC que lo realizan por un coste mucho más mayor. Otro escándalo más.
Porque da igual que sean los VTC o las mascarillas. No hay diferencia. Ni entre clínicas privadas o defraudadores confesos con peluca que van por ahí chocando con cámaras para victimizarse, cuando el objetivo es enriquecer a alguien de su entorno y mentir sistemáticamente para distraer la atención, parece que no hay nada que se le ponga por delante.
Fue un día para recordar en el que desde el primer minuto que empezamos a perfilar la presentación de recurso con Unidas Podemos en el Congreso hasta el momento en el que teníamos la confirmación de que la impugnación había llegado en plazo, estuvimos sufriendo y trabajando sin descanso y a contrarreloj. Un sacrificio que se convirtió en nuestra oportunidad de defender a los taxistas nuevamente contra los abusos del gobierno de la Comunidad de Madrid y de volver al redil tras las huelgas del 2018 para poder dar la batalla por todo lo que tanto nos había costado tanto conseguir y que el PP pretendía arrebatarnos.
Pese a que desde el primer minuto teníamos claro que lo íbamos a conseguir, según pasaba el tiempo y surgieron las complicaciones hizo que se convirtiera en un día de locos que podría haber acabado de cualquier forma, pero que finalmente y gracias al esfuerzo de todos, terminó de la mejor manera. Cada vez que lo recuerdo, creo que sólo por la gran labor que hicimos y todo lo que nos costó poder llegar a tiempo, merecíamos que saliera bien, por lo que sólo quedaba que la justicia pusiera a Ayuso en su sitio.
Pero vamos, como también se lo merecen los familiares de las 7.291 personas fallecidas en las residencias de la Comunidad de Madrid abandonadas durante la Pandemia, o los afectados y afectadas por la línea 7B de San Fernando de Henares a los que han despojado de sus hogares, o los sanitarios menospreciados por la presidenta sistemáticamente.
O como también se lo merecen las profesoras y los profesores a los que el gobierno de la Comunidad de Madrid no reconoce la gran labor que hacen, obligándoles a dar clases en condiciones precarias y con ratios por encima de lo establecido, o los vecinos y vecinas de todos esos barrios obreros que fueron encerrados durante la pandemia como si fueran ganado mientras que en los distritos de rentas más altas disfrutaban haciendo vida normal y saltándose la leyes sin restricciones, sin normas y sin consecuencias.
Además, por fin conseguimos poner la primera piedra de nuestra batalla legal contra el gobierno de Isabel Díaz Ayuso desde nuestra última victoria contra su antecesor, Garrido. Y todo por culpa de la obsesión del PP autonómico madrileño de esquivar a toda prisa la ley estatal con el fin de provocar la invasión de más de 9000 vehículos VTC ilegales en la capital que deberían de haber sido retirados de la circulación para trayectos urbanos a partir de octubre de 2022 tras una moratoria que, como he explicado anteriormente, pagaron los taxistas con su trabajo.
En este caso y para que se entienda, la causa de que los taxistas tuviéramos que llevar a Ayuso ante la justicia fue básicamente que la presidenta utilizase todo su poder sobre las instituciones públicas madrileñas para robar a los municipios las competencias que les otorgaba la Constitución para regular el tráfico cambiando la ley autonómica (la llamada “Ley Uber de Ayuso”). Un ataque que atentó frontalmente contra el futuro del sector y que únicamente atendía a la necesidad de permitir a Uber, a Cabify y a Bolt que sus miles de vehículos VTC que llevaban años operando de manera ilegal, siguieran suplantando a los taxistas sin ningún control y al margen de la ley.
No obstante, también se actuó a nivel municipal contra este atropello ya que los concejales de Podemos en localidades como Rivas o Getafe presentaron sendas mociones de censura contra la ley Uber de Ayuso, lo que además en mi caso acabó siendo uno de los motivos por los que me presenté como candidato a las últimas elecciones con la formación morada en la localidad ripense ya que creí que era urgente trabajar desde la política para devolver a los municipios la competencias que el PP les estaba quitando para beneficiar a unos pocos.
Pero por desgracia, para asegurarse de que la Ley Uber se pudiera aprobar lo antes posible, Ayuso con la ayuda de Vox ( que engañaron a los taxistas cambiando su voto a última hora ) acabó tramitandola por lectura única y sin régimen sancionador, o lo que es lo mismo, utilizando las instituciones públicas y los procesos que están reservados sólo para cuestiones de urgencia como arma de destrucción contra el taxi para los intereses de estas empresas, ya que cada día que pasaba estaba más cerca el fin de la moratoria del decreto del gobierno, lo que significaba que faltaba muy poco tiempo para que Ayuso tuviera que prohibir a los VTC realizar trayectos interurbanos por ser ilegales, por lo que tuvo que improvisar una solución que les permitiera seguir incumpliendo las normas.
En resumen, la presidenta usó todos los medios que tenía a su alcance para hacer desaparecer un servicio público con el fin de beneficiar a Uber, Bolt y Cabify.
Cabe mencionar también que tras investigar estos hechos, descubrimos que muchos de los directivos y dueños de las plataformas que se habían beneficiado con la aprobación de la ley de Ayuso, tenían unos fuertes vínculos con el PP, como por ejemplo uno de los responsables de Cabify que fue presidente de Nuevas Generaciones o el jefe de relaciones institucionales de Uber que fue Senador por el mismo PP en el Congreso de los diputados.
Pero lo que más y peor olía de todo este asunto era el hecho de que el mismísimo presidente de la patronal de los VTC, la entidad que representa los intereses de las empresas que se han visto favorecidas por esta ley y por la adjudicación de contratos públicos, también fue miembro del PP, llegando a ser concejal, diputado autonómico e incluso candidato a las elecciones de la Comunidad de Madrid en la misma lista electoral que Ayuso. La patronal que agrupa a unas pocas personas propietarias de miles de de vehículos VTC y que tras la aprobación de la ley Uber de Ayuso, han visto como el precio de sus autorizaciones se han disparado llegando a costar casi 200000 euros cuando antes de la aprobación de la norma del PP, practicamente valían menos que el papel en el que estaban impresas.
En consecuencia, la ley Uber de Ayuso supuso una puñalada al corazón del sector que cortó de raíz una vez más todas las esperanzas para que se hiciera justicia con los miles de trabajadores y trabajadoras del taxi y de sus familias a la vez que tiró por tierra su sacrificio, y todo ese sufrimiento producido en los últimos años de protestas, paros y hasta cuando los tribunales les dieron la razón de forma reiterada.
En cuanto a la denuncia ante el Constitucional, el tribunal acabó desestimando nuestro recurso mediante una resolución de la que casualmente fue ponente una magistrada afín al PP, tal como señalaron medios como Público. Es lo que tiene controlar el poder y controlar las instituciones. No tengo pruebas, pero tampoco dudas.
No obstante, tras revisar la sentencia si hay algo claro es que Ayuso tuvo en sus manos el poder para hacer cumplir la ley y hacer justicia con los taxistas tras años de acoso pero eligió darles la puntilla para beneficiar a Uber, a Cabify, a Bolt y a su compañero de partido. Tampoco se podía esperar menos, por otra parte.
Esta es la historia de una lucha que pudo ser y no fué, o más bien, de otra victoria que nos debe la justicia porque nos la arrebataron. Pero bueno, con este hecho se demuestra una vez más que realmente es desde las instituciones como se cambian las cosas en este país, ya sea para bien o ya sea para los intereses de Uber y Cabify como hizo Ayuso. Y eso se gana leyendo, haciendo pedagogía a una sociedad cada día más desclasada, trabajando en la calle y sobre todo, votando en la urnas.
De todas formas, nosotros y nosotras desde el taxi vamos a seguir trabajando. Una sentencia no nos va a hacer retroceder por muy traumático sea el golpe
