Capítulo III
Si se me permite me gustaría hacer un inciso para poder explicar un concepto que creo que es de vital importancia para poder entender la lucha de los taxistas y por extensión, una buena parte de este relato ya que históricamente ha habido mucha discusión sobre este tema. En este caso se trata de la proporción 1/30, una medida que establecía que en cada comunidad autónoma se debía cumplir la proporción de que tenía que haber 1 VTC por cada 30 taxis. Esta norma fue durante mucho tiempo el pilar en el que se estuvieron sosteniendo las reivindicaciones de los taxistas ya que al tratarse de una ley que lógicamente debía cumplirse, dotaba de una total validez a sus argumentos frente a los ataques de Uber, de Cabify y de la CNMC, hasta el punto de que la instancia más alta a nivel judicial del país ratificó su necesidad y su importancia al rechazar el recurso del «Super regulador» a favor del taxi y del interés general. Es por ello que esta norma nunca estuvo exenta de polémica por culpa de la desinformación de algunos medios los cuales, sabiendo que se trataba de una medida legal que se redactó para evitar el peligro que suponían las plataformas, se dedicaron a publicar decenas de artículos totalmente sesgados y tendenciosos para desdibujarla y hacerla parecer escrita directamente por los taxistas a los que se les acusaba de algo tan estúpido como de querer mantener lo que consideraban que eran “privilegios” (cómo le gusta utilizar este recurso a Uber…) en lugar de lo que eran el realidad: una serie de normas para evitar que nuestras calles se convirtieran en una auténtica jungla con miles y miles de vehículos de Uber y de Cabify circulando sin ningún control.
Lógicamente el 1/30 a diferencia de lo que siempre han vendido tanto Uber como Cabify a través de sus medios afines, no es ni una invención de los taxistas ni se trata de una medida creada de algún modo para favorecerlos, simplemente es un precepto parte de una ley que se implementó totalmente fundamentada y ajustada a un encaje legal específico para que pudieran seguir atendiendo la necesidad de transporte de cualquier ciudadano o ciudadana al ser un servicio público mientras que se evitaba un problema muy grave de movilidad y de congestión ante el inminente aumento sin control del número de vehículos privados de transporte dedicados a realizar otro tipo de servicio totalmente distinto al del taxi. (Sí, efectivamente, el sector del VTC es un segmento dedicado a un tipo de servicio diferente al taxi, no es un servicio público, es un servicio discrecional y privado, otra cosa es que hayan estado suplantando a los taxistas para hacerlos desaparecer con la entrada de las plataformas).
Además, la proporción de 1 VTC por cada 30 taxis también estaba justificada por el hecho de que según la Ordenanza, el número de taxis de cada ciudad se establecía ajustándose al número de habitantes, por lo que la entrada de estos vehículos sin ningún tipo de medida suponía un desequilibrio que podría generar un peligro muy grave. De ahí también la importancia de establecer esta proporción para prevenir el problema en este aspecto.
Y ya está, no tiene tampoco tanto misterio. No se trata ni de prohibir, ni de limitar, ni de restringir, ni de evitar que los demás no puedan trabajar, ni de un maquiavélico plan de los malvados taxistas, ni de cualquiera de todas estas mentiras y muchas otras que se dedicaron a lanzar ciertos de medios teledirigidos por las plataformas para intentar tumbar la ley influyendo en la opinión pública.
Es que estamos hablando de algo tan lógico y tan básico como es la necesidad de establecer un equilibrio entre el número de vehículos que hay circulando de manera permanente en una una ciudad con la particularidad de ocupar un espacio muy importante en sus calles que también debe compartir con otros actores.
Volviendo a la ratio de 1 VTC por cada 30 taxis, como parece que a diferencia de los políticos y de los medios, somos los únicos que nos hemos tomado la molestia de explicar en qué consiste y pocas veces nos han escuchado, voy a hacer una breve cronología para que se pueda entender esta cuestión:
En el año 1998 con la entrada de los VTC se determina que tiene que haber 1 VTC por cada 30 taxis por cuestiones de ordenación territorial, de sostenibilidad y para que no hubiera un desajuste entre la oferta y la demanda, algo que parece que estas empresas nunca han entendido dado que su mayor obsesión siempre ha sido invadir las carreteras de nuestras ciudades con sus miles de VTC como si los demás servicios no existieran.
Posteriormente en 2006 el Parlamento europeo aprueba la llamada directiva “Bolkestein” (directiva 123/2006), una norma por la cual se obliga a los diferentes estados de la Unión a tomar medidas para proteger a ciertos sectores como el del taxi por su importancia para el interés general y en previsión al riesgo que había de que empresas como Uber, con todo el poder que tenían detrás, pudieran llegar a canibalizar el servicio. Para hacerse una idea, estamos hablando de que todas estas plataformas al final son multinacionales enormes con un capital ilimitado y unos inversores detrás poderosísimos como fondos buitres, empresas tecnológicas punteras o incluso estados enteros lo cuales, sólo buscan rentabilizar las cantidades ingentes de dinero que han estado invirtiendo durante años para poder apoderarse de un mercado tan importante como es el del transporte de pasajeros, en este caso de España.
Unos pocos años después de la aprobación de esta directiva, algunas personas que por aquel entonces eran cargos directivos de la principal organización de taxistas en ese momento empezaron a disponer de información privilegiada sobre los VTC que acabaron utilizando para llenarse los bolsillos a costa de crear un servicio paralelo al taxi, de tal modo que al saber que las autorizaciones de este tipo de vehículos se podían otorgar prácticamente gratis, se dedicaron a acumular permisos de este tipo para crear grandes flotas con cientos de coches trabajando las 24 horas para Uber o Cabify ya que a diferencia del taxi, no tenían ningún control de horarios, lo que provocó por una parte la suplantación del servicio del taxi a través de estos VTC pese a que como indicaba, estaban (y están) dedicados a prestar otro tipo de transporte totalmente diferente y por otra que los mismos VTC fueran adquiriendo valor, lo que utilizarían para crear un mercado secundario con el fin de ganar dinero especulando con estas autorizaciones. Y todo mientras aseguraban a los taxistas que los VTC no suponían ningún peligro para el sector.
Pero había un escollo muy importante ya que según la ley no podía haber más de 1 VTC por cada 30 taxis, lo que frenaba todas las ansias de estos especuladores de ganar dinero a raudales por lo que el siguiente paso sería cambiar esta ley o directamente derogarla ¿Y cómo se tumba una ley establecida con un encaje legal sin que nadie se entere mucho y de la forma más rápida para que luego sea complicado volver atrás? Pues mediante la política, ya que estas personas eran la voz de los taxistas ante el gobierno y como al gobierno le daba igual, simplemente se dedicó a ejecutar lo que pidieron en base a sus intereses haciendo saltar por los aires el ratio legal de 1 VTC por cada 30 taxis y liberalizando estos vehículos sin hacer muchas preguntas. Y todo para poder lavarse las manos si había algún problema con el fin de justificarse si fuera necesario remitiéndose al hecho de que al final hicieron todo lo que les pidieron, como sucedió también con el ninguneo por parte de algunas Comunidades Autónomas a su Decreto Ábalos.
Desgraciadamente, para cuando el resto de taxistas se dieron cuenta de todo el engaño ya era demasiado tarde dado que en ese momento ya habían conseguido colar miles de estos vehículos que deberían de haberse prohibido por ser ilegales, lo que provocó exigieran al gobierno volver a poner orden entre los sectores estableciendo nuevamente el ratio de 1 VTC por cada 30 taxis. Esto generó otra guerra mediática contra el sector del taxi por parte de los medios movidos por los hilos de Uber y Cabify, ya que por aquella época y por desgracia, éstas plataformas ya habían entrado en escena para poder hacerse con el control del sector. Además, según los Uber Files (y aunque no se hubiera desvelado era muy evidente) también utilizaron a la CNMC para hacer llegar a la gente el mensaje de que los taxistas eran un gremio de personas violentas, en contra de la tecnología y de lo que consideraban que era «la evolución» y además contaban con el «poder» para obligar al gobierno crear leyes a su medida con el fin de seguir «especulando» con sus licencias de taxi y mantener un «monopolio» que llevaban controlando desde hacía años.
Es decir, los medios acusaban a los taxistas de lo que en realidad hacía Uber y Cabify y además mostrándoles ante la opinión pública como si fueran las víctimas por intentar impedirles operar con vehículos ilegales, lo que demuestra algo tan absurdo como que éstas plataformas tienen un modelo de negocio tan dañino, que incluso lo pueden utilizar para mentir sobre el taxi con el fin de denigrar su imagen y generar rechazo. No tienen que buscar en otro lado.
¿De verdad alguien con dos dedos de frente cree que un simple grupo de trabajadores y trabajadoras tienen más poder que todo el gobierno de la nación para someter a unas corporaciones gigantescas que disponen de muchísimas influencias tanto en política como en los medios y que cuentan con dinero ilimitado?
Pues no, ya os digo yo que no. Es más, los de presionar para cambiar leyes y ajustarlas a sus propios intereses no somos precisamente los taxistas. De hecho eso es más cosa de Uber y no sólo en la época de los Uber Files como se desveló, sino que a día de hoy seguimos viendo como aprietan las tuercas a muchas administraciones cuando quieren algo o en algunos casos directamente ni eso, como ha sucedido en Madrid con la famosa ley Uber, una norma a medida de los intereses del gigante de Silicon Valley aprobada por el gobierno del PP de una forma tan escandalosa y esperpéntica, que los taxistas se enteraron por un acto promocional de Uber en el que la presidenta Isabel Díaz Ayuso participaba haciendo prácticamente de comercial de la aplicación con sede en un paraíso fiscal.
Volviendo a la historia del 1/30, por desgracia y pese a las peticiones de los taxistas no es fue hasta el año 2015 (es decir seis años más tarde) cuando el gobierno de M.Rajoy volvió establecer la proporción de 1 VTC por cada 30 taxis, lo que provocó que durante todo ese tiempo se siguieran colando más y más vehículos de Uber y de Cabify ilícitamente, sin ningún tipo de control y por la puerta de atrás. Seis largos años en los que se otorgaron miles de vehículos VTC de manera ilegal por parte de un PP que movido por los intereses de todos aquellos que consiguieron engañar al sector abusando de su confianza, se dedicaron a dar largas a los taxistas que reclamaban poder frenar toda esta sangría volviendo a aplicar la proporción, lo que en consecuencia de esta inacción interesada de M.Rajoy se generó un daño irreparable.
Un daño que se había estado intentando evitar desde el principio y que al final, acabó afectando tanto a los mismos taxistas como a la movilidad de las principales ciudades del país ya que por ejemplo, si en Madrid por ley deberían haber 500 vehículos VTC ajustándose a la ley en ese momento ya habían más de 6000 y subiendo por culpa de lo que permitió el gobierno. Algo que se repetiria en las ciudades más grandes de todo el estado como Barcelona, Valencia, Sevilla o Málaga, donde el perjuicio era ya muy evidente desde hacía tiempo.
De hecho, como ya he explicado en capítulos anteriores, pese a que posteriormente se elevó el 1/30 a rango de ley, todavía se pudieron seguir adjudicando todas aquellas autorizaciones que fueron solicitadas antes de su aprobación, muchas de ellas en este período de impunidad para todas estás plataformas.
Resumiendo, una norma que se creó para evitar que cualquier gigante de las VTC pudiera engullir a un servicio público con el propósito de quedarse con todo el mercado, fue utilizada por los diferentes gobiernos como moneda de cambio, tanto para atender las exigencias de los propietarios de las flotas de estos vehículos que trabajaban para Uber o Cabify, como para engañar a los taxistas e intentar calmar sus ánimos en momentos de crisis o en campaña electoral mientras la iban retrasando intencionadamente y de manera indefinida con el objetivo de seguir manteniendo abierta una puerta de atrás, un vacío legal por el que pudieran entrar prácticamente a escondidas, miles y miles de vehículos VTC ilegales.
Por suerte, varios años después como consecuencia de la victoria de los taxistas contra la CNMC en su intento de tumbar lo que quedaba del 1/30, se produjo una de las mayores huelgas del sector, en la que con la sentencia en mano, los taxistas reclamaron al gobierno del PSOE de Pedro Sanchez (con la ayuda de Podemos) que redactase una nueva norma para que se volviera a conseguir el equilibrio que se perdió durante todos los años anteriores entre taxis y VTC. De estas protestas salió el llamado “Decreto Ábalos”, una medida enfocada en arreglar todo este desastre haciendo que las comunidades autónomas tuvieran las herramientas necesarias para poder ajustar la proporción entre VTC y taxis en sus ciudades con el fin de arreglar todo el daño que se había causado. Una ley que según el gobierno, “era imposible de tumbar” por su impecable encaje legal, pero que a la primera de cambio fue esquivada por una Ayuso totalmente desatada y obsesionada por favorecer a Uber, a Bolt, a Cabify y hasta a Free Now.
Para finalizar, pese a que gran parte de la lucha del taxi se ha centrado durante años en la defensa del 1/30, a día de hoy y tras muchas batallas legales la medida ya no está vigente, habiendo sido sustituida por otras normas que en mi opinión, bien ejecutadas pueden ajustarse a las nuevas realidades de la movilidad, pero que no hubieran sido posibles sin la resistencia férrea de los taxistas para defender que en cada ciudad, debía de haber 1 VTC por cada 30 taxis, tal y como establecía la ley. No obstante, soy consciente de que hay muchos sectores del taxi que no ven esto como yo, considerando de manera muy respetable que perder esta norma ha sido una derrota y que pese a que ahora tenemos la posibilidad de poder retirar vehículos VTC con criterios objetivos, volvemos a lo de siempre: todo depende de la política.
